Hace pocos días nos enteramos por los medios sobre la acción de un conductor del SITP, calificada como imprudente por muchos, que al percatarse de un inminente atraco en su recorrido intentó defenderse con un arma de fuego propia, con tan mala suerte, que terminó hiriendo levemente a un menor de edad ajeno a lo ocurrido.
En relación con la historia, ocurrida a mala hora y con lamentable resultado, el Presidente del sindicato de los conductores del SITP manifestó en defensa del conductor que, ante la zozobra constante a quienes desarrollan su trabajo, más del 80% de los conductores trabajaban armados, utilizando toda clase de instrumentos de defensa personal, incluyendo revólveres y contundentes garrotes.
Para defender su argumento, el dirigente sindical manifestó que, en vista que las autoridades no les brindaban protección, ellos tienen el derecho legítimo de procurarse su propia seguridad, entre otras cosas porque estaban seguros que la Policía (aunque quisiera) era incapaz de protegerlos por no tener suficiente pie de fuerza.
Después de esa declaración el Alcalde, como era de esperarse, descalificó el proceder de los conductores, alegando que no podían actuar de tal forma ya que eran las autoridades las obligadas a brindar seguridad, no solo para los conductores sino para los usuarios. Sin embargo, es claro que en un escenario de inseguridad tan agobiante como el actual son los conductores quienes tienen la razón, pues la ciudad tiene un enorme déficit de policías, con el agravante de que los pocos que hay no trabajan en el mismo turno.
Esta realidad es bien conocida por los delincuentes, que además se ven estimulados por un permisivo aparato de justicia que suelta a los delincuentes inmediatamente después de su detención, o les da la casa por cárcel sin vigilancia alguna.
Ante estos crudos hechos, los ciudadanos de bien tenemos derecho a defendernos legítimamente. Por eso, será inevitable que la gente siga armándose buscando protección. No solo serán los conductores de bus, sino los tenderos, los comerciantes de todo tipo, o los padres de familia desesperados por los atracos y violencia que a diario se dan quienes busquen suplir, por sus propios medios, la situación de desamparo que las circunstancias actuales suponen.
Para evitar que esta ola de defensa personal se dé por fuera de la legalidad, las autoridades deben aplicar la normatividad prevista para quienes deseen adquirir armas de fuego legalmente.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que, después de que un ciudadano cumpla con los exigentes requisitos establecidos en la ley para hacerse a un arma de fuego amparada, termine sin poder portarla por las suspensiones repentinas y arbitrarias de los salvoconductos, como ha venido ocurriendo en el país desde hace varios años.