ACCIÓN POPULAR CONTRA MINHACIENDA
Universidad de Cundinamarca demandó a la Nación

Foto Universidad de Cundinamarca
Este martes, 13 de febrero, se llevará a cabo la audiencia pública en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Reclamando de la Nación las transferencias de 1993 y 1994 que adeuda el Ministerio de Hacienda a la Universidad de Cundinamarca (UDEC) y restablezca la base de transferencia a la institución a fin de garantizar el servicio público educativo para que su prestación sea eficiente y oportuno, este martes, 13 de febrero, se llevará a cabo la respectiva audiencia pública en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A través de un comunicado, la UDEC sostuvo que el panorama actual de las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación a las universidades públicas durante la vigencia de la Ley 30 de 1992 no corresponde a las necesidades de las universidades, ya que presentan inequidades significativas al no tener en cuenta los factores como cobertura, aprestamiento de programas para acreditación de alta calidad y las necesidades propias de las universidades de la región.

Para el caso de la Universidad de Cundinamarca, una institución con más de 13.901 estudiantes, la realidad es crítica, no sólo tiene la base de trasferencias congelada bajo una política de actualización monetaria y nunca creciente, sino que la Nación no realizó las trasferencias de 1993 y 1994, y tampoco reajustó en 1995 las transferencias con base en el presupuesto de rentas y gastos de la UDEC.

Los recursos a las instituciones públicas de educación superior se encuentran congelados desde 1993, pues el modelo de financiación a la educación pública superior partió del presupuesto de gastos y rentas a partir de dicho año, y en lo sucesivo las transferencias año a año, no son incrementadas, sino actualizadas para que no pierdan su valor monetario (Ley 30 de 1992, Art. 86).

Esto sin entrar a considerar que la nómina del personal docente y administrativo suele incrementar en cifras superiores al IPC, y el número de estudiantes no es el mismo al de la década de los 90, y en la actualidad los gastos de funcionamiento e inversión superan lo presupuestado en 1993 y a la fecha se encuentra actualizado y no acrecentado monetariamente.

Precisó el comunicado que, ante este panorama de alerta de insuficiencia de recursos, la Universidad ha tenido que realizar grandes esfuerzos para cumplir con los requerimientos de calidad como financiación para formación docente a nivel doctoral, convocatoria de profesores de planta, inversión en investigación, fortalecimiento a las bibliotecas, laboratorios, internacionalización e infraestructura, que exige el Ministerio de Educación, entidad que mediante las resoluciones números 11735, 11737 y 11750, todas del 09 de junio 2017, resolvió no otorgar la Acreditación de Alta Calidad a los programas de Lic. en Matemáticas, Lic. en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, Lic. en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés.

En términos de justicia y equidad para los estudiantes del Departamento de Cundinamarca, la universidad en cabeza del rector, Adriano Muñoz, inició en 2015 una demanda contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En 2017 se replantearon los términos en los que las trasferencias se vieron afectadas y este 13 de febrero en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se llevará a cabo la Audiencia Pública de Pacto de Cumplimiento para cobrar los recursos por transferencias de 1993 y 1994 que adeuda el Ministerio de Hacienda con el objetivo de que se restablezca la base de transferencia a la institución.

“Si la acción popular fuese favorable y al ampararse los derechos colectivos se lograría que la Universidad de Cundinamarca pudiera ofertar programas de mejor calidad teniendo en cuenta que la calidad implica recursos. Además, se podría garantizar mayor número de docentes de planta, más movilidad académica, mejores instalaciones, infraestructura, entre otros aspectos”, explicó Guillermo Ernesto Polanco, abogado demandante y representante de la Institución.

Cabe destacar que en los últimos 23 años la Institución ha aumentado el número de estudiantes en un 248 por ciento, lo cual ha generado que el valor de transferencia por estudiante haya pasado de 4.080.822 pesos en 1993 a 1.383.166 pesos en 2016, teniendo en cuenta la universidad en el 2018 tiene más de 13.000 alumnos, cifra que aumenta semestralmente en 1.800 nuevos estudiantes.

Se alega en el comunicado que, por ejemplo, la Universidad recibió en 2014 recursos por valor de 15.740 millones de pesos para una población estudiantil de 12.208 estudiantes en pregrado, lo cual equivale a una transferencia de 1.343.047 pesos por estudiante, cifra insuficiente e inequitativa frente a otras universidades. De otra parte, la Universidad Nacional recibe en equivalencia por estudiante 13.437.218 pesos, la Universidad del Valle 8.464.178 pesos y la Universidad de Antioquia 7.258.986 pesos. Incluso el promedio recibido por las universidades que es 4.499.138 pesos, equivale a más de 3 veces lo recibido por la Universidad de Cundinamarca.

Esto refleja grandes diferencias en las transferencias. Sin embrago, se anotó en el comunicado, el Ministerio de Educación mantiene una exigencia a todas las instituciones por igual.

Con este incremento solicitado al Ministerio de Hacienda, se pasaría de 18.000 millones de pesos a 28.000, cifra que está por debajo de la media nacional que se encuentra en 4,5 millones de pesos por estudiante.

“Esperamos que con este tipo de acciones la Universidad de Cundinamarca pueda tener un mejor futuro en cuanto a la prestación del servicio educativo. Es de señalar que las universidades estatales se financian a través de los aportes de la Nación las cuales no han sido distribuidas de manera equitativa”, puntualizó Polanco.

Así las cosas, se señaló en el comunicado, en términos de buscar equidad y justicia el Ministerio de Educación exige calidad, pero no gira los recursos para cumplir los fines misionales y objetivos de acreditación para lograr la transformación institucional.