Tres expresidentes latinoamericanos y un presidente son investigados por actos de corrupción o crímenes de lesa humanidad. Promovidos por Chávez a comienzos de este siglo, Lula, Cristina Fernández, Correa y Maduro son investigados o paulatinamente han ido perdiendo fuerza política

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HAY CAUSAS judiciales en su contra. Pero no están hundidos. En los últimos seis meses, la prensa de Brasil, Ecuador, Argentina –y en menor medida Venezuela- ha titulado que Lula, Correa, Cristina Fernández y Maduro enfrentan procesos judiciales o han perdido elecciones.

Liderado por gobiernos socialistas, el proyecto de una América del Sur independiente está pasando por su peor momento. Dicen algunos que ya casi es inexistente y se mantiene, moribundo, por modelos autoritarios o semi autoritarios en Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

Los tiempos de Chávez conversando con Correa y Lula en la antesala de una reunión de Mercosur convocada por Néstor Kirchner en Buenos Aires, parecen historia. La judicialización de la izquierda, que algunos ven como injusta y otros como un acto contra la corrupción, ensombreció una idea, un proyecto comunitario que se va quedando sin representantes.

Sin Bachelet, pero con Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, algunos expertos dicen que el Socialismo del Siglo XXI está destinado a desaparecer. La verdad es que, más allá de esta valoración, los representantes de esta corriente, sin excepción, son objeto de procesos judiciales, que al final los pueden apartar de la política, por un momento o para siempre.

Sistemáticamente, ¿están siendo perseguidos por las “oligarquías”? ¿O existe un patrón asociado a la corrupción que oscureció su discurso?

Lula, a un paso

Desde la ventana de su casa, Luiz Inácio Lula da Silva, un hombre que llegó a ser el más popular del último medio siglo en Brasil,  hondeaba un pañuelo blanco. Era marzo de 2016, cuando la policía allanó su casa, como parte de una operación por un supuesto caso de corrupción en su gobierno.

Hasta allí parecía que Lula sería objeto de una acción judicial. Pero no. Meses después, las autoridades le abrieron una investigación por el presunto reparto de un apartamento tríplex a su nombre a cambio de contratos públicos, en especial, en Petrobras, nido de corrupción.

El pañuelo blanco desapareció. Lula se puso la camiseta roja y se fue al noreste de Brasil, su bastión electoral, para mantener la confianza de sus bases. En 2017, las encuesta siempre lo ubicaron de primero, pero la justicia siguió investigando sus vínculos con empresarios condenados por corrupción.

En Porto Alegre, este año, un tribunal confirmó la tesis del juez Sergio Moro: Lula aceptó este inmueble a cambio de contratos. Aparte de confirmar la sentencia condenatoria, le sumó tres años, condenando al expresidente a 12 años de cárcel.

Dos días después, de vuelta en Sao Paulo, Lula cogió sus maletas y se dirigió al aeropuerto de Guarulhos. En Etiopía lo esperaban en un foro de la FAO, pero la policía le decomisó el pasaporte, por órdenes de un juez.

Sin pasaporte y condenado, la defensa del expresidente apelará la sentencia, un recurso que, según sus detractores, busca dilatar el proceso para que Lula se pueda presentar a las elecciones presidenciales, en octubre, y vuelva al poder.

Los jueces, sin embargo, han dicho que el apartamento es lo menos comprometedor, de acuerdo a un acervo probatorio de miles de pruebas documentales y testimoniales. Leandro Paulsen, uno de los tres jueces del Tribunal de Porto Alegre, ha explicado que “el tema del tríplex está lejos de ser el más grave”, abriendo un espacio para la especulación judicial.

Pese a la condena en su contra, Lula sigue haciendo política. Puntea en las encuestas y su colectividad, el Partido de los Trabajadores (PT), no le ha quitado el apoyo como candidato presidencial.

Los tiempos de Chávez conversando con Correa y Lula en la antesala de una reunión de Mercosur convocada por Néstor Kirchner en Buenos Aires, parecen historia

Entre sus seguidores sigue la fe intacta de que, como dijo el ministro de Justicia, Torquato Jardim, “el STF puede cambiar de opinión e invertir el 6-5”. Se refiere al tribunal de apelaciones, autoridad en quien pesa la decisión de aceptar los recursos presentados por la defensa de Lula o confirmar la sentencia condenatoria.

Los sondeos presidenciales ubican a Lula de primero con un 33% de intención de voto, el doble que Jair Bolsonaro, candidato con más opción en la derecha. Según Capital Economics, en entrevista con la AFP, la posibilidad de que el fallo del tribunal de apelaciones sea absolutorio es del “30%”.

Es casi seguro, si confirman la sentencia, que el hombre más popular de Brasil termine en la cárcel.

La novela de Cristina

Si en Brasil el Socialismo del Siglo XXI está en crisis, en Argentina tampoco goza de un buen momento. Tras el fracaso de su candidato en las presidenciales de 2015, Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que reacomodarse en un país que intenta superar el peronismo.

