En el proceso de localización territorial, desarme y desmovilización de las Farc hay problemáticas de distinta índole, unas previsibles y si se quiere normales y tramitables dentro de un mecanismo tan complejo, más aun tratándose de un número superior a los siete mil combatientes y milicianos que están ya en las 26 zonas veredales. Otras problemáticas, por el contrario, son muy graves y de difícil manejo. Dentro de las primeras se puede ubicar la accidentada puesta en marcha de la logística y adecuación de las áreas de ubicación, que ha generado una continua controversia entre el Gobierno y esa guerrilla. Si bien es cierto que en todo este proceso primó la improvisación, habría que decir que poco a poco las dificultades están en camino de superación.

Pero asunto muy distinto es la problemática por las disidencias de las Farc, que ahora se vuelve más visible ya que el grueso del pie de fuerza guerrillero está en sus respectivas zonas de ubicación y comenzó el registro no sólo de los combatientes y milicianos para el proceso de amnistía o de sometimiento a la futura Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sino también del armamento que será entregado a los delegados de Naciones Unidas para su almacenamiento, transporte y posterior destrucción.

¿Cuántos subversivos no aceptaron someterse al proceso de paz? Esa es una pregunta que aún no tiene una respuesta concreta por parte de las Farc como tampoco del Gobierno. Sin embargo, preocupa la forma en que los cálculos sobre el porcentaje de posible disidencia fueron aumentando en los últimos meses. Inicialmente se hablaba que sería un número mínimo, que no superaría los cien combatientes. Luego, al conocerse de las insubordinaciones de frentes y cuadrillas en el Guaviare, Nariño y otras zonas del sur del país, se dijo que máximo sería un cinco por ciento del pie de fuerza guerrillero. Y ahora el propio Ministro de Defensa calcula que podría ser entre un 5 y 7 por ciento. Si nos atenemos a esta última cifra, habría que decir que alrededor de 400 hombres-arma no se acogieron al proceso de desmovilización. No es, en modo alguno, un número insignificante de ‘rebeldes’, y menos aún si, como se rumora en varias regiones, entre los disidentes habría varios mandos medios y cabecillas experimentados. Y, lo que es peor, si las áreas en donde seguirían operando son, precisamente, las que tienen mayor presencia de minería ilegal, narcocultivos, laboratorios de procesamiento de drogas o son corredores para mover contrabando y armas.

Desde algunos sectores guerrilleros y gubernamentales se ha querido minimizar el peligro de la disidencia, afirmando que en todo proceso de paz siempre hay una cantidad residual de combatientes que se apartan de lo pactado. Incluso llegan a señalar que un porcentaje promedio de deserciones es del 10 por ciento. Esa conclusión no sólo es cuestionable desde el punto de vista de las diferencias de fondo entre los conflictos armados internos en todo el planeta, sino que se aplica por lo general a naciones en donde el actor armado ilegal es uno solo y tras firmar los respectivos acuerdos de paz, las autoridades se ocupan de reducir a los grupúsculos rebeldes rápidamente. 

Pero en Colombia la situación es distinta, toda vez que las Farc son apenas una de las facciones violentas, pero siguen delinquiendo otras como la guerrilla del Eln, las bandas criminales compuestas por rezagos de los grupos paramilitares no desmovilizados o reincidentes e incluso reductos de los nuevos y viejos carteles del narcotráfico. Esos 400 posibles disidentes de las Farc fácilmente pueden ser absorbidos por la facción insurgente o pasar a convertirse en una banda criminal más, o hasta entrar a disputar a sangre y fuego el dominio de las actividades de tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando, extorsión, secuestro… 

El país necesita claridad meridiana sobre cuántos guerrilleros desertaron y no se desarmarán. La opinión pública debe saber en qué zonas los disidentes siguen operando y cuál es la estrategia de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial y evitar que estos grupos insubordinados se conviertan al cabo de un tiempo en frentes o bloques que pongan en peligro el propio acuerdo de paz. Minimizar el riesgo de la disidencia no parece una estrategia muy inteligente y hacer comparaciones con lo que ha pasado en otros procesos de paz en esta materia, mucho menos.