La justicia en Colombia continúa deteriorándose todos los días. Basta ver un noticiero para terminar deprimido por el cúmulo de delitos que se cometen diariamente y ver como los jueces liberan a los delincuentes con los más banales argumentos: no se ha presentado denuncia, no se capturó en flagrancia, no constituye un peligro para la comunidad, no tiene antecedentes. Esa impunidad es uno de los principales factores de la criminalidad. Los delincuentes saben que serán liberados rápidamente y que no corren un riesgo grande de ir a prisión, razones que los impulsan a delinquir y reincidir.

Cuando se pregunta a una víctima de delitos menores, atraco, robo, sobre sus razones para no interponer una denuncia, la respuesta es casi siempre la misma: es una pérdida de tiempo, y no bien hemos salido del CAI cuando el malhechor, orondo, sale a continuar delinquiendo. Frecuentes los casos de delincuentes capturados en reincidencia cuando gozaban de detención domiciliaria. En noviembre pasado, el hijastro de Teresa Bautista la asesinó y desmembró, confesó, (“sí, yo la maté y qué”) pero fue liberado al día siguiente de su captura por un juez de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito, aduciendo que hubo errores al momento de su captura. Crímenes mayores, como el homicidio de Luís Andrés Colmenares duran años en los estrados sin que culminen en condena “por falta de pruebas.” La liberación de presos por vencimiento de términos es pan de cada día y no se sabe si esto se debe a negligencia de los jueces, a normas procedimentales absurdas o a una enorme congestión judicial debida a falta de recursos. Dice el Fiscal General Néstor Humberto Martínez que en el país hay 93.000 audiencias represadas, 16.000 imputaciones pendientes y cinco mil audiencias de lectura de fallo que no se han podido realizar. Y en la jurisdicción civil las cosas no son menos graves, un fallo de casación en la Corte Suprema de Justicia toma fácilmente diez años, después de haber pasado por los estrados inferiores durante muchos más y altísimos gastos.

Cuando en un país la justicia se erosiona en esta forma, la corrupción es rampante y la criminalidad aumenta, la democracia peligra. Cuando la justicia falta, el terreno queda abonado para los populistas que la incluyen dentro de sus utópicas promesas para llevar a los pueblos a dictaduras como las de Cuba o Venezuela. Nuestros gobiernos, desde hace muchos años, han descuidado la administración de justicia y no le otorgan ni el interés, ni el presupuesto debidos. La solución que proponen es que no se condene a delincuentes menores o que cumplan sus sentencias en sus casas. Y se nos viene encima el caótico circo de la JEP.