Accidentado. Ese es el mejor término para definir el ritmo del Gobierno en lo corrido de este año. Prácticamente no ha existido una semana tranquila y el Presidente, sus ministros y demás altos funcionarios parecieran estar en una especie de labor de bomberos, es decir apagando incendios aquí y allá, o incluso generándolos.

Más allá de hechos sobrevinientes, como una tempranera campaña presidencial, la polémica entre el vicepresidente Germán Vargas y el gobierno venezolano, la posibilidad de un nuevo paro camionero, otras crisis política en La Guajira o incluso la última controversia por el precio base de la gasolina y su impacto sobre los fiscos regionales y locales, hay grandes flancos de gestión gubernamental en donde la incertidumbre es la nota predominante.

Sin lugar a dudas el sector más movido ha sido el político y dentro de este el coletazo por el escándalo de corrupción derivado de la confesa estrategia de sobornos que la multinacional Odebrecht utilizó en más de 12 países, entre ellos Colombia.

Aunque desde el año pasado se sabía que los representantes del consorcio brasileño estaban negociando con las autoridades de Estados Unidos, fue apenas en diciembre cuando se dio a conocer el acuerdo con el Departamento de Justicia en el que, además de pagar una multa superior a los 2.600 millones de dólares a la justicia norteamericana, así como a Brasil y Suiza, la multinacional se comprometió a colaborar con las autoridades de 12 países en donde acudió a la estrategia de las coimas para hacerse a contratos de obras públicas.

De inmediato el fiscal general Néstor Humberto Martínez se puso en contacto con EU, recopiló información y apenas empezando enero reveló que se  venía avanzando en una negociación con la filial de Odebrecht en Colombia, de cara a establecer los destinatarios de sobornos por 11 millones de dólares.

Sin embargo, lo que en principio se pensaba que sería un escándalo limitado a saber quiénes dieron las millonarias coimas, para qué contratos en específico y cuáles los altos funcionarios involucrados, terminó convertido en apenas cuatro semanas en una especie de terremoto político que tiene en la mira las campañas de los dos principales candidatos presidenciales de 2014, el hoy presidente Juan Manuel Santos y el aspirante uribista Óscar Iván Zuluaga.

Fiscalía, Procuraduría, Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y Consejo Nacional Electoral tienen sendas pesquisas al respecto. Capturados ya un ex viceministro y un exsenador, no sólo están en la mira las campañas de Santos y Zuluaga para establecer si recibieron o se beneficiaron, directa o indirectamente, de los sobornos de Odebrecht, sino que exministros y ministros de ambos gobiernos están en la mira. A ello se suma que ya se ordenó liquidar el contrato de la Ruta del Sol, tramo II, y los otrosí para obras adicionales como la vía Ocaña-Gamarra, ambos en el ojo del huracán por sobornos. Otro megaproyecto, el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, también está en vilo. Incluso la junta directiva del Banco Agrario está bajo pesquisa por aprobar un millonario y cuestionado préstamo al consorcio adjudicatario Navelena, ya también intervenido al igual que otras empresas relacionadas con Odebrecht.

Mientras que la posible candidatura de Zuluaga para 2018 recibió un duro revés (para algunos ya imposible de reversar), para Santos el que su campaña haya salido salpicada en todo este escándalo le significó un duro golpe a su imagen internacional (la prensa extranjera lo puso al mismo nivel de expresidentes prófugos como el peruano Toledo), al tiempo que manchó su recién adjudicado Premio Nobel de Paz.

Ciudadanía, entre furiosa y desencantada

A nivel interno, el clima de la opinión pública es muy drástico con todos los partidos y dirigentes políticos. La ciudadanía considera que la corrupción se tomó todas las instancias de poder, ya sea del santismo o del uribismo, lo que se ha reflejado en las encuestas en donde, salvo contadas excepciones, la rajada es general.

La imagen del presidente Santos ha marcado mínimos históricos que no se veían desde tiempos del paro agrario en el tercer trimestre de 2013, al tiempo que los porcentajes en las distintas encuestas sobre el mal camino por el que va el país superan promedios del 60 y 70%.

