Cuando se tramitó en el Congreso el proyecto de Ley Estatutaria de la Salud, se defendió la iniciativa como el principio del fin de la crisis en el sistema de aseguramiento y atención médica en Colombia.

Sin embargo, un trámite tortuoso de revisión de exequibilidad en la Corte Constitucional dilató su entrada en vigencia. Finalmente fue sancionada a comienzos de 2015, entrando en vigencia inmediata algunos de sus mandatos, mientras que otros debían ser implementados de forma gradual, teniendo como plazo máximo dos años, los que se vencieron el viernes pasado. De allí que sólo hasta ahora la Ley Estatutaria entró a regir plenamente.

¿Qué ha pasado en estos dos años? La respuesta a ese interrogante es muy parecida al repetido pero aún vigente ejemplo de ver un vaso medio lleno o medio vacío. El Gobierno sostiene que desde el mismo momento en que se reglamentó la salud como derecho fundamental, se han dado avances muy importantes. El fin del llamado ‘paseo de la muerte’, es decir pacientes a los que les negaban los servicios hospital tras hospital; el control precios de los medicamentos; más reglas para garantizar la calidad en la atención médica; una regulación más moderna del ejercicio de los profesionales de la salud y las reformas sobre los procedimientos, tratamientos y medicinas contempladas dentro de los servicios cubiertos y aquellos que están excluidos… Todo ello y más se puso en práctica en estos dos años.

Sin embargo, las agremiaciones de clínicas y hospitales tienen una visión distinta, más crítica y pesimista. Aseguran que pese a los salvavidas económicos lanzados al sistema, éste continúa desfinanciado y la cartera morosa de las EPS supera ya los 7 billones de pesos. A ello suman el hecho de la liquidación de varias de las empresas más más grandes del sector, víctimas de desgreño e incluso corrupción, y el traslado de sus afiliados a otras aseguradoras, han sido muy accidentadas.  

Los  usuarios, a su turno, no hay día en que no se quejen de las deficiencias en la atención médica pronta y eficaz, en tanto que la tutelitis continúa teniendo a los reclamos por el derecho a la salud como su principal protagonista, según se desprende de los informes de la Defensoría del Pueblo.

Como si ello fuera poco, en el Congreso a cada tanto se presentan proyectos de ley para seguir reformando el sistema, aumentando el riesgo de que con las legislación marco de salud pase lo mismo que con la penal, que a punta de modificaciones aisladas e incluso contradictorias, por estar hechas al amparo de la coyuntura y los hechos que impactan a la ciudadanía, se asemeja a una concha de retazos que impide tener una estructura funcional y de aplicación normativa eficiente.

¿La Ley Estatutaria que cumple ya dos años de haber sido sancionada y que, como se suponía, ya entró plenamente en vigencia desde la semana pasada, cuando vencieron los plazos para romper en marcha todos sus mandatos, es suficiente para mejorar el sistema en Colombia? Esa, entonces, es la gran pregunta. Para algunos expertos, lo importante ahora es la aplicación efectiva de la norma y su amplio arsenal reglamentario, una parte del cual es muy reciente y por eso el usuario no palpa la mejoría en atención médica todavía.

Para otros analistas es necesario admitir que haber elevado la salud a derecho fundamental, si bien es un avance importante, tiene que estar soportada en otras reformas al sistema, pues es evidente que el flanco de sostenibilidad financiera continúa siendo la mayor debilidad de toda la estructura de aseguramiento. De igual manera es necesario retomar una discusión que quedo sin saldarse definitiva y razonablemente, como es la de la integración vertical, es decir que las EPS puedan tener su propia red de hospitales y clínicas, lo que podría garantizar no solo una mejor economía y gestión de recursos, sino también erradicar de una vez por todas el pimponeo al que en muchas ocasiones termina sometido el paciente.

Como se ve, más allá del debate sobre sus ventajas y deficiencias, la principal conclusión que se puede sacar sobre la Ley Estatutaria de Salud es que debe ser vista como un punto de partida para rectificar el sistema, y no como se trató de presentar dos años atrás, es decir como una solución sustancial a todos los problemas estructurales que ya están más que diagnosticados y, frene a los cuales, muchas de las medidas adoptadas en la última década no dieron el resultado esperado.