Los desafíos que el llamado mundo digital representa para la niñez y la adolescencia todos los días aumentan, en la medida en que los avances tecnológicos se van dando a pasos agigantados. De allí que la polémica generada alrededor de las reflexiones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, sobre la edad en que un menor puede empezar a utilizar un teléfono celular inteligente, es decir que tenga acceso a internet y redes sociales, merece un análisis a fondo.
Según la funcionaria muchos casos de suicidio, abuso sexual, trata de personas, extorsión y pornografía infantil comenzaron con uno de estos teléfonos o con la apertura de una cuenta en una red social. Con casos concretos y cifras en mano sobre las denuncias de esta clase de delitos, Plazas sostiene que su recomendación de no entregar celulares a niños menores de 14 años no quiere motivar la prohibición de estas tecnologías o el alejamiento de ellas, sino que es una invitación a los padres para que se documenten sobre los peligros a que están expuestos sus hijos, como el ‘sexting’, ‘grooming’ , sextorsión y ciberacoso.
No se trata de un problema menor, todo lo contrario: según Bienestar Familiar hoy en Colombia 7 de cada 10 adultos admiten no estar con sus hijos menores de 18 años cuando éstos navegan por internet. Es decir que no saben qué contenidos están consultando, con quiénes se están comunicando o qué clase de información intercambian en la red. Es más, sobre esa edad de los 14 años, Plazas dice que no es una propuesta caprichosa, ya que las mismas redes sociales tienen dentro de sus reglamentos que ningún adolescente por debajo de ese rango puede abrir o tener una cuenta, a sabiendas de que todavía no han desarrollado las habilidades cognoscitivas necesarias para interactuar en el mundo digital. Por último, frente a quienes le dicen que los teléfonos inteligentes sirven para que los padres estén en contacto permanente con sus hijos y supervisen qué están haciendo, plantea que para localizar y estar en contacto con un niño bien se le puede dar un teléfono básico y sin plan de datos.
Como era de esperarse el planteamiento de la alta funcionaria generó reacciones encontradas. De un lado están quienes consideran que el acceso fácil de los menores de edad a los entornos digitales representa un gran riesgo porque sus padres y adultos responsables no tienen, en la mayoría de las ocasiones, el tiempo o incluso el conocimiento para supervisar o vigilar qué hacen o no hacen en su ausencia. En la otra orilla están quienes consideran que la tecnología es una realidad inatajable y que poner barreras para que los niños y niñas accedan a la misma sería condenarlos a una especie de “analfabetismo digital”. Agregan que, entonces, el problema no es la herramienta sino el uso que se hace de la misma, que es precisamente el que se debe regular, tal como hoy ocurre en muchos claustros educativos en donde los computadores, teléfonos inteligentes, tabletas, y otros aparatos hacen parte de los procesos académicos.
¿Quién tiene la razón? Es muy difícil responder ese interrogante. Se trata de un dilema en muchas partes del mundo. Precisamente días atrás tuvo amplio eco una noticia en España con relación a una madre que fue denunciada por su hijo cuando ella le quitó el teléfono celular aduciendo que se distraía y no cumplía con sus labores académicas. El caso llegó a los tribunales en donde finalmente el juez le dio la razón a la progenitora, pero el debate fue muy marcado.
Les asiste la razón, obviamente, a quienes sostienen que lo ideal es regular y vigilar lo que los menores hacen por internet, no sólo en materia de acceso a contenidos sino también para evitar que caigan en las garras de pederastas y otros delincuentes. Pero también es una realidad que muchos padres no tienen el tiempo ni el conocimiento para ejercer este control y es allí en donde los riesgos se potencializan.
Interesante, pues, esta discusión. En un país subsumido por debates alrededor de la paz, la política, la corrupción y la violencia, las entidades públicas y privadas así como la academia y los padres de familia deberían abocar el análisis de lo aquí expuesto de una manera seria y profunda para encontrar una fórmula intermedia que permita un uso seguro y responsable del mundo digital por parte de los menores de edad. Se trata de un tema de primer orden que muchas veces por el agite de la coyuntura y del impacto noticioso no se sopesa en su justa dimensión e importancia.