Lo único claro, al cierre de la semana, sobre cómo se infiltró el dinero de la cuestionada multinacional Odebrecht en las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos tanto en 2010 como en 2014, es que alguien está mintiendo.

La confesión de Roberto Prieto, gerente de ambas campañas, en torno a que ese consorcio brasileño (que hoy por hoy protagoniza el mayor escándalo de corrupción a nivel latinoamericano y que tiene a varios presidentes en la mira) sí pago por dos millones de afiches de “Santos presidente” en 2010, fue el detonante que removió todo el escenario político colombiano.

“Esto es una realidad y lo tengo que decir honestamente, fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar, y lo voy a aceptar”, dijo Prieto, quien en una entrevista radial aceptó lo que la Fiscalía ya venía investigando desde hace dos semanas, teniendo gran parte de pruebas sobre la forma en que esos cuatrocientos mil dólares que valieron los dos millones de afiches fueron ordenados y pagados por esa empresa.

Pero la pregunta de fondo es quién fue el que contactó a los delegados de esa multinacional y cómo se acordó que esta financiara, a través de un contrato con una empresa con sede en Panamá, la elaboración del material publicitario y que su costo fuera cancelado directamente por la multinacional, sin que apareciera referenciado en las cuentas que esa campaña radicó después de su triunfo en las urnas ante el Consejo Nacional Electoral.

Según Prieto, a él le dijeron que enviara la factura a Odebrecht y cumplió con hacerlo sin más. Sin embargo, el tesorero de la campaña en 2010, Santiago Rojas, hoy director de la DIAN, salió de inmediato a replicar que nunca supo de tal transacción ni se le reportó factura alguna que la sustentara. De igual manera el comité financiero que debía filtrar todas las aportaciones a la campaña, sostuvo que tampoco le fue comunicado que la multinacional estuviera pagando por esos dos millones de afiches, si bien aceptó que sí hubo una reunión con los delegados de la empresa en la que, según ellos, se les dejó claro que la ley colombiana prohibía a los candidatos recibir aportes de personas jurídicas y extranjeras.

En medio de todo ese cruce de señalamientos y excusas, lo cierto es que no se sabe quién pactó la compra de esos afiches y quién ordenó que la factura se le remitiera a Odebrecht.

Pero aun con esa duda a bordo, que termina siendo un elemento fundamental para establecer la ruta de la infiltración de esos recursos a la campaña uribista-santista de 2010 (no hay que olvidar que el entonces candidato tenía el guiño del saliente Jefe de Estado), el propio Primer Mandatario decidió aceptar públicamente lo que ya era vox populi en todos los corrillos políticos y jurídicos del país.

Visiblemente impactado por las declaraciones de Prieto y aceptando que sí hubo dineros ilegales de la multinacional brasileña en su campaña de 2010, Santos se apresuró a advertir que “no autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, sostuvo el Primer Mandatario. Ante la evidencia incontrastable de la confesión de Prieto, Santos no tuvo opción distinta a presentar “excusas” a los colombianos “por este hecho bochornoso que nunca debió suceder y del que me acabo de enterar”.

Advirtiendo la gravedad de todo lo que estaba sucediendo y las implicaciones que ello tendría, toda vez que semanas atrás había defendido a capa y espada a Prieto y recalcado que sus campañas no fueron infiltradas, el Jefe de Estado se vio en la necesidad de recalcar que “esta violación de las normas de la campaña no suponen, ni pueden suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno”.

Y, por último, Santos reclamó que todos los responsables pusieran la cara ante la justicia, evidenciándose, según fuentes de la Casa de Nariño, que la confesión de Prieto lo tomó por sorpresa. Es más, al comienzo de la semana había trascendido que el domingo el Presidente se había reunido con Consuelo Caldas, quien hizo parte del comité de campaña en 2010 y ella le habría asegurado que no hubo tal infiltración pero sí una reunión, en el hotel Casa Medina a comienzos de ese año, en la que se descartó recibir dinero de esa empresa por ser internacional y persona jurídica.

