Los predios rurales de propiedad de la nación o baldíos ubicados en un perímetro no inferior a los 250 metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de exploración y explotación de recursos naturales, en los cuales los ocupantes tengan derecho de dominio, posesión o tenencia de la tierra con fines sociales y productivos, podrán ser adjudicados. Así lo determina un proyecto de ley que busca formalizar a los campesinos la titularidad de estos terrenos.

El autor de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Orlando Guerra de la Rosa, explicó que permitiría remediar un problema que se presenta, pues hay muchos campesinos en diferentes regiones del país que por años han habitado y trabajado tierras en las que el Estado no ha formalizado la propiedad de los terrenos, ya que la actual legislación solo permite su formalización a partir de 2.500 metros alrededor de una explotación minera o petrolera.

“Esta situación afecta sensiblemente a este grupo poblacional, que durante mucho tiempo ha tenido el sueño de ser propietario de dichos predios pero que por el ordenamiento legal no lo puede hacer”, explicó el representante a la Cámara por el departamento del Putumayo.

Llama la atención que en un momento en que gana terreno en algunas regiones la tendencia de la población a no querer explotaciones mineras en su zona para evitar la afectación del medio ambiente, como lo manifestaron el pasado domingo los habitantes del municipio de Cajamarca (Tolima); otros que habitan terrenos de la Nación y baldíos se podrían beneficiar con la titularidad de tierras precisamente por estar cerca a estas explotaciones.

Se trata del proyecto de ley número 206 de 2016 Cámara o 124 de 2016 Senado, el cual ya superó su trámite en la Cámara de Representantes y cuenta con ponencia positiva para su discusión en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado de la República.

El parlamentario Guerra de la Rosa indica que esta disposición facilitará el deber del Estado de brindarles la posibilidad a estos colombianos de acceder a la propiedad de la tierra y con ello recibir los beneficios derivados de dicha acción.

“Hoy, debido a la falta de títulos de propiedad, muchas de estas personas no han podido siquiera iniciar una vida crediticia y sus terrenos no les permiten garantizar préstamos ante entidades bancarias, frustrando su intención de mejorar la producción de sus suelos e incrementar sus ingresos familiares y de negocios”, explicó el Representante  a la Cámara por el Partido Conservador.

Añadió que en razón a la ausencia de los documentos que los acrediten como propietarios del bien, en muchas ocasiones, cientos de campesinos afectados con acciones del Estado, como en el caso de fumigaciones con glifosato, no han podido hacer las reclamaciones y posteriores indemnizaciones a que tendrían derecho, por no cumplir con ese requisito que la norma exige para subsanar esa falla en el deber de algunos funcionarios.

La propuesta

La iniciativa de ley establece que no serán adjudicables los predios rurales de propiedad de la nación y los terrenos baldíos situados dentro de un radio de 250 metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por estos, materiales fósiles útiles y aprovechables económicamente presentes en el suelo y el subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas tomando como punto para contar la distancia la boca de la mina y el punto de explotación petrolera.

Tampoco podrán ser adjudicados los terrenos situados en colindancia a carreteras del sistema vial nacional, según las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión.

Señala también la iniciativa de ley que los predios rurales de propiedad de la nación y los terrenos baldíos serán adjudicados exclusivamente a pobladores rurales que tengan derecho de dominio, posesión o tenencia de la tierra con fines sociales y productivos.