Armas a discreción de la ONU | El Nuevo Siglo
Jueves, 2 de Marzo de 2017

La entrega paulatina de las llamadas armas inestables o artesanales así como algunos explosivos para custodia de la ONU, en paralelo a la amnistía de mil doscientos combatientes de las Farc, cumple con el itinerario planteado en el Acuerdo del Colón como cuota inicial del desmonte de estas. De tal modo, se sigue la ruta establecida sin inconvenientes. Que es, precisamente, lo que de antemano esperaba la opinión pública y por lo cual no parecerían darse sorpresas ni suscitarse situaciones inesperadas, salvo por el incumplimiento de algunos tecnicismos, que no deben afectar de modo grave los protocolos, y alguna negligencia gerencial típica de la morosidad estatal.

Se lleva así a cabo, por lo demás, la primera parte del cronograma que se tiene pactado a fin de que, el próximo junio, todas las armas queden a buen recaudo y terminen, una vez fundidas, de material para estatuas o monumentos. Desarme definitivo que, de la misma manera, debe mantenerse dentro de las cláusulas acordadas, sin que ello produzca noticia diferente al hecho procedimental y la concreción de lo ya sabido.

Aunque algunos sostienen, en opiniones y columnas de prensa, que se sorprenden de que el desarme inicial no hubiese tenido mayor impacto en la opinión pública, la buena noticia es precisamente esa: que como todo viene cumpliéndose sin sobresaltos no hay registro diferente al acto, al igual que ocurrió en su momento con la entrega de las armas por parte de los paramilitares, hecho previsto y natural de la desmovilización. Es, por decirlo de alguna forma, lo normal dentro de los requerimientos que se dictaminaron tiempo atrás y fueron incluso ya votados, hace meses, en el plebiscito denegado y luego aceptados a través de la espuria refrendación del Acuerdo del Colón en una secundaria proposición parlamentaria.

En tanto, la amnistía cobra repentinamente un interés adicional, una vez introducida por el embudo del “fast track”, porque la Corte Constitucional ha pedido concepto a la Corte Penal Internacional (CPI) para, sobre esa base, declarar la exequibilidad o no de la ley correspondiente. El tema, incluso por encima de la entrega de armas, pasó relativamente inadvertido esta semana, pero de ese concepto dependerá mucho de lo que actualmente está en trámite. La CPI, a no dudarlo, verá en ello la oportunidad de pronunciarse sobre las generalidades del proceso de paz, más allá inclusive de la propia amnistía. Y como se sabe, ahí allí una grave discrepancia jurídica, luego de una dura carta de la Fiscal de la Corte en la que advirtió, para el caso de la justicia transicional, que en esa instancia internacional no aceptarían el concepto penal adoptado en Colombia sobre la responsabilidad de mando dentro de las jerarquías militares. Quieren, allá, la definición maximalista, es decir aquella taxativa del Estatuto de Roma, con las lesivas consecuencias sobre el cuerpo castrense colombiano. Por lo visto, a pesar de que el Congreso ha optado por no incluir el polémico artículo 28 del Estatuto, el torbellino se mantiene activo y pendiente de nueva opinión de la CPI.

Al mismo tiempo, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) parece tener un nuevo frente de acción entre Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador, en cuanto al acotamiento de la órbita judicial, en el próximo y último debate parlamentario. Al menos las directivas conservadoras han anunciado que trabajan con los senadores “radicales” sobre la materia, ajustando la ponencia oficialista. Como se sabe, el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, hubo de marginarse de la coordinación de la ponencia por alegar desconfianzas del gobierno, lo que asimismo lo llevó a renunciar a la mesa con el ELN. En este caso, conservadores, “radicales” y congresistas del Centro Democrático podrían obtener las mayorías y en algo satisfacer el resultado del plebiscito o dar curso a las advertencias que en su momento dejó entrever el Vicepresidente de la República sobre el tema, dando un sí condicionado en la jornada plebiscitaria.

Por lo pronto, está bien que se adelante el desarme de las Farc tal y como está presupuestado. Es posible que ello sea un tema que la opinión pública dé por descontado, lo que no le quita por supuesto validez. Lo grave, claro está, sería lo contrario y descubrir que no se está cumpliendo con el núcleo central del proceso de paz. No hay nadie en el país que no quiera la destrucción de las armas de las Farc, pese a las malas noticias de las disidencias. Y eso es lo que, de alguna manera, Colombia ya ha dado como un hecho de mera formalidad después de la adjudicación del Premio Nobel.