Un tribunal de Buenos Aires la acusa de desviar fondos públicos por unos 46.000 millones de pesos (2.400 dólares) para obras en las vías de Santa Cruz, provincia donde mantiene su feudo político y empresarial.

Tras la acusación, la expresidenta, quien ahora funge como opositora en el Senado, pidió que le adelantara un juicio oral para “esclarecer” los hechos de la causa en su contra, petición que fue negada por los jueces.

Apartada del poder, Cristina ha enfilado de nuevo las fuerzas peronistas para que se tomen las calles del país y pongan en aprietos a Mauricio Macri, reformista que es acusado por ellas de neoliberal y de ir en contra las jubilaciones, y otros derechos.

El proceso en su contra, sin embargo, sigue andando. Algunos dicen que para evitar ser multada o encarcelada, la expresidenta se lanzó al Senado, buscando el fuero de parlamentaria, una figura que la cubre de eventuales procesos judiciales. Esta hipótesis toma fuerza, pues el polémico Carlos Menem ha sido reelegido en el Congreso por tercera vez, pese a su edad y sus reiteradas ausencias, que ponen en evidencia su interés por el fuero.

Cristina Fernández tiene otros procesos en su contra. Uno de ellos, y quizá el más grave, es el presunto encubrimiento de iraníes acusados de perpetrar el atentado en el centro judeo-argentino de Buenos Aires, AMIA. También la investigan por un irregular sistema cambiario en el Banco Central de Argentina.

Correa, de correría

Reemplazado por su vicepresidente, Rafael Correa depositó todas sus esperanzas en continuar su proyecto con su segundo, pero en menos de tres meses Lenin Moreno tomó distancia e impuso su propio gobierno, alejándose.

Los representantes de un socialismo moderno y arraigado en la cultura popular latinoamericana se distancian del poder. Algo que era inimaginable hace dos años

La pelea entre Moreno y Correa fue subiendo de tono. Desde Bélgica, donde vive con su familia y da conferencias, el expresidente acusó a su sucesor de “traidor” al proyecto de la “Revolución Ciudadana”, un modelo socialista que sacó a numerosas personas de la pobreza, pero es acusado de endeudar a Ecuador con los chinos y otros acreedores.

Luego de dos meses de pelea, en los cuales Alianza País, partido de ambos, se convirtió en un ring de boxeo, Lenin Moreno anunció que convocaría un referendo de siete preguntas, que incluía una sobre la derogatoria de la reelección indefinida.

Liderada por el Presidente, la opción del Sí ganó con un 64% hace ocho días, confirmando la tendencia que mostraba un rechazo generalizado hacia Correa, después de 10 años de gobierno marcados por lo que algunos expertos han llamado “autoritarismo” post-moderno, que se legitima, en este caso, ganando 14 elecciones.

El lunes, tras perder en el referendo, la Fiscalía de Ecuador citó a Correa por un presunto caso de corrupción tras  la venta “irregular” de petróleo a China y Tailandia. Se trató sólo de una indagación previa, en la que no existen cargos en su contra.

Pese a ello, Correa parece haber perdido la fuerza política que lo llevó a convertirse en un presidente con la capacidad de mantenerse en el poder, en un país acostumbrado a derrocar presidentes cada año, cada mes.

La CPI, Maduro

De los cuatro, es el único que sigue en el poder. El bastión del chavismo, Nicolás Maduro, acusado de varios crímenes de lesa humanidad, enfrenta una indagación previa de la Corte Penal Internacional (CPI), por supuestas vulneraciones a los derechos humanos durante las marchas en contra de su gobierno, en 2017.

Fatou Besouda, fiscal del tribunal, ha dicho que “tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar”, desde La Haya.

En abril del año pasado, miles de venezolanos salieron a las calles para protestar por la falta de garantías democráticas y el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Luego de tres meses de manifestaciones, en las que murieron más de 120 personas, el régimen logró controlar a la gente y convocó una Constituyente, que desvió la atención y la fuerza de los opositores.

Diferentes organismos internacionales y oenegés han dicho que durante las protestas la Policía y la Guardia cometieron crímenes de lesa humanidad, como torturas, homicidios y violaciones. El gobierno desmiente estos hechos y dice que por el contrario fue víctima de “terroristas” armados por la oposición.

En el segundo semestre del año pasado un grupo de parlamentarios de Colombia, Perú y México interpusieron una demanda ante la CPI contra Maduro, argumentando la comisión de crímenes de lesa humanidad. Pese al impulso, algunos de los ponentes, como el candidato presidencial, Iván Duque, dijeron que sin la participación de un jefe de Estado la admisión del caso sería difícil.

A pesar del escepticismo, la fiscal Besouda dio a conocer que se inició la apertura de exámenes preliminares por “uso excesivo” de las fuerzas de seguridad y el empleo de “medios violentos” por los manifestantes, primer caso en la justicia internacional que empieza a tomar medidas contra el régimen de Maduro.

Por causas judiciales, los representantes de un socialismo moderno y arraigado en la cultura popular latinoamericana se alejan del poder. Algo que era inimaginable hace dos años.