Aunque la reforma tributaria aprobada constituye un avance indispensable para la economía colombiana en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas, desafortunadamente se quedó corta a la hora impulsar el empleo y también en el objetivo de incrementar la formalización empresarial.

Así lo consideran expertos al señalar que “la reforma estuvo lejos del cambio estructural que se hubiera requerido para dejarnos con la tranquilidad de no pensar en reformas adicionales en un buen número de años. En particular, la iniciativa se quedó estrecha en varios aspectos como limitar los beneficios tributarios y los tratamientos especiales a ciertos grupos económicos que no generan empleo”Este último punto debe quedar aún como prioridad en la agenda política con el fin de ver aumentada la competitividad de las empresas colombianas, lo que a su vez estimularía la generación de empleo.

Señala el informe que “a diferencia de la reforma tributaria de 2012, no esperamos que los principales indicadores del mercado laboral se vean directamente afectados por la Ley 1819 de 2016, pues aunque se hizo un esfuerzo por reducir la carga impositiva de las empresas y una mayor cantidad de recursos podrían canalizarse hacia la contratación de más trabajadores, lo relacionado con los costos laborales no salariales se modificó de forma marginal”.

Mayor efecto

Indica el análisis que “la reforma hubiera podido tener un efecto mucho mayor en términos de formalización, si se hubiera incluido la recomendación de la Comisión de expertos para los parafiscales restantes, en particular el aporte de los empleadores para las cajas de compensación familiar, y si se hubiera podido avanzar más en el proceso de reducción de los impuestos directos a las empresas”.

Sostienen que “ello, sin embargo, habría requerido un aumento sustancial compensatorio en otros impuestos, ya fuera aumentando la cobertura del IVA mediante eliminación del número de ítems que se tratan como exentos o excluidos, o incrementando la tributación sobre la renta de personas naturales, algo sobre lo cual la reforma aprobada fue claramente insuficiente”.

Señala que “el objetivo principal de la reforma es, además de simplificar los trámites tributarios y reducir las cargas a través de un pago proporcional a los ingresos anuales, impulsar la formalización y visibilidad de los pequeños y medianos comerciantes. Esto responde en gran medida al alto grado de informalidad en el que operan los establecimientos comerciales en el país, el cual oscila entre el 40 y 75% dependiendo de la definición adoptada”.

Competencia

Más aún, de acuerdo con la encuesta empresarial del Banco Mundial (2010), Colombia hace parte del grupo de países donde las empresas afirman competir en una elevada proporción con empresas que no están registradas o que son informales. Asimismo, en términos relativos, es el país de la región que más identifica las prácticas de los competidores en el sector informal como un obstáculo muy importante para el desarrollo de sus actividades: así lo afirma un 55% de las empresas nacionales en comparación con el 40% en Argentina, 29% en México y 6% en Panamá. Señala el estudio que operar en la informalidad impone numerosas restricciones sobre el crecimiento de las empresas, en la medida en que impide el acceso a fuentes de financiación a través de servicios financieros formales, puede implicar la pérdida de oportunidades comerciales y una menor productividad relativa.

Informalidad

Además, la informalidad empresarial guarda una estrecha relación con la informalidad laboral, pues los negocios que operan en el sector informal tienden a contratar empleados de manera informal, incumpliendo con las prestaciones sociales y pagando un salario generalmente inferior al mínimo estipulado por ley. Al afectar el crecimiento del sector productivo, esta situación limita el crecimiento económico y la competitividad y en consecuencia, la generación de empleo de calidad.

Sin embargo, la decisión de formalizarse implica para los empresarios altos costos tanto monetarios como no monetarios y, en el caso de una gran cantidad de negocios, los beneficios que ellos perciben de operar en el sector formal superan los costos correspondientes.

Por esa misma razón, dado que los beneficios sociales y económicos que conlleva el proceso de formalización empresarial y laboral superan con creces los beneficios que se perciben desde la perspectiva de cada empresa o trabajador particular, resulta indispensable que las normas contribuyan a facilitar el control y el castigo para quienes no cumplen las normas.

En este sentido, otros elementos contenidos en la reforma tributaria de 2016 que están encaminados a impulsar la formalización incluyen la penalización de algunas conductas referentes a la evasión de impuestos y la introducción de restricciones para la imputación de costos con pagos en efectivo, que no puedan ser rastreados a través del sistema financiero.

Si bien hay que reconocer que la reforma hizo unos aportes estructurales importantes y ciertamente simplificó el estatuto tributario, mantuvo muchas de las falencias de dicho estatuto y estuvo lejos de constituir la reforma estructural que hubiera sido deseable y de lo que recomendó la Comisión de expertos. En particular, la reforma genera dudas sobre las fuentes de financiamiento en el mediano plazo, pues la fuerte reducción en la tributación de las empresas implicará una caída en el recaudo correspondiente a personas jurídicas que llega a superar un punto porcentual del PIB en 2019 y 2020, el cual no fue compensado por un incremento en la tributación de las personas naturales, como sugería la Comisión.