Lo que viene demostrándose en los diferentes escándalos del país es que las juntas directivas de las diversas instituciones o empresas estatales tienen mucho que ver con la correa de transmisión de la corrupción, que supura por los poros de la más alta burocracia nacional. Por eso es fundamental la tarea que adelanta la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, con el fin de descubrir eventuales faltas disciplinarias graves de sus integrantes y derivar de allí el encausamiento penal que sea del caso.   

La representación presidencial o ministerial en las juntas, así como los puestos de los accionistas mayoritarios en las directivas que correspondan, no pueden ser simplemente un honor o un sistema para derivar cuantiosos emolumentos, ni mucho menos una gabela para prestarse al tráfico de influencias. Como se sabe la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponde exclusivamente al delegatario. Y en tal sentido la Constitución es clara en establecer que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base, entre otros, del principio de moralidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Cualquier conducta en contrario debe ser severamente sancionada por cuanto erosiona irremediablemente la confianza al interior del gobierno y tuerce malévolamente los fines esenciales del Estado, que no son otros que los del bien común.

Basta con mirar el caso del Banco Agrario para quedar estupefactos con el crédito de 133.000 millones de pesos, sumados los intereses, con destino al consorcio empresarial liderado por Odebrecht, en Navelena. Primero, porque se le dio más del dinero solicitado y con intereses diferentes a los tradicionales; segundo, porque no está claro que el patrimonio técnico permitiera el monto de los dos desembolsos; tercero, porque los soportes respaldando lo anterior fueron adicionados en intríngulis oficinescos poco transparentes y sin los requisitos obligados; cuarto, porque el crédito era de inversión y por arte de birlibirloque terminó convertido en uno de capital de trabajo, lo que permitió asumir deudas acumuladas; quinto, porque el vínculo con la fiducia para garantizar los desembolsos no está claro; sexto, porque no se ha hecho efectivo el cobro en los tiempos establecidos; séptimo, porque al organismo lo ha rondado el clientelismo; y octavo e igual de grave que todo lo anterior porque se ha descubierto, a raíz del escándalo, que el Banco Agrario había incurrido en otros negocios diferentes a los de su objeto social supuestamente agrícola, como los de las libranzas, hoy también en el ojo del huracán, y otras operaciones financieras de alto riesgo que han puesto en vilo el patrimonio público.

Además de las indagaciones de la Procuraduría, ya el Contralor General de la República, Edgardo Maya, ha anunciado que la entidad tiene casi finiquitadas investigaciones sobre el gravoso detrimento fiscal producido en las operaciones. Todo ello, por supuesto, en medio del gigantesco cataclismo que ha significado la judicialización y advertencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que Odebrecht había fraguado una telaraña de sobornos por toda la América Latina, incluyendo a Colombia como uno de los epicentros del concierto para delinquir, sobre lo que al parecer todavía falta mucho por develar. Es posible que de no haber sido por ello, y las repercusiones en los niveles presidenciales latinoamericanos, la opinión pública aún estaría en babia de lo que sucedía con Odebrecht en las entretelas del poder, durante los últimos lustros.

Caso similar es el de Reficar, donde el país está a la espera de las determinaciones que los organismos de control y las jurisdicciones correspondientes puedan dictaminar sobre los estrafalarios sobrecostos que se dieron en el proyecto, bajo la mirada furtiva de la junta directiva. La Contraloría ha sido diligente en descorrer el velo de los desfalcos cometidos a través de un contrato que careció de control expeditivo y riguroso, como era la principal responsabilidad de la junta, y se optó por la fementida tesis de que era mejor que prosperara el gasto desbocado para, en unas décadas y luego de terminada la obra, dizque recuperar los dinerales perdidos en una demanda incierta, en vez de conminar al poderoso contratista en su oportunidad. La omisión de las funciones no puede, en lo absoluto, ser la excusa para la desidia administrativa, violatoria de la Constitución.

Poner la lupa en las juntas directivas de las diversas instituciones nacionales es el camino correcto de la Procuraduría y la Contraloría. Es posible que en muchas de ellas salte la liebre en operaciones de alto riesgo que no obedecen al interés general. Se espera que ese arduo camino comience con resultados concretos y expeditos en los casos de Reficar y el Banco Agrario.