La contienda desigual del plebiscito | El Nuevo Siglo
Domingo, 12 de Marzo de 2017

La campaña electoral que antecedió al plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz, que se votó el 2 de octubre, dando como resultado el triunfo de la opción del No, estuvo llena de muchas irregularidades que fueron ampliamente denunciadas en su momento sin que desde el Gobierno o las autoridades del ramo se tomaran los correctivos procedentes. Y aun así, en medio de esa contienda desigual, los sectores que llamaron a la ciudadanía a denegar el pacto entre el Ejecutivo y las Farc, con el fin de proceder luego al ajuste de aspectos clave como el sistema de justicia transicional, lograron imponerse en las urnas, pese a que todas las encuestas daban por ganadora la opción del Sí con un amplio margen.

Pero ese dictamen popular, que se suponía vinculante y obligatorio para el Gobierno, pero no así para las otras ramas del poder público, terminó siendo deslegitimado. Se abrió un diálogo nacional en el que los sectores del Sí y el No se sentaron para establecer los puntos que debían ser renegociados en La Habana. Ese proceso se cumplió a medias, y cuando los sectores críticos del acuerdo esperaban que la Mesa acogiera la mayoría de sus propuestas, de un momento a otro se informó desde Cuba que las partes habían logrado un nuevo pacto, incluyendo sólo algunos pocos correctivos y que este ya era definitivo. Y como si lo anterior fuera poco, la Casa de Nariño y sus mayorías parlamentarias pusieron sobre la mesa la inédita tesis de que el Congreso era también una instancia de refrendación del pacto con la guerrilla, desconociendo así el pronunciamiento popular de semanas atrás. Contra viento y marea, y desechando las protestas de múltiples sectores sobre la imposibilidad de reemplazar la democracia directa y participativa por la indirecta y representativa, el acuerdo fue aprobado por las mayorías oficialistas, incluso con la no menos controvertida anuencia de la Corte Constitucional.

Este recorrido de las circunstancias del antes y el después de la votación del plebiscito es necesario para entender la gravedad de lo concluido por la  Misión de Veeduría Electoral de la OEA que vino a país en septiembre y octubre para vigilar esa cita en las urnas y cuyas conclusiones se dieron a conocer al finalizar la semana.

Los delegados de la OEA advierten que pese a la premura del tiempo y la corta campaña, la organización electoral pudo cumplir con la logística de la jornada democrática, pero hubo fallas como la tardanza en acreditar los testigos electorales y un ataque a la página de la Registraduría días antes de la cita en las urnas. También llamó la atención porque no se  reabrió el censo electoral para recibir nuevas inscripciones o aceptar cambios de domicilio.

Para la Misión de la OEA otro de los aspectos controvertidos es que no hubo financiamiento público directo para los comités de campaña de las opciones del Sí y el No, por lo que estas dependieron casi exclusivamente de fondos privados. Según los observadores, por regla general, este aspecto “desnivela la competencia electoral a favor de quien logra o tiene mayor capacidad financiera”. Ese desnivel, según las conclusiones, “se profundizó en esta ocasión al existir topes de gasto por comité de campaña, y no por cada opción como expresión singular. Así, al existir una proporción superior de 10 a 1 entre los comités inscritos por el Sí y los inscritos por el No, los gastos permitidos para la primera fueron ampliamente superiores a los de la opción No”.

También encontró la Misión que hubo tardanza en la asignación de los espacios radiales y televisivos. Para la OEA igualmente fue claro que “había una comprensión sobre los acuerdos y los contenidos generales del mismo, pero un grado alto de desinformación sobre la especificidad, y en particular sobre los efectos concretos que conllevaría la victoria del Sí o la del No”. Una falencia que se vio exacerbada por una campaña por momentos agresiva y polarizada.

Incluso la Misión de la OEA también recalca que los sectores del No denunciaron desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación, presión indebida y utilización de recursos públicos para favorecer la opción del Sí, así como la ausencia de pedagogía ordenada por la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostienen los observadores, algunos criticaron la redacción de la pregunta por no cumplir con estándares de objetividad y con los lineamientos definidos en la sentencia del alto tribunal.

En medio de un ambiente político polarizado, muchas de las denuncias hechas en su momento por los promotores del No fueron desestimadas por el Ejecutivo y sus mayorías, tachadas incluso como ‘pataleos’ proselitistas propios de la campaña. Sin embargo, ahora que es la Misión de la OEA la que afirma que “apreció un desbalance tanto en el acceso a medios de comunicación como al financiamiento político-electoral a favor de la opción del Sí”, es claro que el Gobierno no puede responder de la misma manera. Menos puede menospreciar o catalogar de parcializados los criterios con que el principal ente del continente confirma que hubo elementos nocivos que afectaron este mecanismo de participación popular. No en pocas ocasiones advertimos desde estas páginas que la forma en que los del Sí atropellaban las garantías democráticas tarde o temprano quedaría al descubierto y se afectaría no sólo la legitimidad del acuerdo de paz y su proceso de refrendación e implementación, sino el prestigio y transparencia de la que es considerada como la democracia más antigua de América. Lastimosamente así terminó pasando.