Para la plenaria del Senado se espera que la proposición del senador Germán Varón quede introducida en la ponencia y el Gobierno cumpla con darle garantías a los terceros civiles. 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que desde que fue radicada en la Cámara de Representantes la iniciativa ha tenido modificaciones. "El proyecto ha venido mejorando. Se han hecho más de 35 modificaciones, muchas de ellas fueron sugeridas por senadores que no han votado el  proyecto".

El proyecto aprobado contempla la creación de un Sistema integral que estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

La JEP se aplicará a todos los ex combatientes desmovilizados de las Farc, terceros y miembros de la Fuerza Pública como lo destacó el Jefe de la Cartera Política: "Por primera vez en el país se hace una justicia diferenciada para militares que cometieron delitos en el ejercicio de su deber en el marco del conflicto armado". 

El senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, quien se retiró de la ponencia, redactó un artículo que será llevado a la Plenaria del Senado, para darles plenas garantías a los terceros civiles que puedan ser involucrados en investigaciones de la JEP.

En dos semanas, se reunirá la Plenaria del Senado para darle su aprobación final al proyecto y dar paso a la Jurisdicción Especial para la Paz. El senador Varón explicó el acuerdo con el Gobierno: “quedo con el compromiso del Gobierno de incorporarlo en la plenaria y obviamente permitiendo que ellos de manera voluntaria puedan escoger jurisdicción, a no ser de que se trate de casos muy graves como el acceso carnal, con reclutamiento forzado de menores, con temas como tortura, o con ejecución extrajudicial“.

Señaló que esos son temas en donde la JEP tiene competencia. “Seguiré en la lucha como simple parlamentario de que mis proposiciones puedan ser tenidas en cuenta, y la que se refiere que como elemento probatorio no sea suficiente un testimonio, esto para evitar que los carteles de falsos testigos puedan involucrar a las personas en procesos que terminan generando un daño irreparable”, sostuvo.

Consideraciones del ponente

El senador Roosvelt Rodríguez, coordinador ponente de la iniciativa, dijo que “por supuesto, los principios fundamentales no fueron objeto de negociación en La Habana. Su vigencia es plena”.

Y agregó que “el ordenamiento jurídico vigente es el punto de referencia (Art.29 de la Constitución) para atribuir responsabilidades penales”. 

Aseguró el legislador también que “'extradición se prohíbe para todos los que se sometan a Jurisdicción Especial para la Paz. Sanciones de Jurisdicción Especial Paz no quitarán derechos políticos a sancionados”. 

Añadió también que “estas normas son de carácter transitorio,  son temporales, dispuestas para cumplir con un objetivo, la Paz estable y duradera”.

El legislador aseveró también que “no debemos tenerle miedo al pasado, por enfrentarlo, por conocerlo, para saber hasta dónde la guerra desfigura la naturaleza humana. Los absolutos sólo servirán para quedarnos en ese pasado que lamentamos y repudiamos; para volver a él una y otra vez”.

Y los militares 

La situación jurídica de militares y policías quedaría resuelta con Jurisdicción Especial para la Paz. La iniciativa que se discute en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tiene en cuenta un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la creación de una estructura judicial que garantice el proceso, así como el tema de extradición, participación en política y normas aplicables a miembros de la Fuerza Pública.

Es precisamente este aspecto el que mayor controversia ha generado, sobre todo en los altos mandos militares, quienes a través de medios nacionales, expresaron su preocupación sobre la responsabilidad por mando y la posible inclusión del artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual hace referencia a este tema.

Según expresó el senador Roy Barreras el artículo en mención no hará parte del Acto Legislativo. “La JEP les ofrece beneficios y solución jurídica a las Fuerzas Militares, invito a los retirados a que lean con detalle los textos finales del proyecto. El artículo 28 no va en la ponencia porque nuestra justicia interna funciona y da garantías a nuestros soldados y policías”, aseguró el legislador del partido de La U.

En lo que concierne a la responsabilidad por mando se aplicará entonces el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH.

Asimismo se tendrán en cuenta las siguientes condiciones concurrentes:
1. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando, según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad.
2. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir.
3. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente.
4. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión.

Para el General Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, hay mayor claridad con las proposiciones presentadas. “Hago un reconocimiento a los senadores de la Comisión Primera por su interés en corregir los textos nocivos que afectaban a la Fuerza Pública. La legislación colombiana es precisa y determina con claridad la imputación por delitos relacionados al ejercicio del mando”, dijo.

De otro lado denunció que sectores de la izquierda tenían interés en incluir el artículo 28. “Hay grupos que quieren causarle daño a nuestras Fuerzas Militares, Organizaciones no Gubernamentales con financiación de izquierda. Nosotros lo que pedimos es ser juzgados aquí con nuestra legislación, sin tribunales extranjeros”, puntualizó el General Ruiz.

Por su parte la senadora Claudia López pidió incorporar un régimen para las dos partes. “Con este proyecto se da un tratamiento inequitativo a la Fuerza Pública frente a los miembros del secretariado de las Farc, es un engaño ya que el Estatuto de Roma es vinculante y no por no estar escrito, no aplica”, aseguró.