Una de las principales iniciativas que se han quedado engavetadas de los dos gobiernos del presidente Santos es la reforma a la educación superior, y parece que se quedará allí, pues su mandato está a punto de entrar en la recta final. Aunque a juicio de algunos pretendería llevar a cabo algo de esta reforma a través del desarrollo del sistema nacional de educación terciaria, al amparo de la implementación del acuerdo de La Habana.

En marzo del 2011, el presidente Santos manifestó la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992, argumentando que debía sintonizarse con los nuevos tiempos y los cambios en la sociedad en todo el mundo.

Indicó que uno de los objetivos de esta reforma era que los jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino. Santos señaló que a 2011, “en los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron”.

El Jefe del Estado planteó que para generar una educación de calidad, sintonizada con las necesidades del país  y con mayor cobertura, su gobierno incrementaría la inversión. “También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas. La educación pública -si quiere ser competitiva- no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada”.

Aclaró Santos en esa oportunidad que “desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca -simple y llanamente- que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública -y en alianza con ella-, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante. Todo lo contrario Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación. Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o -para no ir muy lejos- en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil”.

Fracaso de la reforma

A pesar de que el Gobierno nacional discutió la reforma a la educación superior con diferentes actores del sector, le faltó llegar a consensos con el más importante, como son los estudiantes, que iniciaron un  movimiento de resistencia en 2011 frente al proyecto de ley radicado en el Parlamento, logrando el apoyo de rectores de las universidades públicas, que no solo criticaron que a su juicio la iniciativa no solucionaba el problema de la poca atención por parte del Estado a la universidad pública sino que la presencia de las APP fue interpretada como un intento de privatización .

Estudiantes de todas las universidades públicas del país e incluso algunas privadas se organizaron en la MANE (Mesa Nacional Estudiantil), quienes por medio de marchas y acción en el alma mater, que derivó en un paro mayor a un mes, lograron que en noviembre de 2011 el Ejecutivo se viera obligado a retirar el proyecto de reforma a la educación superior.

Pero ahí no pararon los estudiantes agrupados en la MANE, pues durante más de dos años se dieron a la tarea de construir en mesas en diferentes regiones del país un proyecto alternativo de reforma a la educación superior, el cual discutieron con sectores académicos, sociales, gremios y políticos.

El paso siguiente que convinieron fue sentarse con el Gobierno nacional a discutir este proyecto en una mesa de concertación, lo cual nunca sucedió porque las dos partes no se pusieron de acuerdo; al tiempo que el Gobierno optó por dejar de lado la reforma a la educación superior y concentrarse en la construcción de una política pública que establezca los lineamientos de la misma hacia 2034.

Es necesaria

Hay necesidad de la reforma a la educación superior le dijo a EL NUEVO SIGLO el Presidente  de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia (APUN Medellín), Óscar de Jesús Zapata Ocampo.

“Hay necesidad de la reforma, pero no puede ser por la vía como lo está planteando la Ministra (Educación) del fast track. Tiene que ser en una discusión más amplia en la cual se viene avanzando desde el 2011 después de la movilización de los estudiantes. Eso finalmente lo han ‘enmochilado’ y se han dedicado a hacer una serie de reformas metidas entre otras leyes”.

Zapata Ocampo dijo que la reforma a la educación superior que debe apuntar “aparte de la financiación se tiene que hacer una revisión de la composición de los consejos superiores y la composición, inclusive, de los organismos académicos en las universidades”.

Por su parte, Sergio Fernández, quien fue vocero de la extinta MANE y en la actualidad hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes, señaló a este Diario que “el Gobierno trató de meter por el fast track, por el mecanismo para la implementación de los acuerdos de paz la reforma a la educación, a pesar de que el asunto nada tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz. ¿Qué fue lo que trató de meter el Gobierno?, pues lo mismo que no pudo meter en el año 2011 cuando intentó meter la educación con ánimo de lucro por vía de reformar la Ley 30”.

Añadió que “cuando uno se pone a mirar qué era eso del sistema nacional de educación terciaria, que era lo que proponían, pues es básicamente acabar con las particularidades que la Ley 30 define respecto a la educación superior. Por ejemplo que la educación superior y en particular la educación universitaria, dice la Ley 30 no puede tener ánimo de lucro. Y el Gobierno quería crear un monstruo llamado educación terciaria en la que cabía la educación formal, la educación informal, la educación para el trabajo, la técnica, tecnológica, universitaria, toda en una sola con el propósito de regularla con base en lo señalado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es decir con base en que toda la educación terciaria hace parte de la educación con ánimo de lucro. Por fortuna el Gobierno, parece, no me confiaría mucho, ha frenado en ese aspecto”.

Fernández consideró que la verdadera reforma debe apuntar principalmente a la adecuada financiación de la educación pública  para resolver los problemas de acceso y de calidad. “Es claro que si el próximo gobierno es del santismo, uribismo, Vargas llerismo, pues va a continuar la misma línea que viene desde hace dos décadas en materia de educación superior, y es el de desmantelar la universidad pública y fortalecer la financiación de la oferta privada”.

Hace algunos días, el Ministerio de Educación indicó en un comunicado que “actualmente no existe ninguna iniciativa radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”.

Aunque aceptó que entre el 19 y el 26 de enero del presente año, junto al Ministerio de Trabajo y el SENA desarrollaron “seis talleres para la discusión de un borrador de decreto-ley tendiente a garantizar una oferta educativa con calidad y pertinencia en las regiones, especialmente en zonas afectadas por el conflicto”.