No transcurrió mucho tiempo para que se hiciera realidad la predicción del Procurador de que por obra de la graciosa concesión a las Farc de suspender la fumigación aérea con glifosato, pronto el país nadaría en coca. De acuerdo con fuentes policiales, al cierre del 2015 habría en Colombia entre 80.000 y 100.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que significaría que en menos de dos años se duplicó el área en relación con el resultado del 2013, con evidente empuje desde octubre de 2015 y en clara confirmación de la advertencia del jefe del Ministerio Público.  El ministro Rafael Pardo, al lamentar el aumento del área sembrada, culpó de ello al hecho de que “el Estado colombiano perdió quizás su principal instrumento de contención a los cultivos de coca, que es la fumigación aérea con glifosato”. A ese lamento tardío, se suma el extemporáneo descubrimiento del ministro de Defensa de la estrategia de la guerrilla en la Mesa de la Habana, consistente en generar “…falsas expectativas en las regiones con cultivos de coca, anunciando que pueden servir de palanca para nuevos programas sociales o de intervención en materia agrícola, sustitución, mejoramiento de la infraestructura…”

 

Lo cierto es que a la suspensión de la fumigación aérea, fundada en deficientes estudios, hoy muy controvertidos científicamente, se sumó la significativa disminución de las toneladas  de cocaína incautada, de 252 en el 2015 a 16.9 en el 2016 (enero), así como los pobres resultados de la erradicación manual sujeta a la amenaza de los narcotraficantes de toda índole.  

 

Por acción o por omisión se ha favorecido a las Farc, que han visto sus ingresos aumentar exponencialmente, con el consiguiente fortalecimiento de sus actividades delictivas a las que no están dispuestas a renunciar. Se ha asestado un golpe letal a la erradicación y sustitución, lo que deja al Gobierno huérfano de políticas y estrategias para combatir el narcotráfico y librar al país de los flagelos derivados de la producción, consumo y comercialización de los narcóticos. Y si a ello se suma que atender a las familias dedicadas a los cultivos ilícitos costaría aproximadamente 4.8 billones anuales, que se agregarían a otros cuantiosos billones que requerirá el eventual posconflicto, lo que está ocurriendo es la claudicación en la lucha contra las drogas ilícitas, bajo el disfraz de una nueva estrategia que tiene mucho de permisiva y poco de preventiva  

 

¿Será esa la finalidad de la nueva política antidroga que propone nuestro presidente?