Alertas sobre riesgos electorales | El Nuevo Siglo
Domingo, 18 de Febrero de 2018
  • Campanazos de MOE, Defensoría y Procuraduría
  • Correctivos deben tomarse de forma inmediata

A tres semanas de los comicios parlamentarios y un poco más de tres meses de las elecciones en primera vuelta para la Presidencia de la República, el panorama de la campaña es bastante complicado. Y no por los escenarios gaseosos que muestran las encuestas ni por el ambiente caldeado entre los candidatos en medio de un país políticamente muy polarizado, sino por los riesgos que se ciernen sobre la actividad proselitista. Riesgos que van desde las amenazas de los grupos armados, pasando por la posibilidad de fraudes y otros delitos electorales, y terminando en la renuencia de algunos partidos y aspirantes a cumplir las reglas del juego fijadas para garantizar la transparencia de la contienda democrática.

Los campanazos han estado a la orden del día en las últimas dos semanas. Primero fue la Misión de Observación Electoral (MOE) que reveló un Mapa de Riesgos según el cual en 170 municipios confluyen amenazas de fraude y riesgos por factores de violencia.

Luego fue el Procurador General quien advirtió que el Ministerio Público realizó 37 visitas en seis departamentos a 11 partidos políticos y detectó incumplimientos en el manejo de la cuenta única, el control de la publicidad exterior y la utilización del sistema que permite conocer el origen de los aportes recibidos, entre otras anomalías. No son fallas menores. Por ejemplo, en el caso de la cuenta única este es un instrumento de orden legal que es obligatorio para tener claridad sobre los gastos de campaña y las fuentes de financiación de la misma.

Y, por último, la Defensoría del Pueblo identificó 287 municipios de 29 departamentos en donde hay peligro por la posible incidencia e intervención de un grupo armado ilegal para las elecciones de Congreso y Presidencia. De este total de poblaciones, 87 están calificadas en riesgo extremo, 91 en riesgo alto y 109 en riesgo medio. En orden descendente, la entidad señaló al Eln, las llamadas ‘autodefensas gaitanistas’, las disidencias de las Farc, otros grupos posdesmovilización y el Epl como las mayores amenazas en cuanto a riesgos para personas o movimientos políticos, constreñimiento al sufragante, perturbación del certamen democrático y restricciones a la movilidad.

Aunque tanto la Registraduría como el Gobierno nacional han insistido en que el proceso electoral se desarrolla de manera normal y no hay mayores casos de interferencia violenta en la contienda proselitista, es claro que los tres informes ya referidos indican que hay riesgos que no se están dimensionando en su verdadera proporción. En medio de la escalada terrorista del Eln hay preocupación porque la racha de ataques también se extienda a una afectación de la actividad proselitista. De hecho, ya las autoridades han advertido que integrantes de esta guerrilla y de los disidentes de las Farc están atacando a los desmovilizados. Como se sabe, el partido que estos crearon ha denunciado hostigamientos y amenazas en distintas partes del país para impedirles hacer su campaña política.

Por otra parte, tras la denuncia de la Procuraduría sorprendió la poca reacción que tuvieron los partidos políticos y las autoridades electorales, administrativas y penales. Más aún porque no hay que olvidar que, según una ley que entró en vigencia el año pasado, las irregularidades en la financiación electoral ya son un delito que implica al infractor no sólo la salida del cargo de elección popular, sino altas penas de cárcel y millonarias multas, al tiempo que hay sanciones para las colectividades que avalaron a esos aspirantes. Es más, precisamente en aplicación de esa nueva ley la Fiscalía llamó a interrogatorio, semanas atrás, a quince  candidatos al Congreso porque se inscribieron estando presuntamente inhabilitados. Lo advertido por el Ministerio Público debería dar lugar a más pesquisas por parte del ente acusador, al tiempo que el Consejo Nacional Electoral tiene que poner la lupa sobre esta grave anomalía.

Si bien es cierto que, afortunadamente, no se han presentado casos de asesinatos o atentados contra candidatos, los tres informes ya descritos deben llevar a que el operativo de seguridad electoral se redoble. No son amenazas de baja monta ni campanazos gratuitos. Todo lo contrario, son advertencias serias y de fondo. No puede esperarse a que pase la cita en las urnas para luego iniciar los procesos e investigaciones, más aún después de lo ocurrido esta semana cuando cuatro años después de los comicios de 2014 se determinó que el MIRA sí tenía derecho a tres curules. Un fallo no sólo tardío sino que desdice de la propia transparencia democrática en Colombia.