Injusta injusticia | El Nuevo Siglo
Miércoles, 1 de Marzo de 2017

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, reza la frase de Séneca, el filósofo romano.  Pensamiento que, indudablemente, se ajusta a la realidad del sentimiento que  engendra  el nacimiento de un proceso judicial, pues,  tanto para la víctima como para el  victimario,  la incertidumbre termina siendo un suplicio que convierte la ansiedad en un azote tortuoso, amén de que desilusiona cívicamente por plantear la duda acerca de la eficiencia del Estado para cumplir con el deber de proteger a las personas en su vida, honra y bienes.

Un maestro del derecho procesal sentenció con acierto que “el proceso se sufre” y por esa razón,  históricamente,  el procedimiento se ha querido resumir a términos breves para que la decisión del conflicto se adopte oportunamente y no cuando la sentencia sólo sirve para llevar cifras a las estadísticas y justificar la remuneración de los burócratas,  los honorarios de los leguleyos y en ciertos casos la impunidad,  amparada en la prescripción.

No se puede negar que la tardanza suele justificarse, ocasionalmente, por la congestión de los despachos, no obstante hay que admitir que en otros casos se trata de la falta de carácter del juez para resolver oportunamente y prefiere dilatar la cuestión para no asumir su responsabilidad intelectual o, simplemente, no incurrir en conflictos íntimos con los tinterillos que han mediado para obtener su favor.

La historia de los retardos judiciales es inmensa, podría decirse que es una característica del sistema colombiano. El número de procesos que terminan por prescripción es mayúsculo.

También es corriente que se produzcan sentencias que por la dilación en el tiempo su legitimidad crea sorpresas y desconfianza en la sociedad. Ese es el sentimiento que se advierte a raíz del pronunciamiento en el caso del proceso Cárdenas -Colmenares-Moreno…. Litigio exclusiva y extrañamente publicitado por los medios y saturado de consejas.

Otro caso, igualmente publicitado y que es  muestra de la tardanza de la justicia fue el fallo que en el caso Dragacol -Reginaldo Bray- (1998-2011) liberó de  responsabilidad al implicado ex-ministro de transporte, Mauricio Cárdenas Santamaría, próximo candidato a la presidencia de la Republica.

Y qué decir del proceso contra los autores del homicidio de Luís Carlos Galán, asesinato que ahora sus hijos piensan capitalizar para declarar responsable al Estado y pedirle otra indemnización.

También el crimen del doctor Álvaro Gómez o el del periodista Jaime Garzón y tantos otros que hacen  de la injusticia una regla de derecho en este Estado de complicidades.

Para terminar. En esta columna, hace algún tiempo, se hizo referencia a un  amparo de policía que se tramita hace dos años en la Alcaldía del Guamo, un procedimiento que la ley dice se debe agotar en treinta días. ¡Nada se ha decidido! Las victimas siguen sufriendo.

 ¿Entonces? Hay que llegar a alguna conclusión. ¿Será este un Estado Social de Derecho?  Señor futuro Ministro de Justicia: ¡un fast track debería aplicarse a la justicia