Corte, ternas demoradas e interinidad

Este año es, sin duda alguna, uno de los más importantes para la Corte Constitucional como máximo tribunal de guarda de la Carta Política. El pleno de sus magistrados debe emitir los fallos sobre la exequibilidad o no de los decretos, leyes y actos legislativos que viene dictando la Presidencia de las República o discutiendo y aprobando el Congreso desde finales de diciembre, en el marco del proceso de implementación normativa del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc. Normas que exigen especial vigilancia toda vez que se tramitan bajo mecanismos excepcionales, ya sea el de las facultades presidenciales extraordinarias o, más sui generis aún, el de la vía rápida legislativa o ‘fast track’. Y, como si todo lo anterior fuera poco, esos decretos, leyes y reformas constitucionales tienen también un proceso de revisión en la Corte más corto y expedito.

Desde el año pasado se había advertido que los periodos de varios de los nueve magistrados del alto tribunal vencían en los primeros meses de 2017 y, por ende, se requería que las instituciones encargadas de proyectar las respectivas ternas para la elección de sus reemplazos por parte del Senado de la República aceleraran el paso y no fuera necesario designar magistrados provisionales en momentos en que la Corte tiene una misión tan importante.

Lamentablemente esos llamados tuvieron un resultado irregular. El Consejo de Estado sí cumplió y a comienzos de noviembre presentó la baraja de candidatos para reemplazar al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, lo que le permitió al Senado hacer la respectiva elección a mediados de diciembre, resultando escogido el jurista Antonio José Lizarazo, quien se posesionó a comienzos del mes pasado.

Sin embargo, no pasó lo mismo con la Corte Suprema de Justicia, que desde octubre pasado empezó un dispendioso proceso para conformar dos ternas para reemplazar a los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, cuyos periodos iban hasta el 28 de febrero. Sin embargo, tras muchas sesiones y múltiples rondas de votación todavía no hay humo blanco para la integración de las  planchas de postulados y su remisión al Senado. Esa desgastante demora obligó, entonces, a la Corte Constitucional a tener que elegir como magistrados provisionales, a mediados de febrero, a los juristas José Antonio Cepeda e Iván Humberto Escrucería. Ya estamos en la tercera semana de marzo y la Suprema de Justicia todavía no se pone de acuerdo para seleccionar a los seis candidatos. Es más, ayer estaba citada una sesión con ese objetivo, pero fue aplazada de nuevo.

Pero la preocupación por las interinidades en la Corte Constitucional no termina ahí. En abril vencen los periodos de otros dos magistrados: María Victoria Calle y Jorge Ignacio Pretelt. Este último, como se sabe, lleva varios meses por fuera del cargo luego de ser desaforado por el Congreso en virtud de un proceso penal en su contra. Desde entonces, su escaño es ocupado provisionalmente por el jurista Aquiles Arrieta. La Presidencia de la República, a quien le corresponde proyectar estas dos ternas, abrió semanas atrás un proceso de convocatoria al respecto y 88 hojas de vida quedaron habilitadas. Ahora se está en el proceso de observaciones de la ciudadanía a los candidatos, plazo que vence el 31 de marzo próximo. Sólo después el Jefe de Estado procederá a la confección de las respectivas ternas para ser enviadas al Senado. Los tiempos, como se ve, son muy apretados y en los pasillos del Palacio de Justicia no se descarta que haya necesidad de designar dos  magistrados temporales más.

Estas demoras en los procesos de elección de los magistrados se han dado pese a que a finales de febrero el presidente de la propia Corte Constitucional había urgido tanto a la Suprema de Justicia como a la Casa de Nariño que agilizaran todo el mecanismo. Sin embargo, al tenor de lo descrito se confirma que esa solicitud cayó en terreno árido. Peor aún, cuando se trata de encontrar una respuesta a estas dilaciones, se especula que la razón de fondo son los pulsos de poder político-jurídicos que hay detrás, tanto en la Corte, los partidos y el alto gobierno.

La consecuencia de la demora en suplir las vacantes no es otra que el riesgo de una mayor interinidad en el máximo tribunal precisamente en el momento en el que lo que se requiere es máxima  estabilidad jurisprudencial y criterio madurado. No sólo por el alcance mismo del acuerdo de paz con las Farc, sino por la forma en que el desarrollo normativo del mismo a veces parece querer ir más allá de lo pactado, como ya lo tuviera que advertir la Corte al tumbar un primer decreto excepcional.