Cárceles, entre crisis e improvisación | El Nuevo Siglo
Viernes, 17 de Marzo de 2017

La política carcelaria en Colombia siempre ha estado en el ojo del huracán. No solo por la crisis estructural en el sistema de prisiones, sino por los constantes cambios en la legislación penal y de procedimiento penal. A ello se suma el populismo punitivo que llevó a que en los últimos años se tipifique de manera desordenada e incoherente una serie de delitos que no responden a una Política Criminal y sí, en su defecto, a la nefasta costumbre de creer que cada hecho de  impacto público negativo se soluciona con elevarlo a los códigos.

Precisamente este año se han conjugado varias circunstancias que ponen de presente cómo la política carcelaria se encuentra en una situación muy compleja. De un lado, la Defensoría del Pueblo pidió a la Corte Constitucional que ordene el cierre de las prisiones de Bellavista (Antioquia) y de La Guajira por considerar que sus instalaciones tienen un estado precario, soportan un alto hacinamiento y no se puede garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Dichas decisiones están sustentadas en sendas sentencias y autos del máximo tribunal que obligan al Estado a superar la crisis que atraviesa todo el sistema carcelario y presentar informes periódicos al respecto a los magistrados. 

De otro lado, también se conoció hace un par de semanas un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja según el cual en los reclusorios se registra una grave situación humanitaria y la Política Criminal no está dando los resultados esperados. Incluso la entidad advirtió que el hacinamiento está por encima del 52,5 por ciento, a lo que se suman las deficiencias en el sistema de salud y de resocialización de los penados. Dicho diagnóstico abrió de inmediato un debate en torno a si la legislación penal en Colombia está bien encaminada, sobre todo en cuanto a los casos en que se hace necesario restringir la libertad de los sindicados y condenados, o debería buscarse otros mecanismos alternativos que permitan aplicar un castigo eficiente al infractor sin llegar a recluirlo en prisiones que cada día se confirman más como ‘escuelas del crimen’.

De igual manera a comienzos de este mes el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez,  pidió al entonces ministro entrante de Justicia retirar un proyecto de ley que reforma el Régimen Penitenciario advirtiendo que un artículo de esta iniciativa podría generar que muchos delincuentes capturados terminaran de nuevos en las calles. Según el jefe del ente acusador el cuestionado artículo obligaba a que para cada detención se debería solicitar un certificado al Inpec sobre la disponibilidad de cupo en las prisiones y el cumplimiento en estas de los lineamientos básicos en materia de derechos humanos. Si no se tenía tal certificación, el juez no podría ordenar una medida de reclusión intramural al capturado. Según trascendió, el proyecto ya fue corregido pero sigue supeditado a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre la obligación del Estado de garantizar un sistema de prisiones que no viole los derechos fundamentales de los reclusos.

Ahora, con ocasión de la visita del Papa Francisco, confirmada para septiembre próximo, el Gobierno y distintos partidos políticos se lanzaron a una especie de carrera sobre proyectos de “jubileo penal”, mediante los cuales se busca que con ocasión de la visita del Sumo Pontífice se otorgue una rebaja de penas a toda la población de presos. Las iniciativas hasta ahora conocidas difieren no sólo en el porcentaje de disminución de las condenas, sino también en cuanto a la población de reclusos que podría ser finalmente beneficiada.

Todo lo anterior lo único que confirma es que Colombia requiere la reformulación integral de su Política Criminal. No se puede seguir modificándola a pedazos y menos aún al calor de las coyunturas y los pareceres cambiantes del Gobierno, los partidos y el Congreso. La crisis carcelaria y la incoherencia de algunas reformas a los Códigos Penal y de procedimiento Penal están más que diagnosticadas, como también que muchas de las medidas tomadas en los últimos años para restringir los casos en que una persona es enviada tras las rejas o es excarcelada, obedece más a la necesidad de disminuir el hacinamiento en las prisiones que a una nueva filosofía penitenciaria dirigida a la prevención y resocialización.