• ¿Cuántos niños han sido reclutados en el conflicto?
• La cifra de 16.879 casos, muy lejos de la realidad

Cualquiera que haya visto en carne y hueso las características de la guerrilla colombiana sabe perfectamente que buena parte de esos contingentes eran o son conformados por niños. Sorprende, por lo tanto, que el Centro Nacional de Memoria Histórica esté dando cuenta de apenas 16.879 registros en los últimos 56 años, entre 1960 y 2016.

Esto, de acuerdo con el promedio, daría una bajísima cifra de 300 niños por año. Y si se tomara la época más fuerte de reclutamiento de menores, entre 1997 y 2005, lapso en que  se contabilizan 9.199 registros, habría apenas un promedio de 1.149 niños reclutados cada 12 meses.

El informe presentado ayer por la entidad, titulado “Una guerra sin edad”, supuso un gran esfuerzo y desde luego no se trata de desconocerlo. Pero igualmente es claro que una de las más grandes máculas del conflicto armado interno en Colombia ha sido el hecho cierto de la utilización de los niños como ‘carne de cañón’ de la barbarie sufrida durante tanto tiempo.

Como puede desprenderse del documento, en su gran mayoría la responsabilidad de este flagelo corre por cuenta de las guerrillas, llámese Farc, M-19, Eln, Epl y tantas otras que emergieron y desaparecieron en el lapso. Es claro, sin embargo, que las Farc son las que más han recurrido al reclutamiento ilícito, mucho más allá de los paramilitares o de casos muy aislados de la Fuerza Pública.

En efecto, el reclutamiento ilícito establecido en el Código Penal colombiano señala que todo aquel que con ocasión o en desarrollo del conflicto obligue a un menor de 18 años a participar directa o indirectamente en las hostilidades o acciones armadas, tendrá prisión de 6 a 10 años.

Al mismo tiempo, como se sabe, el Derecho Internacional Humanitario es particularmente perentorio en la defensa de los niños y de las mujeres. Es ahí, justamente, donde la lupa internacional estará puesta en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y en los magistrados correspondientes en cuanto a aplicar sanciones ejemplarizantes. Algunos podrán aducir, en la materia, que la incursión de menores en la guerra tiene una edad mínima diferente en los cánones del derecho internacional. En todo caso, para los colombianos los jóvenes que no han llegado a los 18 años son menores de edad y así deben ser tratados.

Hasta el momento, luego de múltiples pedidos, las Farc no han devuelto sino 120 niños que están bajo la protección de la Unicef y diferentes entidades nacionales. Pero, desde luego, se está muy lejos de las cifras que se venían manejando al respecto. Todavía es tiempo, por supuesto, de que las Farc cumplan con su compromiso de devolver a los niños reclutados, y ello pese a muchos de los jóvenes se hicieron adultos en medio de la contienda. 

Otro problema, igualmente grave, consiste en que en la guerra cruzada que persiste en no pocos sitios del país muchos de los involucrados continúan siendo niños. Aunque parte de las Farc se desmovilizó, es a todas luces claro que las llamadas disidencias, en ascenso, mantienen el reclutamiento ilícito, sobre todo entre los cocaleros, en donde preponderan los menores de edad. Igual ocurre con el Eln, en donde muchos de sus efectivos no han cumplido los 18 años, y pasa lo mismo con las denominadas ‘Bacrim’. Así, incluso, lo reconoce el documento al registrar alrededor de mil casos muy recientes de enrolamiento forzado.

Aparte de la debida acción de la justicia, en un tema de sensibilidad superlativa, especialmente en los departamentos de Antioquia, Meta y Caquetá, se requiere con urgencia una política pública dedicada a evitar que la niñez haga tránsito a los linderos del conflicto armado. Hoy, ciertamente, es muy difícil hablar de posconflicto cuando los territorios dejados por las Farc fueron evidentemente copados por las demás fuerzas irregulares que se mantienen en resistencia armada contra el Estado exactamente en las mismas condiciones previas a la desmovilización de las Farc.

En muchos aspectos, pero particularmente en este, la implementación de proceso de paz no ha tenido eficacia alguna. Y como en varias de las llamadas “zonas veredales”  todo quedó al garete tras el desarme y desmovilización, es fácil que allí exista un caldo de cultivo para más reclutamiento de menores.

Hay un consenso general en que al proceso de paz con las Farc le faltó orden y eficacia. El peor bumerán en ese aspecto es que no hay una política de niñez, cierta y categórica, en las zonas de conflicto armado, y ese es uno de los más graves riesgos que está corriendo el país. El Estado es apenas un espectador en su responsabilidad primordial de velar y proteger la vida de los menores de edad, como derecho fundamental sustancial.