Como en  una serie de suspenso, que aún no se puede ver en maratón, como las que se encuentran en las plataformas on line más populares, el caso Odebrecht siguió entregando nuevos capítulos esta semana.

Quizás lo más sonado fue el manuscrito que el miércoles le envió el exsenador Otto Bula, acusado de distribuir sobornos para la multinacional brasileña, al Consejo Nacional Electoral (CNE) diciendo que “no es cierto que, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué a Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña de Santos Presidente o a Juan Manuel Santos”.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, la Fiscalía investiga si un millón de dólares que Bula dice haberle entregado a Giraldo tenían como destinatario a Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Santos.

El lunes, Giraldo había asistido a una diligencia de interrogatorio en la Fiscalía para aclarar lo dicho por Bula.

Lo que ha dicho Giraldo, un empresario antioqueño, es que las declaraciones del excongresista son "falsas y perversas", aunque reconoció haberse reunido con él “a comienzos de 2015, hasta donde me acuerdo. La entrevista con él fue muchos meses después de la campaña”, precisando que en la reunión no recibió dinero ni se mencionó a Odebrecht, aunque Bula sí manifestó su interés por acercarse a Prieto.

Investigan a Santos

El miércoles, al cierre de la Cumbre Bilateral con Ecuador, el presidente Santos afirmó que “la Fiscalía recibió una información. Ya identificó quién recibió esa plata. Tengo entendido que ya tiene la información sobre cómo se distribuyó esa plata y en su momento va a divulgar toda esa información después de acabar la investigación”.

Mientras tanto en Bogotá, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representante sucreño Nicolás Guerrero, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anunció que se le abrió investigación preliminar a Santos por la presunta infiltración de Odebrecht a su campaña ante denuncia presentada por el representante uribista por el Huila Álvaro Hernán Prada.

El fiscal en Brasilia

La semana terminó con fiscales generales de once países reunidos en Brasilia para buscar armar equipos multilaterales que investiguen la red de corrupción de la constructora brasileña, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en tres continentes.

La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.

El viernes el fiscal Néstor Humberto Martínez se reunió en la capital brasileña con el procurador de ese país, Rodrigo Janot, pero el jueves los jefes de los entes acusadores se comprometieron este jueves a "promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht", según un comunicado firmado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

A liquidar la Ruta del Sol 2

Otra noticia de trascendencia fue la protagonizada por la Superintendencia de Industria y Comercio que le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “dar por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión de la Ruta del Sol – tramo 2”, liquidación que debe incluir “sus modificaciones, adiciones y otrosíes, en el estado en que se encuentre”.

A través de un comunicado, el superintendente Pablo Felipe Robledo recordó cómo años atrás el hoy exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García, por entonces también gerente general encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), organismo antecesor de la ANI, direccionó “el proceso licitatorio con el fin de favorecer” a Odebrecht “a cambio de un soborno” que ascendió a “un monto de 6,5 millones de dólares”.

El mismo jueves, por medio de una videoconferencia el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, solicitó de manera formal constituirse como víctima en el proceso que se adelanta por el escándalo que salpica a la constructora brasileña Odebrecht. Aval era socio de Odebrecht en la mencionada concesión.

De otra parte, el mismo día se supo que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) anunció que instaló un proceso administrativo sancionatorio contra Navelena (consorcio del que hace parte Odebrecht) por el incumplimiento en sus obligaciones contractuales frente a la navegabilidad del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.

Volviendo a la Ruta del Sol, en cuya liquidación, como quedó dicho, debe incluirse el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra otorgado el año pasado por 900 millones de pesos (aunque se alteraron las fechas correspondientes para que pareciera tramitado con varios años de anterioridad), el lunes ya se había divulgado la copia de un documento que demostraría que la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, asignó en 2014 dos peajes para esa carretera.