Frente a la propuesta del contralor Edgardo Maya de suprimir las 63 contralorías departamentales, municipales y distritales por considerarlas ineficientes y costosas, éstas contraatacan diciendo que este no es el camino para un mejor control fiscal en Colombia. En ese sentido insisten en una propuesta que requiere una reforma constitucional y  una reforma legal.

El contralor Maya Villazón dijo que en este mar de corrupción hay que tomar medidas en materia de optimizar el control fiscal, pues señaló que “encontramos que hay una diseminación del sistema fiscal. Qué quiere decir eso: que hay 63 contralorías en Colombia, hay una Contraloría General de la República, hay 32 contralorías departamentales y hay 31 contralorías municipales y distritales que suma en  su totalidad 63. Cada una de estas contralorías, incluida la General de la República, actúa en forma autónoma e independiente. Qué traduce eso: que cada una interpreta la ley como considera que debe interpretarla. Cada una en los juicios fiscales hace uso de las normas en la forma e interpretación que considera, y eso no está bien porque no hay un único criterio jurídico para vigilar los recursos públicos”.

Por ello, el contralor Maya propone crear una Contraloría General de la República, no es la actual, que se ocupe de la etapa de investigación, y un tribunal de cuentas que estaría a cargo del juzgamiento.

Frente a ello, la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol) coincide con Maya en la necesidad de reformar el actual sistema de control fiscal, pero no excluyendo a las contralorías regionales sino por el contrario fortaleciéndolas.

En ese sentido indica Asdeccol que “el modelo vigente (posterior y selectivo, eminentemente resarcitorio) ha devenido en un sistema perverso que no privilegia la prevención ante el hecho indiscutible que en Colombia el daño al patrimonio público ha sido irreparable. Se requiere, entonces, un nuevo enfoque integral que a partir de la prevención y del control social con un nuevo ‘encuadre’ del sistema vigente, coloque al control fiscal dentro de lo que exige el país en los post acuerdos”.

Agrega que “la recentralización del control fiscal en la Contraloría General de la República no parece la mejor medida para lograr la eficiencia y efectividad del control fiscal y para la lucha contra la corrupción. Es en los territorios y desde ellos en donde se construirá la paz. El fortalecimiento del nivel territorial de la administración pública y del control a la misma, a partir de una verdadera descentralización, una verdadera acción del control social y garantías de autonomía para tomar decisiones estratégicas en las regiones, constituyen requisito fundamental para construir la verdadera paz y la superación de la desigualdad y la pobreza”.

La propuesta 

La propuesta de las contralorías regionales, a través de Asdeccol,  para mejorar el sistema de control fiscal y seguir siendo parte de éste  implica  una reforma constitucional y  una reforma legal.

La reforma constitucional incluiría, entre otras,  la creación constitucional de un Sistema Nacional Territorial de Control Fiscal (Sntcf), compuesto por todas las instituciones de control fiscal de primer y segundo nivel y por las instituciones representativas del control interno.

Además elevar a rango constitucional el control fiscal preventivo establecido en el Estatuto Anticorrupción. Volver a la función de advertencia como producto del control fiscal posterior inmediato, frente a riesgo de pérdida de patrimonio público, sin considerar el efecto meramente psicológico que pueda producir la figura en el gestor fiscal.

Además proponen revisar la caducidad y prescripción de los hallazgos fiscales, entendiendo que por tratarse de recursos públicos que se buscan recuperar, en estos procesos no deben operar ni la una ni la otra, tal como ocurre con su inembargabilidad y su imprescriptibilidad.

De igual manera la reforma constitucional que proponen debe garantizar la independencia y autonomía de los organismos de control fiscal territorial. Además la meritocracia como requisito único para la selección de los contralores territoriales y sus equipos directivos.

En este sentido otro cambio de gran calado que se plantea es que el Contralor General no sea más elegido por el Congreso de la República sino que la selección se haga con base en un proceso de meritocracia.

También se propone el fortalecimiento de las 32 contralorías departamentales y las municipales existentes para que ejerzan el control fiscal territorial en los departamentos y municipios de su jurisdicción, dotándolas de los recursos técnicos, tecnológicos, presupuestales y de talento humano, de manera que dispongan de la suficiente capacidad normativa, operativa y de resultados.

La reforma legal

La propuesta de Asdeccol de una reforma legal para fortalecer el sistema de control fiscal en el país prevé modificar los artículos 9° y 10 de la Ley 617 de 2000 respecto de la limitación de los presupuestos para las contralorías así como los artículos 1 y 2 de la Ley 1416 de 2010 de fortalecimiento del Control Fiscal, que limitan y estancan el presupuesto de las entidades, impidiéndoles crecer de acuerdo con los montos que deben auditar.

En lo que respecta a la Ley 1416 de 2010 que estandarizó los porcentajes establecidos por la Ley 617, “siendo que su fin primordial era el fortalecimiento del Control Fiscal, teniendo en cuenta que su objetivo no se cumple, expedir una nueva Ley que realmente fortalezca al Control Fiscal desde el punto de vista presupuestal, así como en cuanto a la cuota de auditaje y el porcentaje determinado para capacitación”, propone Asdeccol.

Añade en este punto que el presupuesto debe establecerse de acuerdo con las necesidades de la Contraloría Territorial, a partir de un estudio técnico donde se incluya capacitación, tecnología, puntos de control y funcionamiento.

De igual forma indica que es necesario que el Congreso legisle sobre la carrera administrativa del control fiscal, una disposición constitucional aún sin resolver.  “Situación que puede ser resuelta dando facultades extraordinarias al Presidente o a la Comisión Nacional del Servicio Civil”, propone Asdeccol. 

También pide reglamentar desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, la administración de los procesos de selección de los contralores, equipo directivo y responsables del control interno en las entidades públicas con base en el mérito, eliminando la dependencia de estos últimos de los contralores y directores de las entidades públicas.

Adicionalmente propone mejorar los concursos realizados con los demás servidores públicos de las contralorías territoriales. Creación de posgrados o programas académicos de Control Fiscal público.

La reforma que se propone también contempla la creación del Código Único Fiscal y reglamentar sanciones a gestores de recursos públicos por el no fenecimiento de cuentas y por conceptos desfavorables sobre la calidad y eficiencia de control fiscal interno (Suspensión o inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras se resuelve situación de fenecimiento).