Embate invernal: un riesgo manejable | El Nuevo Siglo
Martes, 21 de Marzo de 2017

La temporada invernal arrancó ya en firme en el país y todo hace indicar que será intensa así no exista la presencia del fenómeno climático de La Niña. Las lluvias de las últimas semanas tienen en alerta a más de una decena de departamentos, en tanto que el Ideam advirtió que se generalizarán en gran parte del territorio y, por lo mismo, deben activarse los planes de contingencia para evitar una racha de tragedias anunciadas y previsibles. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha estado en constante contacto con las gobernaciones y las alcaldías para monitorear posibles amenazas y direccionar los recursos humanos y técnicos necesarios para neutralizarlas.  

Precisamente un informe del Ideam señaló que el 28 por ciento del territorio está expuesto a un alto riesgo de inundación y un 31 por ciento a una amenaza alta-media de movimientos de masa, asociados a crecientes súbitas. Los departamentos con mayor nivel de riesgo por desbordes de cuerpos de agua son Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena y Antioquia. Tradicionalmente, según el informe, las zonas inundadas “periódicamente” alcanzan un 12 por ciento del país pero se extienden a un 28 por ciento en épocas de excesos de lluvias, aumentando paralelamente el nivel de afectación de los habitantes, sobre todo en zonas ribereñas y bajas. En el informe del Ideam también se trae a colación que ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, así como los municipios de Apartadó (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Jamundí (Valle) tienen población en riesgo superior de sufrir inundaciones y de allí que sea obligatorio activar los planes de prevención y de ordenamiento con el fin de evitar emergencias.

Después de las tragedias y daños sufridos por el país en la drástica temporada invernal 2010-2011, es claro que se avanzó en materia de preparación. Fueron billonarias las inversiones hechas en obras de prevención, mitigación, reconstrucción y rehabilitación para reparar los estragos causados por las lluvias. Incluso se recuerda que para los efectos se creó una entidad como Colombia Humanitaria que manejó cuantiosos recursos y el Gobierno aseguró, al liquidarla, que las inversiones se realizaron con la suficiente transparencia y eficiencia, por lo que se podía dar como un hecho que el nivel de afectación y número de damnificados en los años siguientes disminuiría sustancialmente. Han pasado seis años desde entonces y muchas obras más de contingencia se construyeron en departamentos y municipios. Por ejemplo, una parte importante de las 110 mil viviendas gratis entregadas bajo este Gobierno fueron recibidas por personas que habitaban en zonas de riesgo de inundación o deslizamiento.

De igual manera, parece claro que hoy las gobernaciones y las alcaldías así como las corporaciones ambientales regionales tienen más conciencia de las sanciones de tipo administrativo, penal y disciplinario a que se exponen por no activar a tiempo y con eficiencia los planes de contingencia invernal. Sin embargo para reforzar este punto sería bueno que Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Medio Ambiente, Unidad de Gestión de Riesgo y demás entidades de primer nivel reiteren tal obligación a las autoridades seccionales y locales.

Sobra decir que los impactos del cambio climático son cada vez más devastadores a nivel global. Una prueba de ello es lo que está ocurriendo en Perú en donde la presencia del llamado fenómeno climático del “Niño costero” ha generado lluvias muy drásticas que han causado más de 70 muertes, 100 mil damnificados, 630 mil afectados y pérdidas económicas billonarias en varias zonas de la nación inca.

Colombia, como se sabe, es el segundo país del continente con mayor nivel de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Si bien se ha avanzado en materia de obras de prevención y mitigación de inundaciones y deslizamiento de tierra, es evidente que los fenómenos de deforestación, contaminación, afectación de las rondas de ríos, la desordenada urbanización y la persistencia de métodos de producción no sostenibles ni amigables con el medio ambiente continúan poniendo en riesgo a un porcentaje de personas cada vez mayor. 

Las alertas, entonces, ya están dadas y lo importante ahora es  que por más impredecible que sea la fuerza de la naturaleza, el Estado en su conjunto sepa reaccionar para neutralizar lo más posible el embate invernal. De no hacerlo, que vengan los castigos a los responsables.