Una de las criticas expuestas con mayor énfasis a los acuerdos de Paz ha sido “la impunidad”, y el desconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados a quienes sufrieron la violación y el atropello a sus derechos por parte de la insurgencia. Fue ese el alegato que produjo el fracaso del plebiscito. Es una objeción justa. Las victimas deben ser resarcidas y no necesariamente llevando a la cárcel a los autores del daño. La prisión sólo satisface la sed de venganza, dice el Ministro de Justicia saliente.
Esa es la filosofía que ahora se invoca para el restablecimiento del derecho conculcado a consecuencia de la corrupción liderada por Odebrecht y sus cómplices. El aparato judicial se mueve con ese propósito. ¡Grave error! Si se aplicara la teoría de justicia restaurativa, lógico sería que el Estado procurara recuperar el dinero público comprometido en los ilícitos y reparar el daño al pueblo. El Grupo Aval ha comunicado su intención de reclamar ese reconocimiento de “víctima”.
Analizado el caso se advierte que la manipulación de los contratos celebrados con Odebrecht, auxiliada por el Gobierno, tenía como último fin la explotación de la vía pública -concesión- a través del cobro del peaje. Esa es la causa que estimula las “coimas” y da lugar para que bienes de uso público, propiedad de la Nación, terminen siendo “patrimonio de los particulares”.
El peaje es un ejercicio económico rentable en exceso y, además, su explotación está libre de una auditoria seria y confiable, pues la Contraloría nada hace al respecto, los beneficios a largo plazo son envidiables. Ley 105/93. Esa es la política del Estado neoliberal. Si se hiciera una investigación a fondo de estas operaciones “contractuales”, asociación para delinquir en “Colombia Repu…”, (Minhacienda), seguramente que se descubrirían infinidad de privilegios, cohechos, sobornos, falsedades y concurso de delitos en concierto (concubinato) entre particulares y funcionarios. ¿Qué pasará con el préstamo que arbitrariamente hizo el Banco Agrario, con el visto bueno de los ministros Aurelio Iragorri y “Herodes” Cárdenas, a la socia de Odebrercht & Navelena? ¡Seguramente nada! Como en el ilícito caso de Dragacol, olvidado por la endemia de alzheimer que sufre Colombia política.
Para resarcir los daños causados al pueblo y antes de que se sature la paciencia y las gentes hagan justicia por mano propia, con el voto, por ejemplo, el Gobierno debe examinar los precios y las distancias de los peajes, entre otras razones, admitiendo la responsabilidad de sus funcionarios. El fundamento constitucional de esta responsabilidad del Estado, artículos 89 y 90, podría deducirse de una interpretación racional del artículo 63 que declara que los bienes de uso público son inalienables y la entrega a los particulares de las carreteras para que las exploten con el peaje es una forma disimulada de burlar la regla de la Carta. Y con mayor razón si se cree que es este un Estado Social de Derecho.