"La persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres", en la región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, ha afectado a por lo menos a 822 personas desde el 19 de enero (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes), denunció este domingo la  Acnur, en conjunto con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Las dos agencias de la ONU también manifestaron su "alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca", que según datos oficiales supera en más de 255% a la cifra registrada entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2017.

“En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”, señalan.

Por último, el organismo internacional insta al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, ya que "hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia”.