Con la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del informe de Conciliación, con 95 votos a favor, se dio por terminada la etapa de discusión y ajustes especiales al proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 y quedó vigente la reforma que pretenderá la construcción de una paz estable y duradera. El Senado hizo lo propio en Plenaria del miércoles 22 de marzo.
Esta reforma constitucional asegurará el cumplimiento del Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP (incluyendo la seguridad jurídica, justicia transicional, el proceso de desarme, la desmovilización y la reintegración de miembros de esa guerrilla).
Con medidas restaurativas, reparadoras y retributivas se garantizará que este sistema integral de justicia acabe con la situación de exclusión social que han sufrido las víctimas durante el conflicto armado. Ahora, los ciudadanos que se han visto afectados accederán al reconocimiento de sus derechos, especialmente en lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad de lo ocurrido por parte de los que participaron, de manera directa o indirecta, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP será el mecanismo judicial de este sistema integral, encargado de administrar la justicia (de manera transitoria y autónoma) a través de sus propias resoluciones o sentencias. Esta justicia especial será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.
El ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición’ pone a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz (como se establece en el quinto punto), incluye también los mecanismos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Así las cosas, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición, sistema con el que se pretende resarcir a las víctimas bajo un enfoque territorial, diferencial y de género especialmente de víctimas mujeres, de niños y niñas, y de poblaciones más vulnerables afectadas por el conflicto armado durante más de 50 años de guerra, será tenido en cuenta durante el periodo de implementación y desarrollo del Acuerdo Final.
La JEP será el mecanismo judicial de este sistema integral, encargado de administrar la justicia (de manera transitoria y autónoma) a través de sus propias resoluciones o sentencias. Esta justicia especial será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.
El ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición’ pone a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz (como se establece en el quinto punto), incluye también los mecanismos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Así las cosas, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición, sistema con el que se pretende resarcir a las víctimas bajo un enfoque territorial, diferencial y de género especialmente de víctimas mujeres, de niños y niñas, y de poblaciones más vulnerables afectadas por el conflicto armado durante más de 50 años de guerra, será tenido en cuenta durante el periodo de implementación y desarrollo del Acuerdo Final.