CUANDO ESTÁ a punto de abrirse el histórico proceso contra 12 separatistas catalanes por la tentativa de secesión de Cataluña, el Estado español ha salido en defensa de la independencia de su sistema judicial, sabedor de que existe un problema de imagen.

Los separatistas califican de "farsa" el proceso ante el Tribunal Supremo, y no son los únicos en poner en duda la independencia de la justicia española. La oposición de derecha acusa al gobierno socialista de presionar a los magistrados, y varios tribunales europeos se han mostrado reticentes a secundar sus decisiones.

En respuesta, el gobierno entregó recientemente a la prensa extranjera un voluminoso dossier para demostrar que la justicia española es tan virtuosa como la de los países europeos vecinos, apoyándose en clasificaciones de la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la oenegé Transparencia Internacional.

Si la justicia no fuera independiente no habría enviado a prisión por corrupción a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, ni habría provocado la caída del gobierno conservador de Mariano Rajoy investigado sobre la financiación ilegal de su partido, resalta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Según lamenta, hay una "gran campaña de desprestigio de la institución judicial española".

Madrid reconoce que hay un problema de imagen. En términos de percepción de independencia del poder judicial por parte de la gente, España se sitúa en 23ª posición de los 28 países de la UE, según la Comisión Europea.

"Haremos que quien acabe sentado en el banquillo de los acusados sea el Estado", lanzó desde la prisión el principal acusado, Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno regional catalán. Según él, las audiencias permitirán "desmontar esta farsa" que es el juicio.

En su discurso, los separatistas se presentan como "presos políticos", víctimas de una "represión" que comparan con la que asoló a España durante el franquismo. Y todo por haber organizado el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia, y proclamado en vano la independencia de Cataluña.

En una decisión publicada a fines de enero, el Supremo respondió que no se les juzga por sus ideas, sino por haber violado la ley cuando eran en su mayoría "líderes políticos integrados en el gobierno de una Comunidad Autónoma, en la que asumían la máxima representación del Estado".

Durante la instrucción, el gobierno ha tenido que defenderse en todo momento de la sospecha de haber presionado a la justicia.

La oposición de derecha acusó al gobierno de estar cediendo ante los independentistas catalanes, a fin de tratar de obtener su indispensable apoyo a los presupuestos del Estado de 2019.

En noviembre, un senador del conservador Partido Popular (PP), Ignacio Cosidó, contribuyó a aumentar las sospechas sobre el sistema judicial, al felicitarse en Whatsapp por la promoción anunciada al frente del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, quien va a presidir el proceso.

Según Cosidó, dicho nombramiento permitiría controlar el Supremo "desde atrás". Ante el revuelo generado, Marchena renunció a la promoción, pero el mal quedó hecho. Igualmente han contribuido a las dudas tribunales de Alemania, Bélgica y Escocia, que se negaron a ejecutar las euroórdenes de arresto emitidas contra los dirigentes separatistas fugados. 

El año pasado, un tribunal del Estado alemán de Schleswig-Holstein denegó la extradición por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española. Y es que según los jueces alemanes, "las violencias (en Cataluña) no fueron suficientes" para justificar dicha acusación. /