Estupefacción e indignación. Esas son las sensaciones que por estos días priman en la opinión pública colombiana ante escándalos de corrupción y desgreño administrativo sin antecedentes. Escándalos que no sólo implican hechos abiertamente ilegales como sobornos y amaños de contratos, sino que, además, ponen de presente errores garrafales en el manejo de obras públicas de gran calado o que, incluso, dejan al Estado ante el riesgo de demandas multimillonarias que, de perderse, terminarán siendo pagadas por el bolsillo de todos los colombianos. Y escándalos que, ya sea por acción u omisión de los agentes estatales, siempre tienden a dejar como sus principales víctimas a elementos fundamentales de la política pública como lo son la legalidad, la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional que, a su turno, constituyen la base insustituible de la capacidad de una Nación para atraer y mantener los flujos de inversión pública y privada en sus programas y prioridades políticas, sociales y económicas más importantes.
Sería de extrema ingenuidad negar el impacto que en materia de seguridad jurídica de las inversiones presentes y futuras tendrá el escándalo por los sobrecostos multimillonarios en la construcción y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena, que esta semana dio lugar a la apertura de procesos de averiguación por daño fiscal por 17 billones de pesos contra ministros, exministros, dirigentes y exdirigentes de Ecopetrol y la propia Reficar, así como contratistas.
Aunque corresponderá a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría establecer las responsabilidades puntuales en este billonario descalabro, resulta difícil para muchos inversionistas locales y foráneos entender algunas de las decisiones sobre Reficar. Por ejemplo, crecen las dudas en torno a por qué si a mitad del proyecto ya eran evidentes las falencias en materia contractual y de sobrecostos, se decidió seguir adelante con la obra bajo la tesis de que se perdía más paralizándola y lo mejor era culminarla para, allí sí, interponer una demanda contra la empresa constructora con el objetivo de recuperar una parte de los 4.000 millones de dólares de valor adicional. La causa judicial contra la empresa CBI efectivamente ya se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional pero sólo en uno o dos años habrá un fallo. Aunque Ecopetrol aspira a ganar el pleito, no será fácil, hay que ser realistas.
Lo ocurrido con la multinacional Odebrecht en Colombia no resulta menos lesivo para la llamada confianza inversionista. Las confesiones de la multinacional en Estados Unidos ponen de presente que estructuró toda una política de sobornos en cada país para hacerse a contratos de obras públicas. Una política que, en el nuestro, le dio frutos en procesos de licitaciones de proyectos de infraestructura muy importantes, en donde a punta de coimas y otras prácticas corruptas le ganaron a consorcios locales y foráneos que jugaron limpio. ¿Cuántos inversionistas extranjeros estarán dispuestos ahora a destinar capitales y estructurar propuestas para licitaciones de obras en Colombia ante semejante evidencia del caso Odebrecht, que día tras día desvela cómo sus tentáculos no sólo llegaron a las oficinas y altos funcionarios encargados de diseñar y entregar los contratos, sino que también infiltraron las campañas presidenciales en pos de relaciones non sanctas?
Un caso distinto pero que también tiene un efecto negativo en la atracción de inversión extranjera a Colombia, es el relativo a Electricaribe, la empresa de capital ibérico intervenida tiempo atrás pero a la que ayer se le determinó su liquidación luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos encontrará que no está en condiciones de prestar el servicio con calidad y continuidad. Desde hace muchos meses e incluso años que las autoridades, dirigencia y ciudadanía de la costa Caribe habían advertido esa falencia, pero sólo hasta ahora se vinieron a tomar medidas de fondo. Sin embargo, es claro que se viene un nuevo pleito internacional por este caso, que no sólo será interpuesto por la matriz española sino que contará con el apoyo de ese gobierno europeo.
Como se ve, cada uno de los casos ya referenciados, aunque distintos en sus orígenes y ámbitos de afectación, tienen un coletazo sobre la capacidad de atraer inversión de largo plazo en Colombia. Los pleitos por Reficar y Electricaribe hay que ganarlos, no solo para proteger el erario de ruinosos y millonarios fallos en contra, sino porque en ambos procesos está en juego la seguridad jurídica y la fortaleza institucional de nuestro Estado. Igual pasa con Odebrecht, cuya telaraña de corrupción tiene que ser completamente descubierta y judicializada, sentando ejemplar y drástico precedente, caiga quien caiga.