la Justicia Especial para la Paz, JEP, por lo que se espera que hoy se reúnan con el presidente Juan Manuel Santos y se llegue a una claridad durante la votación del proyecto en la Comisión Primera del Senado.

Al encuentro de generales en donde asistió el general  Jorge Enrique Mora Rangel y que se llevó a cabo ayer, se acordó, además de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, radicar una carta ante el Jefe del Estado.  En medio de la reunión el general en retiro Jaime Ruiz, director de Acore señaló que, “el motivo de preocupación radica en que los textos que actualmente se encuentran en el acto legislativo en la Cámara de Representantes, no han sido modificados en la medida que hemos planteado como necesidad de hacerlo para evitar que se nos meta todo lo que sería la competencia de la justicia internacional sin límite alguno (…) y el articulo 28 en materia de responsabilidad del mando como conductas penales de subalternos, está descartado desde el año 2002 y no forma parte del bloque de constitucionalidad entraría fácilmente”.

Ruiz dijo que “no colocaría en situación de riesgo a los miembros de la Fuerza Pública, contraviniendo lo que el señor Presidente ha anunciado insistentemente de que tendríamos plenas garantías en la jurisdicción especial para la paz”.

Línea roja

Señaló que en el tema militar hay una línea roja establecida por el propio Gobierno en el sentido de que no es motivo de negociación con las Farc en La Habana.

“Hay confusión en algunas redacciones, hay confusión en algunos párrafos que es preferible suprimirlos”, dijo.

Indicó el general que también se quejan por la integración de las personas que tendrán que escoger a los jueces y magistrados. “Hay tres extranjeros y dos colombianos. De los tres extranjeros hay uno peruano que fue un asiduo defensor de Sendero Luminoso, que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actuó contra Colombia en muchos procesos y el otro personaje es un ciudadano argentino que estuvo preso en varias ocasiones en el régimen militar argentino, que alegó tortura y malos tratos, un hombre supremamente prevenido, y él tampoco constituye una garantía”.

Cabe recordar que en días pasados Ruiz le contó a EL NUEVO SIGLO que el Gobierno los había engañado con la JEP, pues “el Ministro de Defensa me pidió a mí que hiciera una declaración pública diciendo que esto de la justicia transicional era lo mejor para la Fuerza Pública. Así yo lo hice conjuntamente con el Ministro, advirtiendo que debía corregirse todo aquello que ha sido motivo de observaciones. Y nada de eso se hizo”.

“Sencillamente hemos sido víctimas de un engaño. Eso lo hemos tratado con los diferentes congresistas. La posición del Gobierno es no cambiar una coma de lo que está en el acto legislativo  Ese artículo 28 es nocivo. Fue rechazado por la Corte Constitucional. Hay cuatro sentencias. Y pues ahora como la extrema izquierda radical, en cabeza de varias ONG financiadas por el señor Soro, colectivo de abogados, el señor Uprimny, ellos reciben dineros para hacer esto; es decir, la presión es grande. Nos quieren juzgar con el mayor rigor, de la manera más violenta” concluyó.

La misión

El también general Manuel José Bonet Locarno señaló que “nuestra misión como comandantes que fuimos tiene dos caras, tiene la cara que quienes comandamos anteriormente que pueden caer en problema por culpa de un articulado, y nuestra misión es estar pendiente de ese articulado”.

Agregó que “lo segundo es la seguridad nacional, porque nosotros en nuestro momento respondimos por la seguridad nacional no solamente interno, sino externo, de tal manera que por eso hemos estado analizando”.

Por su lado, el general Juan Salcedo Lora, dijo que “desde hace mucho rato estamos preocupados por la redacción del contenido de la Justicia Especial para la Paz, tremendamente preocupante porque hay la intención malévola de enjuiciar a todos los mandos militares y policivos de la época”.

A estos reparos de los generales cabe señalar el pronunciamiento de José Miguel Vivanco de  Human Rights Watch, quien expresó ante el Congreso, y vía twitter, que “ojalá gobierno  se deje de jugarretas y corrija ‘responsabilidad de mando’".

Y en carta enviada al Congreso dijo que “en efecto, pareciera que si uno de los requisitos de esta definición ad hoc del principio de ‘responsabilidad de mando’ no se cumple -por ejemplo, que el crimen ‘tenga relación con actividades bajo la responsabilidad’ del superior- los comandantes podrán fácilmente evadir sus responsabilidades por las atrocidades cometidas por sus subalternos”.

Entre tanto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió a las preocupaciones que expresó en La W el presidente de Acore, general (r) Jaime Ruiz, sobre la justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública.

Ante las denuncias sobre posibles micos que irían en contravía de lo que les indicó el Gobierno en esta materia, el ministro Villegas indicó que no hay posibilidad de que esto ocurra, pues el trámite a través del fast track en el Congreso incluye que cualquier cambio que se quiera hacer mediante una proposición o ponencia, necesita ser avalado por el Gobierno nacional.

"Todo cambio que se dé necesita ser aprobado por mí, por el Ministro del Interior y por el Ministro de Justicia. Micos en el Congreso no va a haber. Proposiciones mil, ya las hubo en Cámara y en la discusión de la Ley de Amnistía, pero solo quedan las que tienen el aval del Gobierno, que van en la línea de lo que ya se ha acordado", aclaró Villegas.

Señaló, asimismo, que “el Presidente de la República ha actuado como garante de que los principios de esa justicia que se aplicará a los militares se cumplan: que sea una justicia diferenciada, pues no es lo mismo actuar en el marco del DIH que en el de los derechos humanos en la justicia ordinaria; no es posible pensar en una paz verdadera y estable si no se tienen soluciones jurisdiccionales tanto para la guerrilla como para los agentes del Estado y tiene que ser simultánea en el sentido que no se puede tener a las Farc con la situación solucionada y los militares haciendo fila a ver si se le soluciona de a uno”.

El Congreso

Para el coordinador ponente de la Justicia Especial para la Paz, el senador Roosvel Rodríguez, “lo que es claro es que la Justicia Internacional es subsidiaria, es alternativa, y se aplica cuando en el país no ha habido investigación ni juzgamiento. En el caso de Colombia no aplicaría la Justicia Internacional porque aquí tenemos suficientes leyes que castigan la comisión de los delitos que eventualmente cometan los militares. Y en el caso de la Jurisdicción Especial de paz, ésta se encargará de investigar y juzgar todas las conductas cometidas  por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto”.

Frente a los cambios de la ponencia explicó que “no se van a hacer cambios sustanciales. Se atendieron algunas de las inquietudes del Fiscal y otras que se hicieron en las mesas de trabajo que adelantamos para la elaboración de la ponencia”.

Y acerca de las inquietudes del Fiscal que se introdujo, “sus preocupaciones sobre los  delitos de ejecución permanente, de los delitos que cometan los disidentes,  y los reincidentes”.