Sería necesario triplicar el presupuesto anual de los subsidios en dinero otorgados por el Estado en beneficio del adulto mayor desamparado si el Congreso aprueba un proyecto de ley que propone que estos auxilios estén por encima del indicador de la línea de pobreza. Así lo previno el Ministerio de Hacienda, por lo cual entregó un concepto negativo para continuar con el trámite de esta iniciativa suscrita por senadores del Partido Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe.

La cartera de Hacienda y Crédito Público explicó en un concepto jurídico que hizo llegar al presidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano, para el segundo debate de esta iniciativa, que la ejecución proyectada del programa Colombia Mayor para 2016 fue de $1.1 billones.

En ese sentido explicó que “con el fin de estimar el costo de la iniciativa, es necesario tener presente que para el año 2015 la línea de pobreza, según el DANE, estaba en $223.638 por persona y la línea de pobreza extrema en $102.109. De otra parte, el promedio mensual actual de auxilio entregado en el programa de protección al adulto mayor es de $63.450 con una población beneficiaria de 1.386.982 personas, por lo que la aplicación del artículo 1º del presente proyecto de ley implicaría ampliar el subsidio existente de Colombia Mayor de $63.450 a $223.638, esto es, para aquellas personas que ya pertenecen a este programa, sin tener en cuenta el incremento que representaría el otorgamiento del subsidio completo a las nuevas personas que cumplan con las características socioeconómicas como, por ejemplo, no tener pensión y no pertenecer a Colombia Mayor”.

Añadió que  el costo fiscal que la iniciativa hubiera tenido para el año 2015 sería de $2,79 billones adicionales para la ampliación del subsidio ya existente; sumado a esto, un posible otorgamiento de este subsidio a otros 100.000 adultos mayores, que cumplan con los requisitos establecidos, ascendería a $268.000 millones, para un total de $3 billones adicionales, “lo cual sobrepasa ampliamente las estimaciones de mediano plazo respectivas y podría repercutir en contra de la financiación de otras iniciativas de carácter social”.

La iniciativa del Centro Democrático amplía el plazo para la entrada en vigencia en caso de convertirse en ley, de suerte que no se haría a partir de la siguiente vigencia fiscal de su aprobación sino de forma progresiva y gradual durante las siguientes cuatro vigencias fiscales.

Sin embargo, para el Ministerio de Hacienda “la gradualidad de su entrada en vigencia no cambiaría el alto costo de su implementación que incrementa en más de tres veces el presupuesto actual del programa, cuya ejecución presupuestal de gastos proyectada para 2016 es de $1.1 billones”.

El proyecto

La iniciativa del Centro Democrático establece que el valor de los auxilios o subsidios en dinero dirigidos y otorgados en beneficio del adulto mayor de que tratan los servicios sociales complementarios del Sistema de Seguridad Social o del Sistema de Protección Social o que llegaren a crearse deben estar por encima del indicador de línea de pobreza que informe el DANE.

El proyecto de ley indica que es necesario  nivelar el valor que percibe el colombiano adulto mayor en aplicación de los servicios sociales complementarios de que trata el Sistema General de Seguridad Social o el Sistema de Protección Social, “toda vez que actualmente, dicho valor se encuentra en un rezago con respecto al indicador que ilustra el nivel de pobreza del país”.

Agrega que “consideramos de la mayor importancia y equidad que el valor de los subsidios o auxilios en dinero del Gobierno nacional otorga en desarrollo de programas sociales observando la Política de Estado de Atención Integral al Adulto Mayor (actualmente Colombia Mayor) creado a partir de la Ley 1246 de 2009 la asistencia social sea una expresión de la justicia y equidad social en procura de generar condiciones de dignidad de la población en estado de vulnerabilidad, en este caso, la población considerada como adulto mayor”.

Dice también que el Programa de Colombia Mayor  debe conservar su concepción acerca del impacto y protección buscada, reconociendo  un parámetro objetivo de medición y propender por la actualización sin que en la reglamentación pueda disminuir la adquisición efectiva del beneficio.