En la rueda de prensa ofrecida ayer por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre los dineros sucios en la campaña presidencial de 2010 y luego en la reeleccionista de 2014, por cuenta de la multinacional Odebrecht, no adicionó mayor cosa a lo que había dicho el día anterior. Es decir que se mantuvo en la hipótesis investigativa según la cual, como lo había sostenido el martes pasado, continúa siendo motivo central de indagación que una porción de los US$11 millones hasta ahora detectados en Colombia, ilegalmente provenientes del exterior, habrían podido tener una destinación proselitista dentro de la última contienda por la Casa de Nariño.
Para el caso de las eventuales violaciones a los topes financieros de las campañas electorales, tanto la de Oscar Iván Zuluaga como la de Juan Manuel Santos, el Fiscal compulsó copias al Consejo Nacional Electoral (CNE), a efecto de las investigaciones de carácter administrativo, que pueden terminar en multas o similares, pero se mantuvo firme en cuanto a mantener sus atribuciones para establecer si los implicados incurrieron en conductas típicas, antijurídicas y culpables, sobre todo en cuanto a delitos como lavado de activos, fraude procesal, falsedad documental o tráfico de influencias, entre otros. Así pues, la actuación administrativa del tribunal electoral no significa en modo la suspensión de las facultades o el enervamiento de las indagaciones que adelanta el ente acusador. Suspenderlas, por supuesto, sería motivo de omisión del ordenamiento constitucional. Por el contrario, el Fiscal sostuvo que por el momento tenía ya 11 radicados sobre los tentáculos del caso Odebrecht y podrían abrirse varios más.
La información adicional, en la rueda de prensa de ayer, consistió en dar a conocer apartes de la indagatoria de Otto Bula, uno de los implicados en la red de sobornos de Odebrecht, según la cual habría entregado, en dos oportunidades, maletines con US$500 mil, respectivamente, para un total de US$1 millón, de los cuales descontó su comisión y que fueron cambiados a pesos colombianos. Los dineros fueron entregados a Andrés Giraldo Rivera, quien, al decir de Bula, actuaba de delegado de la gerencia de la campaña reeleccionista, en cabeza de Roberto Prieto.
Posteriormente, en las filtraciones de otros apartes de su indagatoria conocidas ayer en varias emisoras, Bula relata que el acto se llevó a cabo, en dos ocasiones, en un restaurante de la Calle 85, al norte de Bogotá, y que en una de ellas pudo constatar que, a su salida, entraba Prieto al mismo establecimiento.
Por su lado, Roberto Prieto emitió un comunicado antier desde Estados Unidos, en el que enérgicamente afirmó desconocer a Bula, pero en ese momento no se conocían esos apartes de las declaraciones del detenido exsenador. Como lo ha dicho el propio Fiscal General, este último -quien había guardado inicialmente silencio sobre el tema- ahora solicitó un Principio de Oportunidad a cambio de colaborar para develar el entramado de los multimillonarios sobornos que han impactado las más importantes obras públicas del país, en los ríos Magdalena y Bogotá, y en la infraestructura, especialmente el contrato para la construcción del segundo tramo de la Ruta del Sol, así como el otrosí que dio vía libre a la carretera Ocaña-Gamarra, a través de una adición de $900 mil millones sin licitación. La Fiscalía investiga la conexidad entre las diferentes facetas donde Odebrecht actuó como correa de transmisión de la más grande red de corrupción de que se tenga noticia en materia contractual en el país, ahora también con las últimas campañas presidenciales implicadas. No se sabe si la Fiscalía le otorgará el Principio de Oportunidad a Bula, pero si lo hace le estaría dando credibilidad a su testimonio.
Ayer también se conocieron apartes de la indagatoria de otro de los implicados, el ya preso exviceministro de Transporte Gabriel García, en la que por igual vincula, aunque aparentemente de cara la campaña de 2010, a Roberto Prieto como punto de contacto de Odebrecht en el país.
El Gobierno nacional, con la firma de sus más altos funcionarios, emitió un comunicado sosteniendo que no hay prueba documental alguna sobre la cual soportar la vinculación de la campaña reeleccionista. Asimismo descalificó la declaración de Bula, defendiendo la transparencia del Presidente.
En manos del CNE está descubrir las violaciones a los temas administrativos de ambas campañas, tanto la de Zuluaga como la de Santos. Las demás atribuciones, es decir las penales en todas las intervenciones de Odebrecht, desde las mismas campañas hasta la contratación espuria, siguen quedando en cabeza del Fiscal General, como él mismo se encargó de reiterarlo ayer, recalcando que su labor no quedaba en suspenso por la compulsa de copias al CNE.