Sin embargo dos días después todo ello se vino al piso con la confesión de Prieto. Aunque tanto él como Rojas y todo el comité financiero insistieron que el entonces candidato no tuvo ninguna responsabilidad en el manejo económico de la campaña, y que había dado instrucciones muy claras de crear filtros impasables a dineros cuestionables, lo cierto es que el mea culpa de Santos fue para la mayoría de la opinión pública y del llamado “país político” como una petición de perdón no solo tardía sino poco creíble.

Interbolsa también

Pero si la situación necesitaba una complicación más, esta no tardó en llegar. Varios medios de comunicación empezaron a filtrar que el expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, iba a presentarse a la Fiscalía para entregar el soporte de un cheque por ciento cincuenta mil dólares que esa empresa -protagonista de uno de los descalabros financieros más graves de los últimos años- habría entregado a Prieto para la campaña de 2010.

De esta forma no solo se enlazaban dos de los escándalos más graves de la última década en nuestro país, sino que se empezó a configurar una especie de presunto ‘patrón de acción’ en el que muchos dineros habrían entrado a la causa santista hace siete años pero no fueron reportados al CNE.

Esto, para muchos analistas y críticos del Gobierno, no solo dejaba en evidencia un proceder ilegal y tramposo de las campañas del hoy Jefe de Estado, sino que alimentó las hipótesis en torno a que Odebrecht, que ha confesado en Estados Unidos que tenía un departamento encargado de sobornos para hacerse a los contratos de obras públicas en todo Latinoamérica, infiltró estas contiendas proselitistas con el ánimo de ‘cobrar’ después los aportes económicos, a través de asignaciones mañosas de licitaciones y obras, como se está investigando, con protagonistas ya confesos, en los casos de la Ruta del Sol II y la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.

Como lo dijera una alta fuente de la Casa de Nariño: “Prieto dejo al gobierno sub júdice”.

Credibilidad cero

Pero así como el presidente Santos decía, semanas atrás, que con el primer señalamiento de la Fiscalía a su campaña de 2014 “ya el daño estaba hecho”, en referencia a que no era fácil despejar esa sospecha de la opinión pública, la confesión esta semana de Prieto y las excusas presentadas por el Jefe de Estado, prácticamente acabaron la credibilidad del Ejecutivo en todo este escándalo, sea ampliamente culpable o no.

Sería ingenuo negar que para la ciudadanía, después de lo ocurrido esta semana, será muy difícil creer que funcionarios que trabajaron tanto en el gobierno Uribe como en el de Santos no tuvieron nada que ver con el soborno de 6,5 millones de dólares que, a través del hoy preso ex viceministro Gabriel García, se tramitaron para asegurarse la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Y menos aún hay margen de acción para que los colombianos, mas allá de lo que termine determinando la Fiscalía y los jueces, no crean que en la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra hubo sobornos. Como se sabe, dentro de este caso ya está capturado el ex senador Otto Bula, así como dos empresarios que ayudaron a mover parte de los 4,5 millones de dólares de Odebrecht para este contrato.

Ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia alista indagación preliminar contra las exministras del gobierno Santos, Gina Parody y Cecilia Álvarez, en tanto qué tiene en la mira a doce congresistas.

De otro lado por más que Prieto y su amigo Andrés Giraldo han insistido en que Bula nunca les entregó 1 millón de dólares provenientes de los sobornos de Odebrecht, lo cierto es que esa versión hoy tampoco tiene mucha credibilidad, porque ese mismo gerente de las campañas había negado reiteradamente semanas atrás nexo alguno con esa empresa pero esta semana admitió lo contrario.

Igual puede decirse de los datos que tiene la Fiscalía en torno a que la misma cuestionada empresa brasileña, financió una encuesta de cara a la campaña de 2014 para el entonces Presidente-candidato. Los responsables de esta última han dicho que tenían su propia encuestadora y que no hubo ningún contrato con la firma de publicidad Sancho para ese efecto, a través de una firma en Panamá. Sin embargo el ente acusador tiene declaraciones y pruebas documentales sobre la dicha  encuesta y que esta se habría pagado como una forma de que la empresa brasileña se acercara al gobierno Santos, para destrabar el pago de reclamaciones por más de cien millones de dólares derivados del contrato de la Ruta del Sol II.