Es claro que hay una sensación generalizada de desencanto con la clase política, con el agravante de que este escándalo, que aún tiene mucha tela por cortar y que en las próximas semanas aumentará en número de involucrados y contratos torcidos, se produce cuando comienza a correr la cuenta regresiva de 12 meses para los comicios de Congreso y en momentos en que la precampaña presidencial empieza a tomar ritmo con el aumento del número de precandidatos y las movidas sobre coaliciones interpartidistas.

Aunque muchos de quienes aspiran a repetir o ganar curul en marzo del próximo año o a suceder a Santos en la Casa de Nariño prometen múltiples cambios para atacar la corrupción generalizada, su credibilidad ante una opinión pública, que está furiosa y desencantada, es prácticamente nula, sea quien sea, sin importar partido ni antecedentes.

La sospecha y el pesimismo son las sensaciones que priman entre la ciudadanía y es claro que el Gobierno es el principal receptáculo de las mismas. Una prueba de ello es la decepción que en la Casa de Nariño se han llevado con el efecto de la marcha de las Farc hacia las zonas de ubicación, en donde antes de junio debe culminar el proceso de desarme y desmovilización.

Se truncaron las esperanzas de que las imágenes de los guerrilleros marchando hacia su último destino para dejar atrás la lucha armada y reintegrarse a la sociedad civil generaran un hálito de optimismo y celebración en todo el país, que incluso revirtiera la caída en la imagen presidencial y en la calificación de la gestión gubernamental.

La verdad es que la opinión pública se ha mostrado muy indiferente ante un hecho calificado por el Gobierno como “histórico”. Y ello evidencia no sólo que el país sigue muy dividido en torno al acuerdo de paz con la guerrilla, sino que son otros temas los que priman en su día a día, especialmente el del difícil momento económico para las familias y la indignación por los sucesivos escándalos de corrupción.

Implementación, a los trancazos

Paradójicamente el escándalo de Odebrecht ha terminado por opacar otras circunstancias también convulsionadas alrededor de la marcha gubernamental este año.

Por ejemplo, el proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc ha sido, literalmente, muy trabado. De un lado, la concentración del pie de fuerza subversivo en las zonas de ubicación y campamentarias no se ha podido culminar debido a una evidente improvisación en la adecuación logística de estos lugares, que es responsabilidad del Ejecutivo.

Una situación a todas luces incomprensible si se tiene en cuenta que desde mediados del año pasado ya se sabía que era necesario iniciar la preparación de los lugares en donde se concentraría a los guerrilleros, pero cuando llegó la hora más de la mitad de estos sitios no tenían las condiciones logísticas ni sanitarias para albergarlos.

Tampoco se ha podido concretar el pacto para que las Farc devuelvan a los menores en sus filas, pese a reiterados acuerdos sobre el tema.

Pero ese no es el problema más grave. Si bien 6.400 guerrilleros ya están en las zonas de ubicación, se calcula que más del 5 por ciento de los subversivos desertaron, es decir que seguirán en la lucha armada o hicieron tránsito a organizaciones narcotraficantes como las Bacrim o carteles. Y peor aún es que las disidencias han sido reportadas en departamentos con grandes extensiones de narcocultivos como Guaviare y Nariño.

Este es un asunto complicado si se tiene en cuenta que el énfasis de la relación entre Colombia y el nuevo gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, estará no sólo en la lucha antidrogas (en donde el panorama es complicado por el aumento en la extensión de narcocultivos), sino en que el proceso de paz con las guerrillas tenga utilidad  real para acabar con el narcotráfico.

A ello se suma que la demora en el proceso de concentración de las Farc en las zonas de ubicación permitió que el Eln y las Bacrim tuvieran tiempo para incursionar por la fuerza en los territorios dejados por la guerrilla en trance de desmovilización o incluso para ‘negociar’ con esta el manejo de narcocultivos, narcolaboratorios, minería ilegal, rutas de contrabando y hasta ‘franquicias’ de extorsión…

A todo lo anterior debe sumarse el ambiente candente que ha rodeado el proceso de implementación normativa del acuerdo de paz. Mientras que las mayorías gubernamentales han acelerado al máximo la aprobación de algunos proyectos, sin dejar tiempo para discusiones a fondo de sus implicaciones, en otros el rifirrafe ha estado a la orden del día, sobre todo en lo relativo a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el blindaje jurídico-político por tres gobiernos para cumplir lo pactado.

