La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia en los últimos años se mantiene, según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2016 (de Naciones Unidas) y el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos. Los dos estudios fueron conocidos ayer.

El informe del Departamento de Estado norteamericano se puede leer en inglés aquí http://bit.ly/2mg05lY, en tanto que el de la JIFE se puede leer completo en inglés aquí http://bit.ly/28ThBYO y un resumen ejecutivo en español aquí http://bit.ly/28Yek6E.

En el caso de la JIFE indica que la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca ha venido aumentando desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. 

Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano  estima en el Reporte de la Estrategia Internacional de Control a los Narcóticos “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013”. 

Agrega que el cultivo de coca aumentó notablemente en el departamento del Cauca (27.000 hectáreas, un incremento de 116 por ciento), en el departamento de Norte de Santander (30.500 hectáreas, un aumento de 85 por ciento) y en el departamento de Putumayo (22.000 hectáreas, un aumento de 76 por ciento). 

Dijo también el Departamento de Estado que Norte de Santander se convirtió en el principal departamento de cultivo de coca. Nariño y Antioquia aumentaron en menos de 25 por ciento cada uno, pero redondean las cinco principales regiones de cultivo de coca en Colombia con 26.000 hectáreas y 13.500 hectáreas, respectivamente. Solamente Arauca experimentó una disminución significativa en el cultivo de coca, cayendo 77 por ciento de 590 hectáreas a 130 hectáreas.

Explica que varios factores han contribuido al aumento general del cultivo de coca en Colombia desde 2014. En primer lugar, los informes indican que las Farc instaron a los cocaleros a plantar más coca, supuestamente motivados por la creencia de que la inversión y los subsidios del Gobierno colombiano después del acuerdo de paz se concentrarán en las regiones con mayor cantidad de coca. En segundo lugar, el Gobierno redujo las operaciones de erradicación en áreas controladas por las Farc para reducir el riesgo de conflicto armado a medida que las partes negociaban un acuerdo de paz definitivo. 

Tercero, las tácticas empleadas por los cocaleros han reducido significativamente la eficacia de los esfuerzos de erradicación de la coca, por ejemplo  emplean técnicas de bloqueo para evitar que los erradicadores accedan a los campos.
Agrega el Departamento de Estado que Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como el país de origen de la heroína y marihuana. “Aunque el Gobierno colombiano sigue luchando contra la producción y tráfico de drogas ilícitas a través de operaciones de erradicación, interdicción agresiva, y la actividad de aplicación de la ley, la producción potencial de cocaína pura en 2015 (el año más reciente para el que se fecha disponible) aumentado un 60 por ciento a 495 toneladas métricas (MT), por encima de 185 MT 2014 la producción”.

Dice también el reporte que “mientras que el Gobierno de Colombia continúa con los esfuerzos de interdicción contra las organizaciones de tráfico y las redes delictivas, las cifras preliminares estimadas de cultivo de coca y cocaína de producción para 2016 indican un crecimiento dramático en el cultivo y la producción de cocaína”.

Es por ello que según el informe el gobierno de Estados Unidos continúa alentando a Colombia a seguir su lucha contra el narcotráfico y avanzar en las actividades de desarrollo económico, incluyendo la erradicación, en las zonas de cultivo de coca significativa.

En ese sentido también el Departamento de Estado señala que la implementación de los acuerdos de paz requerirá del Gobierno de Colombia dedicar recursos sin precedentes para mejorar la presencia del Estado, mejorar la seguridad, aumentar los servicios públicos, la construcción de infraestructura y generar oportunidades económicas lícitas en regiones históricamente influenciadas por grupos delictivos organizados. 

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Narcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, anunció que viajará la semana entrante a Colombia con el propósito de reunirse con altos funcionarios del gobierno Santos para tratar en detalle la problemática del incremento de los cultivos de coca y la producción de cocaína. 

La JIFE 

El organismo de Naciones Unidas considera que “las expectativas generadas en torno a las negociaciones del proceso de paz podrían haber contribuido a que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo y podrían haber motivado un auge de los cultivos ilícitos”.

No obstante pone de relieve que “la cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015, explicaría por qué el cultivo de arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país”.

Según la Unodc, durante el período 2001-2014 se deforestó un promedio anual de 22.400 hectáreas para el cultivo del arbusto de coca en Colombia. El organismo informó además que mediante imágenes satelitales, se habían descubierto concentraciones persistentes de cultivo de arbusto de coca en algunos de los parques nacionales de los tres países productores de coca (Bolivia, Colombia y Perú). Las zonas protegidas más afectadas fueron los parques nacionales Sierra de La Macarena, Tinigua y Los Picachos, en Colombia.

El informe indica que “América del Sur siguió siendo prácticamente el único proveedor de cocaína de los mercados de uso indebido de drogas de todo el mundo. Por lo tanto, América del Sur siguió concentrando la mayor parte de la incautación mundial de cocaína. La superficie mundial dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó en 2014 como resultado del notable ascenso experimentado en Colombia, si bien, según la Unodc, el Estado Plurinacional de Bolivia redujo la superficie dedicada al cultivo ilícito de arbusto de coca”.

En materia de marihuana el informe 2016 de la JIFE indicó que  durante el período 2009-2014, Colombia y Paraguay fueron los principales países de origen de la hierba de cannabis que se encontraba en los mercados de drogas ilícitas. 

El organismo de Naciones Unidas también reseña que en diciembre de 2015, el Gobierno de Colombia promulgó el Decreto 2467, por el que se autorizan el cultivo y el establecimiento de un mercado lícito de cannabis con fines médicos y científicos. 

