La deuda pública es uno de los principales retos que deberá asumir el nuevo presidente de Ecuador.

El problema, en palabras de ambos candidatos, es que los compromisos del Estado son de corto plazo y se han vuelto costosos (altos intereses).

La deuda consolidada del país llegó a US$ 27.509 millones, que equivale al 27,3% del Producto Interno Bruto (PIB), en enero de este año.

El diario El Comercio, de Quito, sostiene que el concepto de “consolidado” se aplica desde octubre del año pasado y es el indicador que, según el Gobierno, es el apropiado para medir la deuda pública del país.

Este indicador excluye las obligaciones del Estado con organismos públicos, por ser parte del mismo Estado, como con el Seguro Social o la Corporación Financiera Nacional.

Esto le permitió al Fisco ampliar su margen de endeudamiento, cuyo límite legal es del 40% del PIB. Considerando los compromisos con otros entes públicos, la deuda pública agregada sumó 39 382 millones en enero, el 39,1% del PIB.

Entre los principales acreedores del país está China con US$8.272 millones por pagar y los tenedores de bonos. Desde 2014 y hasta enero pasado se colocaron US$7.250 millones en bonos estatales en el mercado internacional, con tasas de entre 7,95 y 10,75%.

Pero el Gobierno tiene también otras cuentas por pagar que no se consideran deuda. Las autoridades han dicho que para que una operación se registre como deuda debe tener un plazo mayor a un año, pese a que genere intereses, dijo el rotativo

Con este argumento, los US$5.287,7 millones que ha entregado el Banco Central al Ministerio de Finanzas, a través de operaciones de liquidez, no se consideran deuda aunque sí son obligaciones por pagar.

Sector petrolero

Las preventas petroleras tampoco se consideran deuda. Estas, junto a créditos atados a la venta de crudo han sido un mecanismo de financiamiento desde  2009.

Hasta 2016, el país recibió US$10.200 millones por pagos anticipados y US$7.970 millones en créditos atados a la venta de crudo.

Para Ramiro Crespo, presidente de Analytica Securities, el origen del problema de la deuda es el ‘default’ del 2008.

En ese año, Correa tildó de “ilegítimo” a un tramo del pasivo y declaró la moratoria. Ese ‘default’ derivó en la recompra de un tercio de deuda por US$3.200 millones con descuentos de 65 a 70%, por lo que pagó cerca de US$900 millones.

Esto generó desconfianza en el mercado e influyó para que se encareciera el acceso a financiamiento, añadió el experto. Además, los plazos se acortaron.

Por ejemplo, los bonos de deuda interna que colocó el Estado en el 2016 tienen un vencimiento promedio menor a seis meses.

Los candidatos

El informe de El Comercio indica que en 2014, antes de la recesión, el promedio llegaba a 6,6 años. Las propuestas de los candidatos del oficialismo, Lenin Moreno, y de CREO, Guillermo Lasso, coinciden en que el país debe reestructurar la deuda pública.

Para Moreno, una reestructuración de la deuda es viable porque la economía está en recuperación y se puede acceder a mejores condiciones de financiamiento. Incluso -dijo- hay varios actores internacionales interesados en participar en el proceso, a mejores plazos y con menores tasas. Y esto se podrá concretar en pocos meses.

Además defendió los préstamos de liquidez del BCE a Finanzas y sostuvo que “el Estado no puede permitirse tener recursos públicos ociosos” y que estos “deben usarse”.

Añadió que estos recursos no solo deben destinarse a crédito a Finanzas sino también a empresarios y emprendedores, a través de las entidades financieras públicas y privadas.

La reestructuración de la deuda será prioridad para Lasso, quien anticipó que buscará mejorar sus condiciones, creando una Comisión de Deuda Pública para reperfilarla.

Además, ha señalado que planteará una reestructuración mediante la emisión de bonos a un plazo de 30 años. Lasso ha sostenido que la falta de transparencia y la insostenibilidad son los mayores problemas de la deuda.

“Enviaremos a la Asamblea, dentro de los 100 primeros días de gobierno, una reforma legal que permita aplicar un modelo fiscal sostenible y equilibrado para generar ahorro en épocas de bonanza y no afectar al Presupuesto del Estado en época de escasez”, declaró.