Para depurar el ejercicio de la actividad política hay que proscribir los elementos que no son de convicción, que no son doctrinarios y que no tienen una relación íntima con las ideas, decía Álvaro Gómez. También sostenía que los dirigentes del radicalismo liberal y de la gramática conservadora tenían una manera de ver la política mucho más noble y con más proyecciones intelectuales, tenían un concepto general de las ideas y del manejo del Estado.

Agregaba que “ninguno de esos personajes tuvo una vinculación con el dinero, ni con los grupos económicos de su época. Ninguno puede decirse que hubiera sido patrocinado por un comerciante, por un exportador, por un minero, ninguno estuvo vinculado a ese fenómeno de comercio o de influencias del Estado que derivan en el otorgamiento de licencias, concesiones, contratos oficiales…. Ninguno de esos personajes tuvo negocio.”

En la actual coyuntura de la vida del país estamos viviendo un fenómeno de escepticismo que circunda las entidades oficiales y, de algún modo, lo que signifique servicio público. Así lo reflejan las encuestas. Ello debe ser materia de inquietud y de preocupación porque no podemos permitir que se deslegitimen las instituciones del Estado en grave perjuicio de los valores del sistema democrático. Todo ello es consecuencia de las manifestaciones de corrupción que se han venido conociendo.

Para enfrentar este complejo panorama se requieren medidas audaces que busquen replantear la estructura del funcionamiento del sistema político. Mientras allá llegamos, hay algunos mecanismos que se pueden ir adoptando en la lucha contra este flagelo que nos corroe, como, por ejemplo, la necesidad de ubicar en alerta roja los municipios, departamentos y entidades más propensos a actos de corrupción con el acompañamiento preventivo de los órganos de control del Estado. Del mismo modo, que se revise la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales y adoptar como “criterio sospechoso” la figura del proponente único.  Así mismo, la Superintendencia Bancaria debería adoptar alguna medida para evitar la flexibilidad de los bancos en la autorización de créditos a contratistas con antecedentes o con problemas financieros.

Nuestros gobernantes, desde Bolívar, siempre han sido ejemplo de probidad y pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Don Marco Fidel Suárez no se cayó del poder por haberse apropiado de un peso, sino por haber “empeñado” su sueldo para obtener un préstamo y poder sufragar los costos de la enfermedad de su hijo Gabriel. Para atender los gastos del funeral del Libertador se hizo una colecta porque los fondos del municipio de Santa Marta no alcanzaban; inclusive, “hubo que acudir a una camisa del general José Laurencio Silva, porque en el baúl de su ropa no quedaba sino una que estaba usada y rota en la perchera. Su catafalco fue depositado sin lápida en una pequeña cripta que la familia Díaz Granados tenía en los aledaños del altar de San José en la catedral de Santa Marta.” Y ese era el hombre más grande de América.