Gas Natural Fenosa solicitó ayer de manera formal un arbitraje ante un organismo de la ONU, Uncitral, para que "se le devuelva" Electricaribe, su filial liquidada en Colombia, o se le compense con unos US$1.000 millones.

En un comunicado, la empresa con sede en Barcelona anunció que entregó "la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional", Uncitral.

Una portavoz de la compañía indicó que a última hora del martes en Bogotá se hizo la notificación al Gobierno colombiano.

La semana pasada, la empresa con sede en Barcelona dijo que recurriría al Ciadi, el órgano de arbitraje del Banco Mundial.

Finalmente ha optado por Uncitral, una opción "puramente técnica, que no cambia" el fondo de la demanda, según la portavoz.

El objetivo, explicó la empresa, es "que se le devuelva la compañía, Electricaribe con un marco regulatorio viable", o en su defecto, "se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los US$1.000 millones".

No obstante, la empresa puntualizó que "mantiene su voluntad de continuar dialogando con Colombia para alcanzar un acuerdo que (...) le permita continuar operando Electricaribe".

A través de su filial (participada en un 85%), la multinacional española tenía más de 2,5 millones de clientes en siete departamentos del norte de Colombia, aquejados de numerosos cortes.

Defensa colombiana

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, afirmó que en el caso de Electricaribe no se presentó una expropiación como lo quiere hacer ver Gas Natural Fenosa.

Aseguró que la decisión del Gobierno nacional en el caso de Electricaribe lo que busca es garantizar la prestación del servicio de energía a los habitantes de los 7 departamentos de la Costa Caribe.

El Estado colombiano está poniendo todo el aparato legal, los recursos y los menores abogados a nivel internacional que sean necesarios para defender al país ante la demanda presentada por la multinacional, señaló.

La ministra confirmó que el Gobierno nacional contrato a la firma de abogados Sailing que tiene gran experiencia en el campo internacional en esta clase de litigios y ha estado en más de 50 procesos de arbitraje a nivel mundial.

Documentos

En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta «ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años» en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe “constituye una expropiación sin indemnización”.

También carga contra “el hostigamiento” que, en su opinión, ha realizado el Gobierno de Colombia “sobre un inversor internacional y las personas a su servicio”, mientras alega que ha intentado resolver por la vía amistosa sus diferencias con el Estado.

“La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio, e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país”, sostuvo la empresa que preside Isidre Fainé.

Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas.

El proceso

En un primer momento, en noviembre, el Gobierno colombiano intervino la empresa argumentando que su mala situación financiera podía llevar a un cese de pagos y una interrupción del suministro. El 14 de marzo dio otro paso adelante, ordenando la liquidación, ya que Electricaribe no estaba "en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren".

Gas Natural replicó desde el principio que la mala situación de Electricaribe se debe a un "grave problema de fraude e impago". Y cargó contra las decisiones del Gobierno colombiano, calificando su iniciativa de "toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización".

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, advirtió que la liquidación de la filial de Gas Natural Fenosa podría "afectar" a la credibilidad de Colombia.