A instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Superintendencia de Sociedades planteó las nuevas herramientas con las que las autoridades colombianas enfrentan fenómenos de corrupción que involucran a empresas privadas, como el soborno transnacional.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, presentó los avances del país en los últimos meses para prevenir, detectar y sancionar conductas ilícitas en las que puedan incurrir compañías domiciliadas en Colombia que tengan negocios en el exterior.

En un conversatorio con el máximo representante de la OCDE para la lucha contra el Soborno transnacional, Drago Kos, el Superintendente, Francisco Reyes Villamizar, reveló los avances tecnológicos y normativos en esta materia, como la consolidación del laboratorio forense y la implementación de la ley 1778, recientemente aprobada por el Congreso.

Este instrumento legal establece, entre otras medidas, sanciones para "cualquier persona jurídica, que por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, dé, ofrezca, o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones".

Durante el evento se dieron a conocer los sectores económicos que están expuestos a mayores riesgos de corrupción empresarial o prácticas ilícitas como el soborno transnacional.

Durante una convención sobre el cohecho y soborno internacional, realizada por el organismo, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes recordó que la máxima multa que puede imponer Colombia para estas conductas ilegales, es de 55 millones de dólares, que en pesos equivaldría acerca de $165.000 millones.

Avances

El Superintendente señaló que desde hace 3 años Colombia ha fortalecido la lucha contra la corrupción y el soborno Internacional en el país.

El funcionario recordó además que la ley 1778 del 2016, incluye la inhabilidad, hasta por 20 años para contratar con el Estado, por parte de empresas involucradas en estos delitos.

Señaló que los responsables de estas conductas podrían ser sancionados "con la suspensión de subsidios por parte del Gobierno hasta por 5 años".

Asimismo, dijo, las empresas involucradas en estos delitos "quedarán inhabilitadas para ejercer actividades de comercio, en el país".

Reyes dijo que las empresas que oculten información también se harán acreedoras a este tipo de sanciones económicas, así como las compañías que entreguen datos erróneos sobre sus estados financieros, entre otro tipo de información.

"Dependiendo del sector específico, nosotros también verificamos exactamente qué es lo que está haciendo la compañía, si ya tiene llamados de atención de otras autoridades del Estado y así vamos estableciendo grupos específicos de compañías que son sospechosas de haber incurrido en prácticas de soborno internacional", explicó.

Tecnología

El superintendente Reyes también recordó que como parte de esta cruzada contra la corrupción se creó un laboratorio especial forense, con el que se busca dijo, "capturar información que está en los computadores y celulares, de las empresas investigadas".

"Lo primero que hicimos fue adquirir unos equipos sofisticados, y por tanto se hizo una inversión muy cuantiosa para adquirir programas de computador y computadoras y teléfonos que permiten la captura de información muy rápida, que permiten extraer de los discos duros de los computadores la totalidad de la información, en un tiempo muy breve", señaló el Superintendente.

Protección a delatores

El Superintendente también recordó que en el Congreso se tramita un proyecto que busca la protección de delatores que entreguen información clave sobre casos de corrupción y soborno internacional.

Esta iniciativa se encuentra en la Cámara de Representantes y tiene por objeto, dijo Reyes, "generar un conjunto de medidas de protección y reparación a quienes denuncien conductas de corrupción".

"Con ello inmediatamente se ponen en la mira de la administración y se convierten en sujetos de acoso y amenazas de riesgos laborales y por eso esta ley permite la protección específica, desde el punto de vista laboral, para las personas que te laten conductas de soborno internacional", explicó.