A la JEP, además de las críticas del uribismo, tanto el fiscal Néstor Humberto Martínez, como el procurador Fernando Carrillo, así como los generales retirados y la propia Human Rights Watch le han puesto muchos peros, algunos de los cuales han generado ajustes al articulado pero en otros el Gobierno y las Farc han dado portazos.

De otro lado, si bien por fin arrancó, después de meses de dilación y pulso entre las partes, el proceso de negociación entre el Gobierno y el Eln, esa guerrilla sigue atacando blancos militares y civiles, estrechando cada vez más el ya escaso margen de tolerancia de la opinión pública a estas tratativas.

Reforma política del cubilete

Una prueba más del accidentado ritmo gubernamental este año, en donde se entremezclan la improvisación y la reacción tardía a crisis de vieja o nueva data, fue la forma en que la Casa de Nariño puso sobre el tapete la propuesta de una reforma política de gran espectro.

Una reforma política que, además, se tramitaría por dos caminos distintos. De un lado, temas como eliminar el voto preferente, volver a las listas cerradas, establecer el voto obligatorio por dos periodos electorales, el derecho al sufragio a partir de los 16 años y eliminar la circunscripción nacional para Senado se impulsarían en un proyecto de acto legislativo al amparo del ‘fast track’, en desarrollo del punto 2 (participación política) del acuerdo de paz. Y, por la vía ordinaria, se impulsaría una posible ampliación del periodo presidencial a cinco años y la eliminación de la Vicepresidencia, entre otros temas.

Tan pronto como este tema se puso sobre el tapete, hubo tres tipos de reacciones. De un lado, de quienes consideran que se trata de una ‘cortina de humo’ del Gobierno para distraer a la opinión pública del escándalo de Odebrecht y la forma en que salpicó a la campaña presidencial de Santos. De otra parte, muchos congresistas y sectores políticos advirtieron que la Casa de Nariño se equivoca al tratar de impulsar una reforma política cuando apenas le quedan 16 meses de mandato y es claro que el Congreso, en pleno año electoral, no va a cambiar las reglas del juego de comicios parlamentarios ni presidenciales.

Y, en tercer lugar, están quienes consideran que el Gobierno está yendo más allá de lo que le permite el propio acuerdo de paz con las Farc y quiere aprovechar el ‘fast track’ para reciclar parte de sus propuestas de cambio político y electoral que ya le hundieron cuando tramitó la llamada ‘reforma de equilibrio de poderes’.  El propio ex jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, advirtió el viernes que el ‘fast track’ tenía unos límites.

Dilema económico

El flanco económico también ha estado muy movido este año. No solo por el duro impacto de la reforma tributaria en la estructura de gastos e ingresos de las familias (Fenalco calcula en 9 billones de pesos el sólo aumento del IVA), sino porque las calificadoras de riesgo han advertido que el déficit fiscal y de cuenta corriente así como el ritmo del gasto aún son altos, por lo que no se va a mejorar la nota al país por el simple hecho de aprobar un ajuste a los impuestos.

A ello se suma que si bien la inflación en enero siguió bajando, aún se encuentra por fuera del rango. El petróleo es claro que ha subido, pero los efectos de esta alza sólo se verán hacia mediados de año, claro si el barril se mantiene por encima de los 50 dólares. Los pronósticos sobre el PIB de 2017 continúan siendo muy ambivalentes, aunque la mayoría oscilan entre 2,5 y 2,7%, un indicador muy bajo por más que se compare con los de la región.

Aunque las esperanzas para este año están puestas en la construcción de obras civiles, el impacto del escándalo Odebrecht afecta la percepción de seguridad jurídica y los flujos de inversión real de la economía. Ahora bien, el descongelamiento de recursos de las regalías sí podría dinamizar el sector.

Por otra parte, aunque el déficit en la balanza comercial en 2016 fue menor al de 2015, la disminución de las importaciones pesó más que el aumento de las exportaciones.

De otro lado, esta semana mientras Fedesarrollo advertía que la confianza de los colombianos en la economía obtuvo el porcentaje más bajo en 16 años, el Gobierno lanzaba un nuevo plan de reactivación, llamado “Colombia repunta”, con el que aspira generar 750 mil nuevos empleos.

Como se ve, en el flanco económico la incertidumbre también prima.