La lucha antidroga en Colombia se está perdiendo. Esa es una conclusión objetiva de acuerdo a los informes de la semana pasada de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), agencia de la ONU, así como del Departamento de Estado norteamericano. Mientras que la primera fijó en cerca de 100 mil las hectáreas de narcocultivos, el segundo -si bien todavía no tiene una cifra oficial sobre lo ocurrido en 2016- advirtió que el incremento en el área de sembradíos ilícitos fue “dramática”. Incluso fuentes extraoficiales en Washington sostienen que se reportará en próximas semanas que ya se habrían superado las 200 mil hectáreas, lo que significa que el país retrocedió a la extensión que se tenía a finales de la década de los 90, antes de que empezara a aplicarse el Plan Colombia.

¿Qué pasó? Son tres los elementos que, al decir de los expertos, explican por qué en el segundo mandato del gobierno Santos todo lo que se había avanzado en materia de disminución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola empezó a reversarse. En primer lugar, es claro que el proceso de paz con las Farc llevó a que, aun sin que mediara la tregua unilateral de la guerrilla y luego el cese el fuego bilateral, el volumen de los operativos antidroga en distintas zonas del país se redujo progresivamente. En segundo aspecto, es evidente que la decisión del Ejecutivo, con base en un dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato a los narcocultivos afectó de manera sustancial la efectividad antidroga, ya que las operaciones terrestres de erradicación forzada o voluntaria son más demoradas y con resultados muy por debajo de los obtenidos con las aspersiones desde los aviones. Y, en tercer lugar, está el hecho cierto de que el negocio del narcotráfico ha mutado en los últimos años, no sólo por una alianza más visible entre las Farc y el Eln con carteles de distinto tamaño, sino por la incursión en todo el proceso de las bandas criminales emergentes que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares. Incluso hay analistas que suman una cuarta y quinta causas, referidas tanto a una revaluación del dólar que hizo más rentable la exportación de cocaína en los últimos tres años, así como a las propias políticas oficiales de incentivo a la sustitución de sembradíos ilícitos, ya que en algunas regiones los pequeños cultivos se multiplicaron por el ánimo de los sembradores de acceder a las ayudas estatales a cambio de abandonar esa actividad ilegal.

Más allá de cuál de las anteriores circunstancias fue la que más contribuyó al aumento de los cultivos ilícitos en los tres últimos años y de las múltiples e incluso confusas explicaciones que dan las esferas gubernamentales y las autoridades antinarcóticos colombianas, lo cierto es que las cifras evidencian un fracaso en su destrucción de cocales así como un aumento sustancial en el volumen de cocaína decomisada y exportada.

¿Qué hacer ahora? El Ejecutivo sostiene que con el proceso de paz firmado con las Farc, estas entrarán a colaborar sustancialmente en la sustitución de narcocultivos así como en información sobre rutas, carteles y operaciones internacionales de venta de estupefacientes. Sin embargo, casi a renglón seguido desde esa propia guerrilla se replica que si bien se ayudará en la destrucción de los sembradíos, sobre lo segundo no tienen mayores datos. A ello se suma que las disidencias subversivas se han producido, precisamente, en las zonas con mayor densidad de cocales, narcolaboratorios y corredores para movilizar la droga. También sostiene el Gobierno que este año, con base en el nuevo esquema de acuerdos con familias para acabar los sembradíos ilícitos así como con las operaciones de erradicación manual, se aspira a destruir no menos de 50 mil hectáreas y el año entrante los resultados serían aún superiores. Igualmente se afirma que ya se está utilizando el glifosato para fumigaciones terrestres y que la Policía Antinarcóticos tiene pruebas adelantadas con otro químico para reanudar las aspersiones aéreas…

Por ahora es muy temprano para evaluar si los planes oficiales darán o no los resultados previstos. Sin embargo, en el entretanto el desafío más cercano es saber cómo impactará este retroceso antidroga en la agenda bilateral de Colombia y Estados Unidos, que al tenor de las circunstancias ya anotadas no sólo se narcotizará de nuevo, sino que es muy seguro que la administración Trump aumentará su nivel de exigencia en la materia a Bogotá, condicionando aún más los aportes al Plan Colombia, que volverá a su énfasis antidroga inicial y no virará al objetivo del posconflicto, como lo quería el gobierno Santos. Negar esa realidad sería de extrema ingenuidad.