Cuando el próximo 29 de marzo el Reino Unido notifique oficialmente a la Unión Europea de su decisión de activar el artículo 50 del tratado fundacional de Lisboa, la accidentada relación de 43 años de Inglaterra con el bloque multinacional del viejo continente entrará en una inapelable cuenta regresiva que debe terminar, como máximo, en dos años.
La activación de ese divorcio fue ordenada por el referendo votado por los británicos el 23 de junio del año pasado, en el cual el 52 por ciento de los asistentes a las urnas apoyaron el llamado “Brexit”, imponiéndose al 48 por ciento partidario de seguir en el bloque comunitario.
La histórica decisión, como se recuerda, tuvo impactos políticos internos inmediatos, como la renuncia del primer ministro David Cameron, quien no sólo había convocado el referendo sino que promovió la opción de seguir en la Unión Europea. En su reemplazo el Parlamento, dominado por la coalición conservadora, escogió a la entonces ministra de Interior, Theresa May, con el mandato prioritario de concretar lo más rápido posible el dictamen popular del “Brexit” y negociar una separación ordenada y lo menos caótica posible en materia política, diplomática, económica, migratoria, comercial, educativa, laboral, sanitaria, de defensa, institucional, financiera… En fin, un proceso bastante dispendioso y complejo toda vez que han sido 43 años de integración comunitaria, por más que las autoridades británicas no hayan adoptado algunas de las plataformas base de la Unión Europea como la moneda única o la unificación migratoria, entre otras.
Aunque algunos sectores ingleses trataron de impulsar la peregrina idea de un contra-referendo, May, quien designó en su gabinete a varios de los más connotados líderes del “Brexit”, se aplicó desde entonces a sentar las bases de esa negociación, a tal punto que en octubre ya anunciaba que a finales del primer trimestre de 2018 se activaría oficialmente el mecanismo formal para abandonar la UE, al amparo del mencionado artículo 50.
Sin embargo, todo pareció empezar a complicarse en noviembre con una decisión judicial que, de manera por demás controvertida, indicó que el Gobierno debía tener previa aprobación parlamentaria para iniciar las negociaciones del divorcio institucional con el bloque multinacional. En medio de un alud de alertas sobre el riesgo de desconocer un mandato ciudadano en las urnas y la apelación de ese primer fallo, el Ejecutivo dispuso el trámite de tal ley que, finalmente, fue aprobada hace menos de dos semanas, despejando así el camino para el desligue de Londres y Bruselas, que se activará este 29 de marzo. La norma es tan determinante que incluso se eliminó un condicionante para que el acuerdo de ‘divorcio’ tuviera que ser sometido luego a ratificación parlamentaria. En otras palabras, lo que ahora viene es la última y definitiva instancia del “Brexit”.
Como se dijo, no es una negociación fácil ni automática. Sería ingenuo negar que desde varias naciones e instancias europeas haya afán de romper cobijas con los británicos, bajo la tesis de que los costos político, económico, social e institucional para estos últimos serán muy altos y ni su gobierno como tampoco su población pareciera consciente todavía de ello. Citan, por ejemplo, no sólo la renovada causa independentista escocesa y el alto descontento en Irlanda del Norte, sino que desde la votación del referendo la libra esterlina perdió más de un 15 por ciento de cotización frente al euro y el dólar. Londres, a su turno, considera que hay exageración y fatalismo premeditado en los cálculos sobre el costo de la separación. Insiste, eso sí, en que el divorcio no tiene por qué ser traumático y que en muchos aspectos se pueden reemplazar los pactos comunitarios con acuerdos puntuales bilaterales o medidas de corte temporal, mientras se confeccionan tratados de doble vía permanentes.
¿Podrá encontrarse ese punto medio? Esa es la pregunta que hoy se hacen tanto en Londres como en Bruselas. Por el tono de algunas declaraciones y trinos de líderes de lado y lado, no pocas veces en tono desafiante y exteriorizando demasiado lo hartos que están los unos de los otros, pareciera que las tratativas serán altisonantes. Pero, al decir de la mayoría de los analistas, ya en las mesas de negociación la cuestión será más objetiva y racional. Es claro que además de cuantificar divisas, impuestos, plusvalías y sopesar lo que se gana y pierde en materia de subvenciones, beneficios y contribuciones comunitarias, hay un impacto en la gente, en ese “ciudadano europeo” madurado a lo largo de cuatro décadas, que requiere ser analizado de manera más cuidadosa, con variables distintas y, si se quiere, flexibilidades subjetivas. Como bien dijo un pensador del viejo continente: en los divorcios de matrimonios de larga data una cosa es dividir bienes y deudas, y otra muy distinta ‘pelearse’ por los hijos, que siempre serán hermanos.