En la madrugada del lunes, Israel Enrique Arciniegas Valencia, vallecaucano de 72 años, fue ejecutado en la ciudad de Guangzhou, al sur oriente de China. No valieron los reclamos y la clemencia de Colombia, y de su familia para que lo perdonaran. Las autoridades chinas cumplieron el dictamen de la sentencia proferida en 2013: aplicar la pena capital. Siete años atrás, había sido detenido en esa ciudad cuando intentaba ingresar 3 kilos de cocaína en sus tirantas.

Según la Cancillería, 147 colombianos se encuentran en las cárceles de China por el mismo delito que cometió Arciniegas: narcotráfico o tráfico de estupefacientes. A tres de ellos se les impuso la pena de muerte. Otros corren con mejor suerte: se le suspendió, por dos años, la pena de muerte. Sólo eso.

Delito mortal

El tráfico de estupefacientes no sólo es punible con pena de muerte en China. Treinta y dos países del mundo también tienen dentro de sus leyes esta sanción, según la ONG Harm Reduction International (HRI). Salvo Estados Unidos, Cuba, Sudán y Sudán del Sur, todos están en Medio Oriente y en Asia. No todos predican el Islam, como se cree. En algunos predominan religiones como  el confusionismo o el budismo.

De los 32, que incluyen países como Pakistán o Congo, sólo 18 aplican la pena capital por narcotráfico. Los demás tienen dispuestos en sus leyes esta sanción pero no la ejecutan. Así ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o Cuba, según HRI. Otros ocho países, de vez en cuando,  practican este procedimiento, pero son más las veces que no lo hacen.

Habitualmente China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam, Malasia y Singapur ejecutan a personas por traficar estupefacientes. Tras generar una crisis diplomática con Holanda, Austria y Brasil, en 2015, Indonesia está entrando en esa lista, por sus rutinarias ejecuciones. El hermetismo de sus autoridades no permite conocer cuál es el panorama en Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán y Sudán del Sur.

China e Iraq

China no publica estadísticas sobre número de personas ejecutadas por tráfico de drogas. En realidad, no lo hace con ningún dato oficial, por política de gobierno. Sin embargo, organizaciones que trabajan este tema, como HRI y Amnistía Internacional (AI), estiman que este país es, de lejos, el que ejecuta a más personas por este delito.

Pese a la falta de información, se cree que China tiene una tendencia al alza en el número de ejecuciones. Según la revista The Economist, en 2014 la aplicación de la pena de muerte incrementó en un 27%. A partir de entonces, ONG como Amnistía Internacional y el grupo de la Universidad de Cornell sobre Pena de Muerte a nivel mundial, han buscado datos oficiales que demuestren la tendencia al alza.  Aunque no encontraron una muestra, se cree que China viene aplicando la pena de muerte por narcotráfico de manera reiterativa.

Para ser objeto de pena de muerte en China por tráfico de estupefacientes sólo basta contrabandear 50 gramos. Esta medida varía dependiendo del tipo de droga. A alcaloides como la cocaína se le aplica ese porcentaje. La justicia china impone penas que van desde 15 años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte. Centenares de colombianos han sido sentenciados imponiéndoles una de esas condenas.

Al contrario de China, en Irán sí se conocen las cifras de ejecutados. El país les aplicó la pena de muerte a 241 personas en los primeros cuatro meses de 2016, según Amnistía Internacional. La tendencia es igual: al alza. La medida de gramos para ser sentenciado es 30.

Indonesia

En los últimos años Indonesia ha estado en las portadas de los principales periódicos del mundo. La razón: ejecutar ciudadanos extranjeros por tráfico de drogas. A diferencia de China e Iraq, dos países que habitualmente han aplicado la pena de muerte para este tipo de delitos, en este lugar no se ha aplicado este procedimiento de manera reiterada.

Entre 1999 y 2014 Indonesia sólo ejecutó seis personas, según The New York Times. A partir de 2015, el presidente Joko Widodo decidió iniciar una guerra contra las drogas, aplicando de manera reiterativa la pena de muerte. Su propósito ha sido combatir el tráfico de estupefacientes. Algunos lo comparan con Rodrigo Duterte, mandatario de Filipinas, quien en el último año se ha destacado por su mano dura contra las drogas.

Indonesia rompió las relaciones diplomáticas con Brasil, que en su momento suplicó clemencia contra su nacional, Marco Archer Cardoso, quien fue sentenciado a pena de muerte por narcotráfico. Finalmente el 29 de abril de 2016, dos australianos, Cardoso y cuatro nigerianos fueron ejecutados.

Marco Cardoso fue ejecutado por contrabandear cocaína. Pese al reclamo de la comunidad internacional, y  de Brasil, Indonesia decidió aplicar la pena de muerte. Desde entonces, no existe ninguna relación bilateral. Brasilia retiró su representación diplomática, mientras que Yakarta desistió de comprarle armas.

Reclamo internacional

La pena de muerte por tráfico de estupefacientes ha sido ampliamente criticada por diversos sectores. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la pena capital sólo se permite para “el homicidio intencional” y no cabe dentro de otros tipos penales, como el narcotráfico.

Grupos de defensa de los derechos humanos dicen que mecanismos de disuasión, como la pena de muerte por tráfico de drogas, no tienen ninguna correlación con la baja del contrabando de estupefacientes. El crimen organizado sigue transportando y vendiendo drogas, pese a las duras medidas en Filipinas e Indonesia, por citar ejemplos de países donde se están aplicando medidas más fuertes.

Amnistía Internacional señala que los procedimientos judiciales contra extranjeros juzgados por este delito son injustos. El desconocimiento del lenguaje impide una representación legal justa y efectiva para el ejercicio del derecho de defensa. En Indonesia se reportan torturas contra internacionales para conseguir confesiones, según AI.