Según esta normatividad el cultivo personal para consumo con fines médicos de hasta 20 plantas de cannabis está exento de la obligación de tener licencia, frente a lo cual la JIFE señala que “esa exención podría dar lugar a la desviación de cannabis al mercado ilícito”. 

Destaca el organismo que el régimen jurídico introducido por este Decreto no despenaliza el cultivo, la posesión ni la adquisición de cannabis con fines no médicos. 

Agrega que “una vez más, la Junta desea señalar a la atención de todos los Gobiernos que las medidas que permiten la utilización del cannabis con fines no médicos infringen las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.

Empero llama la atención a todos los Gobiernos sobre la “posición que ya había transmitido de que el cultivo personal de cannabis con fines médicos es incompatible con la Convención de 1961 en su forma enmendada, entre otras razones, porque exacerba el riesgo de desviación. Todos los programas de uso de cannabis con fines médicos deben elaborarse y aplicarse bajo la plena autoridad del Estado de que se trate”.

Acuerdo de paz

Una mención especial hizo la JIFE en su informe del año 2016 sobre el impacto que tendría el acuerdo de paz con las Farc en la reducción de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia.

Como se dijo anteriormente el organismo considera que una de las razones para el incremento de 69.000 hectáreas a 96.000 hectáreas en cultivos de coca entre 2014 y 2015 sería que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo. Pero también “se espera que el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenga un efecto positivo sobre, entre otras cosas, la situación de la fiscalización de drogas en el país”.

La JIFE destacó que en noviembre de 2016 se firmó un acuerdo revisado con las Farc, después de que el 2 de octubre del mismo año en un plebiscito no fuera refrendado por los ciudadan0s un primer acuerdo.

Uno de los pilares del acuerdo de paz es el capítulo sobre el problema de las drogas ilícitas, frente a lo cual la JIFE en el citado informe le dice a Colombia que “la Junta queda a disposición de las autoridades para la aplicación del acuerdo, en el ámbito de su mandato, en lo que respecta a la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.

Batalla contra el narcotráfico

El informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada. 

Destacó que mientras en Bolivia la incautación de cocaína disminuyó de 22,3 toneladas en 2014 a 21,2 toneladas en 2015, los niveles más bajos registrados desde 2007;  Colombia siguió siendo el país con el mayor volumen de incautación anual de cocaína en el mundo. 

Las incautaciones de cocaína por las autoridades colombianas  aumentaron de 209 toneladas en 2014 a 252 toneladas en 2015, aunque esto va “en consonancia con el pronunciado aumento del cultivo del arbusto de coca y la producción potencial de cocaína en 2014 y 2015”.

Recoge también la JIFE que el Gobierno de Colombia anunció en abril de 2016 que reintroduciría el uso del herbicida glifosato, mediante la aspersión manual por los equipos de erradicación, en lugar de hacerlo desde aeronaves.

Autoridades presentan resultados

Entre enero y febrero pasados han sido erradicadas 5 mil hectáreas de coca de las 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos que se tienen como meta para este año, señaló en días pasados el presidente Juan Manuel Santos. 

De igual forma destacó que 55 mil familias ya firmaron acuerdos para sustituir 38 mil hectáreas de coca por cultivos lícitos.

“Si logramos esta sustitución de cultivos ilícitos por vía de los acuerdos más la erradicación forzada, tenemos una oportunidad histórica de superar de manera sostenible el problema de los cultivos ilícitos, de dejar ser por primera vez el mayor exportador de cocaína en los mercados mundiales”, dijo Santos.

Indicó que en las regiones donde no se logren acuerdos con los campesinos, el Gobierno “mantendrá y va a intensificar las labores de erradicación que lidera la Fuerza Pública”.

En ese orden de ideas afirmó que la erradicación forzada es una política que “vamos a aplicar”.

En tanto que el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, indicó que “sustitución voluntaria abre un nuevo capítulo en la lucha contra las drogas que permitirá transformar los territorios”.

Por su parte ayer, el comandante de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, informó que en lo corrido del presente año se han incautado 35 toneladas de clorhidrato de cocaína, “también se han incautado más de seis toneladas de base de cocaína”, indicó el uniformado.

Añadió que también “hay un aumento considerable de incautación de sustancias, buscando, desde luego, afectar la producción de estupefacientes. Y afectar la intención de crecer los cultivos. Si no hay posibilidades de que salga la droga, que es lo que le interesa al narcotraficante, lograremos una disminución o una intención de que no se sigan aumentando los cultivos ilícitos en Colombia”.

En tanto que el ministro de Justicia (e), Carlos Medina Ramírez, dijo que “en materia de control de precursores el sistema es bastante débil, no tenemos un régimen sancionatorio que nos permita atacar con fuerza a las personas y a las empresas que desvían sustancias químicas en el país, y en ese sentido estamos haciendo unas propuestas para reformar todo el modelo de control y vigilancia”.

Así mismo, el Ministro (e) enfatizó en la necesidad de intervenir al actor industrial del mercado, en este caso los cristalizaderos, que provocan el crecimiento de los cultivos ilícitos. “Si logramos combatir esta actividad, que está asociada al narcotráfico, alcanzaremos una reducción significativa de esta práctica ilegal”. Señaló además que la erradicación en Colombia no está planteada de manera gradual, sino definitiva, y esto, sumado a una intervención en contra de dicho actor industrial, podría ayudar a Colombia a salir de los listados de productores y comercializadores.

Finalmente planteó la necesidad de modificar la Ley 30 de 1986, no por estimar que sea obsoleta, sino teniendo en cuenta que es una norma anterior a la Constitución de 1991 y a la Convención de 1988. Por ejemplo explicó que es necesario establecer que la judicialización no debe hacerse por peso, sino por dosis.