Uno de los principales problemas que tiene el Estado colombiano nace de la contratación. Muestra de ello es lo sucedido con asuntos como Odebrecht, Reficar, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en varias regiones del país, los casos de la construcción de la tercera fase de Transmilenio en Bogotá, o del deprimido de la Calle 94 y la máquina remalladora también en la Capital son una muestra de lo ineficaz que es la contratación pública en el país.

Es más durante los últimos años se acuñó la frase de los llamados ‘contratos mermelada’, los que a juicio de los analistas no garantizaban la realización de las obras con la calidad y los plazos estipulados.

Para analistas el gran problema de la contratación estatal en el país es la falta de transparencia,

Según la Auditoría General de la República, la contratación pública en Colombia se basa en siete principios que garantizarán que quien reciba los contratos esté en condiciones de cumplirlos.

Estos principios son encabezados por el de Transparencia que garantiza la publicidad de los documentos del proceso de selección y contradicción de los informes y actuaciones surgidos dentro del proceso, así como la libre concurrencia e igualdad de oportunidades para quienes intervengan en él.

El Principio de Planeación tiene como finalidad lograr los objetivos institucionales de la contratación, esto es, armonizar y articular los requerimientos técnicos del proyecto a desarrollar con miras a satisfacer las necesidades de la entidad.

El Principio de Economía que tendrá en cuenta que las normas de procedimiento sean utilizadas para agilizar las decisiones, y las etapas sean las estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva; que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervengan en ellos y que no se exija sino los documentos necesarios.

Principio de Responsabilidad pretende que los servidores públicos de la Auditoría General de la República están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución de los contratos. Los funcionarios que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato, están obligados a proteger los derechos de la Auditoría General de la República, del contratista y de terceros que puedan verse afectadas con el mismo.

Principio de Selección Objetiva que es una obligación de la Auditoría General de la República, respecto de todos los procesos y procedimientos contractuales, la escogencia de los contratistas de forma objetiva, esto es que en ningún caso la selección del contratista puede ser subjetiva.

Principio de Publicidad que es el generador de participantes que tienen la posibilidad de conocer los proyectos de pliegos, pliegos de condiciones definitivos de los procesos que se están adelantando en la Auditoría General de la República, los informes de evaluación, las observaciones que formulen los interesados y las respuestas ofrecidas por la Entidad, por encontrarse publicados en el Secop.

Principio del Debido Proceso en este, la Auditoría General de la República garantizará que en toda actuación administrativa vinculada con la actividad contractual se dé cumplimiento al debido proceso, que incluye la posibilidad de conocer y controvertir las decisiones de la administración. El debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. Igualmente, opera cuando, dentro del desarrollo de un proceso contractual de selección de contratistas, se omite alguna de las etapas necesarias.

Supremacía de lo sustancial sobre lo formal En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la Entidad en el pliego de condiciones.

 

Una propuesta

El año pasado el ministerio de Transporte presentó al Congreso un proyecto de ley, en que se pondrían reglas a la interventoría y servicios de asesoría externa para los contratos.

Según la propuesta no se podrán contratar hasta con segundo grado de consanguinidad; y tendrán responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria por incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato.

La norma que cursa trámite en el legislativo señala que las entidades estatales no podrán contratar consultorías de estudios y diseños de obra e interventoría bajo la modalidad de selección de contratación directa o través de convenios interadministrativos o contratos interadministrativos con instituciones de educación superior públicas.

En cuanto a la conformación de las propuestas que se presentan para un determinado proceso, se reglamentaría que se tengan dos sobres: uno en el que se incluyan los documentos que certifican los requisitos habilitantes, y otro que contenga la oferta económica. Todo esto teniendo en cuenta lo exigido en el pliego de condiciones.

De igual manera, se define que el plazo para subsanar las propuestas sea de 5 días hábiles. En este periodo se mantendría cerrado el sobre de la oferta económica, que se abriría el día de la adjudicación.

El proyecto propone que se valide y acredite la experiencia adquirida por los proponentes a través de la celebración y ejecución de contratos de derecho privado, en el Registro Único de Proponentes.

 

El pliego único

La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que en el país ya existe un antídoto contra la corrupción para evitar que episodios como el de los sobornos de Odebrecht se repitan en billonarios contratos de obras públicas.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, explicó que con la modalidad de ‘pliego tipo vinculante’ se bloquea la manipulación que pueden hacer funcionarios a los requisitos o los criterios para calificar en los procesos de licitación pública.

"Es un antídoto contra la corrupción porque evita que se hagan pliegos a la medida; es decir, lo que hemos llamado los pliegos sastre. Con ellos se evita que discrecionalmente el funcionario manipule los pliegos para que se quede con el contrato una determinada persona; es decir, pliegos que conducen a unos únicos oferentes, quienes terminan siendo los adjudicatarios de los contratos y eso se evita con el pliego tipo", detalló el señor Caicedo Ferrer.

El pliego tipo ya se adoptó como una práctica común en la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Bogotá y Cali.

Muestra de ello es la conclusión del índice de Competitividad Vial Logística elaborado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, para la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, en la que se concluye que al agregar los resultados del pilar de institucionalidad, se observa que Colombia ha logrado avances sistemáticos en este frente durante los últimos quince años, pasando de calificaciones de 1,7 sobre 5 en el año 2000 hacia 3,3 sobre 5 en 2015.

 

Combinar formas de lucha

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Guillermo Botero Nieto, dijo que en asuntos de transparencia en la contratación pública hay que buscar y combinar todas las formas de lucha.