Si bien el presidente Santos admitió la semana pasada que Odebrecht sí trató de infiltrar su campaña pero que no pudo, y prueba de ello es que nunca se le pagaron esas reclamaciones y luego demandó al Estado por más de setecientos mil millones de pesos, tras la confesión de Prieto esta semana todas esas declaraciones quedaron bajo sospecha.

Factor Prieto

Pero si a esta “tormenta perfecta” todavía le faltara algún elemento para agravar más el escenario, ese también vino por parte del propio Prieto.

Esta semana desde varios medios e incluso los entes de control, se empezó a poner en evidencia que las firmas y empresas de propiedad de quien fuera el manejador de ambas campañas presidenciales de Santos, o de sus familiares, han obtenido millonarios contratos con el Estado a lo largo de siete años.

Los cálculos son variados, mientras algunos hablan de no más de diez mil millones, la Procuraduría estaría investigando transacciones por más de veinte mil millones, pero otras pistas sostienen que esa cifra se sobrepasó sustancialmente.

Las sospechas sobre el accionar de Prieto se hicieron aún más grandes luego de que la prensa revelara el itinerario de muchas de sus visitas a entidades hoy en el ojo de huracán, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –cuyo director ya fue llamado a interrogatorio- en distintas épocas en los últimos años.

El señalado empresario, cada vez más acorralado, reaccionó diciendo que efectivamente había realizado tales gestiones porque también trabajaba, sin ser funcionario público, como lobista o quería evitar que algunas empresas que tenían problemas con el Estado por obras públicas se fueran del país.

Es más en sus primeras declaraciones el propio Prieto llegó a decir que el presidente Santos sabía de todas esas visitas suyas a entidades públicas. La afirmación causó estupor y sorpresa a nivel nacional, incluso al propio Jefe de Estado que tan pronto como fue informado de lo dicho por su exgerente de campaña lo conminó a rectificar de inmediato. Este efectivamente lo hizo pero, para traer a colación las propias palabras del Presidente semanas atrás, “el daño ya está hecho”.

Tsunami político judicial

Luego de todo lo ocurrido esta semana, es claro que el Gobierno quedó en el peor de los escenarios, incluso mediando la petición del presidente Santos al CNE en torno a que, tras todo este alud de hechos alrededor de Prieto y compañía, se analice la posibilidad de levantar la caducidad de las investigaciones sobre la campaña electoral de 2010.

Aunque esa entidad no tomó ninguna decisión de entrada y delegó el caso a dos de sus magistrados, en medio de un rifirrafe sobre el origen político de los integrantes del alto tribunal, lo cierto es que si llegara a determinar que ya pasaron los tres años de plazo para investigar las campañas de 2010 y son asunto cerrado, toda el agua sucia seguiría cayendo sobre el propio Gobierno.

Pero si, por el contrario, el CNE decide reabrir esas cuentas, es claro que con la admisión de culpa de Prieto, las excusas del presidente Santos, las denuncias de Interbolsa y otros casos que investiga la Fiscalía pero que no han trascendido a nivel público, las sanciones administrativas y las investigaciones penales contra la cúpula santista en ambas campañas terminarán en fallos de culpabilidad.

Como se ve, la que hoy termina es una de las más complicadas semanas del presidente Santos en sus siete años de gobierno, sino la más crítica. Ni siquiera en los momentos más difíciles del proceso de paz, el propio Jefe de Estado, su credibilidad y la legitimidad de sus dos elecciones, habían sido tan puestas en duda.

¿Qué puede pasar ahora? Nadie lo sabe. Lo que se ha demostrado a lo largo de este escándalo es que lo que en una semana se da como un hecho cierto, en la siguiente se evidencia como sospechoso o incluso es desmentido. Lo único cierto es que en materia de la infiltración de los dineros de Odebrecht en la campaña santista-uribista de 2010 y las campañas santista y uribista en 2014 no solo falta mucho por conocer, sino que hay que descubrir a todos los que están mintiendo.