La figura de la doble vuelta para las elecciones presidenciales, inaugurada por la Constitución de 1991, está sin duda resultando muy costosa para el país. En lo que va corrido de su ejercicio varios son los escándalos suscitados entre la primera y la segunda vueltas.
De entonces a hoy, solamente Álvaro Uribe Vélez ganó en la primera vuelta, sin necesidad de balotaje, en dos ocasiones. Desde luego, otra cosa fue haber cambiado el ‘articulito’ para permitir la reelección presidencial inmediata, ejercicio que tampoco le salió bien al país.
En el caso de la segunda vuelta presidencial, una figura completamente extraña al constitucionalismo colombiano, esta no ha demostrado sus buenos resultados. En su estreno ya se sabe cuáles fueron las lesivas implicaciones de la campaña de Ernesto Samper. Ahora el gigantesco escándalo de Odebrecht, que esparció sus tentáculos por toda América Latina, tiene en vilo a la campaña presidencial del 2014, especialmente en lo suscitado entre la primera y segunda vueltas.
En efecto, Oscar Iván Zuluaga ganó con el 29% de los votos sobre la aspiración reeleccionista de Juan Manuel Santos, quien obtuvo el 27% en la primera vuelta. Los demás candidatos estuvieron alejados de esa proporción, pero de inmediato pasaron a ser figuras indispensables en el juego de las coaliciones. La presión política y financiera de las dos campañas que clasificaron se hizo evidente a las primeras de cambio y en solo 20 días tuvieron que redoblar los esfuerzos proselitistas y económicos, en medio de la más aguda polarización de la que se tuviera noticia en la historia electoral colombiana.
Fue entonces cuando se desarrollaron episodios tan lamentables como los del hacker Sepúlveda, en la campaña de Zuluaga, o las presuntas denuncias sobre el ingreso de dinero proveniente de una negociación con los denominados “Combas” en la otra campaña. La polarización tomó tal ritmo vertiginoso que el país votó desconcertado, sin prestar mayor atención a los programas, sino en un estado de alteración emocional bastante evidente.
Lo que no se sabía, entre la primera y segunda vueltas, es que detrás de todo el entramado estaba, a su vez, la sombra espesa de la multimillonaria empresa brasileña Odebrecht. Solo en semanas recientes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso de presente la red de sobornos y los ingresos de dineros sucios en las campañas presidenciales latinoamericanas por cuenta de la multinacional, que negoció un Principio de Oportunidad en Norteamérica, comprometiéndose a saldar US$2.500 millones en los Estados Unidos y US$700 millones en las diversas naciones americanas en donde había tejido la más grande telaraña de corrupción, con implicaciones en los más altos niveles de gobierno.
En Colombia, en principio, el país quedó estupefacto con las gigantescas corruptelas utilizadas por Odebrecht para quedarse con las más importantes licitaciones del país y el núcleo básico de los prioritarios cambios en la infraestructura nacional. Pero a poco el torbellino pasó a tsunami cuando se descubrió que también estaban implicadas las campañas presidenciales. La primera en salir al baile fue la anti-reeleccionista de Oscar Iván Zuluaga, cuando una revista brasileña denunció que su asesor estratégico había sido pagado, una parte por la candidatura colombiana y, la otra, sin declarar, por cuenta de Odebrecht, en Brasil. La semana que termina, sin embargo, uno de los satélites de los sobornos practicados por aquella multinacional, Otto Bula, implicó también a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, sosteniendo que había entregado US$1 millón monetizados en pesos colombianos a un testaferro de la gerencia de esa organización. Así lo dio a conocer el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la posterior filtración de la declaración de Bula, capturado por la Fiscalía, y quién está en vías de solicitar un Principio de Oportunidad.
Luego el acápite correspondiente de la declaración de Bula fue conocido por la opinión pública, sobre la base de que había entregado el dinero en efectivo, en dos contados, en diferentes citas, en un restaurante de la calle 85 de Bogotá, en unos maletines al señor Andrés Giraldo, amigo del gerente de la campaña reeleccionista, Roberto Prieto. Estos negaron los hechos y dieron entrevistas que generaron en la opinión pública tanto certezas como dudas. En todo caso, el Fiscal General de la Nación reconoció, en una rueda de prensa, que no tenía prueba documental fehaciente de que el dinero hubiera ingresado a la campaña reeleccionista y se remitió a la declaración juramentada de Bula y sus pesquisas sobre el mecanismo de lavado en el cual se monetizaron los dólares en dinero colombiano.
El resultado, hasta el momento ha sido muy lesivo para Colombia por cuanto comenzó a hacer parte de la galería presidencial latinoamericana implicada en los escándalos de Odebrecht. De tal modo, uno es el brazo internacional de las investigaciones, donde los periódicos y cadenas más prestigiosas del mundo dieron por descontado que en el país había ocurrido lo mismo que con los sobornos o filtración de dineros sucios a las campañas en relación con Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en Perú; Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil; Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en Panamá; y los esposos Kirchner, en Argentina, entre otros.
En el brazo nacional tanto el presidente Juan Manuel Santos como el excandidato Oscar Iván Zuluaga han pedido investigar a fondo sus campañas. A ese objeto, precisamente, viajará el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la próxima semana a Brasil, donde entre otras tomará declaración al entonces presidente de Odebrecht Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli.
Por lo pronto, lo que se muestra es que las presiones electorales entre la primera y segunda vueltas presidenciales pueden ser caldo de cultivo para la corrupción, de lo que aparentemente sacó ilimitado provecho Odebrecht. Es posible, frente a ello, que la competencia libre y abierta con una sola vuelta presidencial y múltiples candidatos, sea un mejor mecanismo para evitar trapisondas de esta índole.