El dirigente gremial dijo a EL NUEVO SIGLO que el pliego único propuesto por la CCI es importante, pero es la única forma de procurar honestidad y cero corrupción en la contratación.

Señaló que es muy diferente in pliego para una gran obra de ingeniería como una vía de cuarta generación que la compra de alimentos para escuelas o refrigeradores para centros de acopio.

Se puede tener pliego tipo para cada sector, de esta forma se logran estandarizar las compras en cada una de las áreas, aseguró.

Para el dirigente hay que quitarle el valor económico pues “tenemos la costumbre, muy mala por cierto de adjudicar los contratos al más barato”.

Otra forma de lucha es la de usar balotas al final de las adjudicaciones. Es decir que en una licitación, al finalizar se dejan las tres mejores propuestas y a través de balotas se escoge quien gana. De esta forma no hay posibilidad a que antes de la adjudicación se presenten coimas o sobornos para presionar una decisión.

El problema de la corrupción es que lo que pasa hoy se conoce hasta dentro de seis o siete años, señaló el dirigente gremial, pues son tenas de alto costo.

“Lo que debemos presionar como ciudadanos, dijo Botero, es que las cosas se hagan transparentemente, es decir que las cámaras de vigilancia que se compraron sirvan para su operación, que los semáforos funcionen, que las motos de la Policía sean las que operan de la mejor forma. Y si se va a las regiones la lista es muy larga”, señaló el líder empresarial.

Por eso hay que aplicar todas las formas de lucha para poner fin a la corrupción en los contratos públicos.

 

Estreno en Bogotá

En el nuevo modelo de contratación, Colombia Compra Eficiente adjudicó la compra de 74 tipos de alimentos para los colegios públicos del Distrito. Estos serán suministrados por 44 proveedores adjudicados, de los cuales 14 son nuevos en el proceso, y 22, que eran proveedores a través de intermediarios, lo harán ahora directamente con la SED.

Los refrigerios deben ajustarse a la tabla de composición de alimentos diseñada por el ICBF y cumplir con un número de calorías determinadas, entre otras especificaciones. Los menús deben estar diseñados para diferentes grupos de edad y cada alimento debe tener una cantidad específica de componentes que juntos sumen el número exigido de nutrientes y calorías.

La secretaria de Educación explicó que los 74 alimentos nuevos permiten diversas combinaciones de cuatro alimentos que garantizan la carga calórica de 22 kilocalorías por niño cada día en el refrigerio escolar.

Respecto al Instrumento de agregación de demanda para el almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios, se adjudicaron otros cinco proveedores, dos de ellos nuevos en la prestación de este servicio.

Para garantizar que los alimentos lleguen a su destino, un agente externo realizará interventorías de seguimiento y control permanente del proceso, desde la fase de producción hasta la de distribución en cada uno de los colegios. Habrá quien se encargue de la vigilancia sanitaria para garantizar que las condiciones exigidas en términos de calidad, inocuidad y aporte nutricional de las raciones se cumplan.

La interventoría, que seguirá este proceso de manera permanente desde las plantas de proveedores hasta la distribución en cada uno de los colegios, será adjudicada mediante un proceso de concurso de méritos que actualmente se encuentra en curso.

 

Secop

El Gobierno tiene publicados 4 mil conjuntos de datos abiertos, con los cuales los ciudadanos pueden desarrollar emprendimientos, hacer veeduría y propender por un Estado más transparente. La información de la contratación pública está disponible.

Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica en el Índice Global de Datos Abiertos, MinTIC, a través de la estrategia Gobierno en línea y su componente de Gobierno Abierto, ha promovido la publicación de datos abiertos con el objetivo de generar transparencia, participación y emprendimiento. Para ello, ha impulsado a las entidades para que abran su información en formatos accesibles, reutilizables y descargables, a los que puede acceder cualquier colombiano para hacer seguimiento a la gestión pública, generar análisis, crear aplicaciones, hacer estudios, entre otros.

En la actualidad, casi mil entidades estatales han publicado más de 4 mil conjuntos de datos abiertos con el objetivo de fomentar la transparencia gubernamental. Por ejemplo, desde el año pasado, Colombia Compra Eficiente abrió la información en formatos descargables y reutilizables del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). A través de estos datos abiertos, los interesados pueden acceder a la información estructurada de los procesos de contratación y descargarla en formato de hoja electrónica.

Colombia Compra Eficiente cuenta con tres sistemas: Secop I, Secop II y la Tienda Virtual del Estado colombiano. El primero es un sistema informativo, creado hace más de 10 años, que registra los procesos de compras, contratación y adjudicaciones de las entidades públicas. Hace dos años, la agencia lanzó Secop II, un sistema más evolucionado, ya que permite guardar la información del proceso de contratación, a nivel transaccional, lo que favorece la toma de una decisión justa dentro del proceso de compra pública. Los proponentes o proveedores, registrados y que ofrecen productos o servicios similares a los requeridos por la entidad, son informados para que inicien el proceso de oferta, y el sistema las abre y sugiere la más adecuada, según el requerimiento.

El tercero es la Tienda Virtual del Estado colombiano, que agrupa los requerimientos de las entidades en el país para poder negociar con los proveedores, a nivel nacional, y aprovechar la economía de escala en la adquisición de productos y servicios que, posteriormente, son ofrecidos en una tienda virtual, generando ahorros significativos para todas las entidades y unificando los procesos de compra de forma transparente.