Si a nivel interno en Colombia no cesa la polémica por el uso del glifosato en aspersiones aéreas para acabar con narcocultivos, en el ámbito internacional la controversia sobre sus efectos es aún mayor. Esto último quedó evidenciado ayer luego de que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) anunciara que los estudios realizados por la entidad alrededor del glifosato y sus efectos en la salud humana y animal, no permiten clasificarlo como cancerígeno.
Se trata, sin duda, de un dictamen bastante importante pues la ECHA es una agencia de reputación mundial y sus conceptos son determinantes para que la Unión Europea autorice o prohíba el uso de tal o cual sustancia, en este caso el glifosato, que es uno de los herbicidas más usados en todo el planeta. De hecho en el viejo continente se viene dando un pulso muy fuerte entre sectores agrícolas y ambientalistas alrededor de las consecuencias de usar este plaguicida.
A diferencia de la ECHA, que advierte que las pruebas científicas disponibles no cumplen con los criterios para clasificar al glifosato como cancerígeno, mutágeno, o tóxico para la reproducción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó tiempo atrás que este químico sí era “probablemente cancerígeno” y de allí que en muchos países sus autoridades hayan decidido restringir su utilización en fumigaciones aéreas e incluso terrestre, basó la tesis de que sus efectos son indiscriminados, es decir que si bien permiten acabar con plagas y determinados cultivos, también es potencialmente peligroso para la salud humana y animal, la vegetación circundante y los cuerpos de agua de la zona asperjada.
Precisamente una de las naciones que restringió el uso del glifosato en fumigaciones desde aviones fue Colombia y lo hizo tanto por determinación del Gobierno como por un mandato de la propia Corte Constitucional, basados uno y otra en los diagnósticos de la OMS.
El dictamen de la agencia europea, que va en contravía de la máxima rectora mundial en salud, se produce cuando en Colombia, a raíz del aumento desmesurado en la extensión del narcocultivos en 2016, se prendió de nuevo el debate sobre las fumigaciones aéreas a éstos.
Como se sabe, en las últimas dos semanas se conocieron sendos informes sobre el incremento en la extensión de los sembradíos ilegales. El de una agencia de la ONU reveló un aumento de 69 mil hectáreas a 96 mil en 2016, en tanto que el Departamento de Estado norteamericano encontró que los narcocultivos pasaron de 159 mil en 2015 a 188 mil el año pasado. Aunque se trata de metodologías de medición distintas, lo que explica la gran diferencia entre uno y otro, lo cierto es que ambos informes coinciden en que creció el área sembrada, en tanto que los cálculos sobre potencial de exportación de cocaína ya pasan sobrepasan las 700 toneladas métricas anuales.
Si bien es cierto que la Policía lleva varios meses con un plan piloto en Tolima para probar la efectividad de algunos químicos, e incluso se llegó a pensar que el escogido para reemplazar al glifosato sería el glufosinato de amonio, todavía no hay certeza sobre su efectividad. A ello se suma que el Gobierno parece no tener la reanudación de las fumigaciones aéreas de cocales como prioridad dentro de su nuevo plan antidroga, en el que la mayor parte de la meta de erradicación terrestre de 100 mil hectáreas este año se sustenta en los convenios con los pequeños cultivadores, en desarrollo de lo pactado en el acuerdo de paz con las Farc.
Se trata de un hecho paradójico, toda vez que entre las razones que explican el aumento de los cocales en los últimos dos años están no solo una menor operatividad de la Fuerza Pública -limitada por las treguas y el cese el fuego con esa guerrilla- y el incremento de la rentabilidad de la cocaína por el encarecimiento del dólar, sino también el hecho -ya admitido por el Gobierno- en torno a que muchos campesinos decidieron empezar a sembrar coca esperanzados en que podrían ser beneficiados por los incentivos económicos que desde el 2015 ya habían pactado el Gobierno y las Farc en La Habana, pero que solo hasta ahora se empiezan aplicar de forma sustancial.
Como se ve la polémica en torno a si puede volverse a usar el glifosato en Colombia sigue más que vigente y se sabe que la nueva administración estadounidense tiene esa posibilidad dentro de su menú de condicionamientos a los nuevos y menores aportes para el Plan Colombia. En ese marco la polémica en alrededor de si el glifosato es o no peligroso en las aspersiones aéreas vuelve a ponerse en el primer lugar de la discusión.