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CPI opininará sobre amnistía para Farc

Foto CPI

Un concepto le solicitó la Corte Constitucional a la Corte Penal Internacional (CPI) acerca del Decreto 277 del 17 de febrero, por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 sobre amnistía e indulto para integrantes de las Farc que no estén comprometidos en delitos graves.

La Corte Constitucional hizo la petición en el marco del estudio que viene haciendo de la Ley de Amnistía, la primera ley aprobada de los cerca de 40 proyectos de reforma constitucional y leyes estatutarias y ordinarias que debe presentar el Gobierno al Congreso de la República para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Por ello previamente la Corte Constitucional le había solicitado a la Fiscalía, al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia el listado de los guerrilleros investigados y condenados por delitos que sean amnistiables e indultables.

Ya en enero pasado, la Corte Constitucional le había solicitado un concepto a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado sobre la Ley de Amnistía y de indulto, también en el marco del estudio de exequibilidad de esta norma.

También la Corte Constitucional solicitó concepto a la Presidencia de la República, al Movimiento Voces de Paz y al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, mientras que los Secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado deberán aportar las Gacetas y la documentación relacionada con las proposiciones mediante las cuales se dio por refrendado el último Acuerdo Final con las Farc.

Igualmente deberán aportar todos los documentos relacionados con el trámite de la Ley de Amnistía, como las fechas de sesiones de discusión y votación, el quorum deliberatorio y decisorio, el número de votos con los que se aprobó, entre otros.

La CPI

La Corte Penal Internacional fue el tribunal creado al amparo del Estatuto de Roma, por medio del cual se busca castigar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, cuando los países firmantes de este acuerdo no aplican justicia en esta materia.

La CPI  hasta el momento se ha mantenido vigilante de la negociación que adelantó por cerca de cuatro años con las Farc para ponerle punto final a un conflicto que se extendió por más  de medio siglo.

No obstante en varias oportunidades la fiscal Fatou Bensouda al tiempo que ha manifestado su respaldo al proceso de paz, de igual forma ha hecho un llamado para que no haya impunidad frente a los delitos graves que cometieron las Farc.

En ese sentido en septiembre pasado, la CPI manifestó su pleno respaldo al acuerdo de paz que habían suscrito un mes antes en La Habana los equipos negociadores del Gobierno, en cabeza de Humberto de la Calle, y de las Farc, a cargo de Iván Márquez.

La CPI calificó este acuerdo como “un logro histórico para Colombia” y además resaltó el hecho de que no se incluyan amnistías o indultos para los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra.

“El anuncio del 24 de agosto de 2016 sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP es, sin lugar a dudas, un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años”, señaló la comunicación de la CPI firmado por la fiscal Bensouda, quien a renglón seguido señaló que recibió “con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma”.

No obstante vale recordar que este acuerdo debió ser ajustado después de que el pasado 2 de octubre la tendencia del No ganara el plebiscito.

Como consecuencia durante casi un mes el Gobierno se vio obligado a reunirse con los principales voceros del No, como el expresidente Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez, con el fin de escuchar sus propuestas que finalmente fueron llevadas a La Habana para ser discutidas con las Farc.

No obstante en los ajustes que se plantearon el punto sobre la amnistía y el indulto para los  guerrilleros rasos no sufrió cambios sustanciales porque el uribismo y otros sectores que se opusieron a la negociación con las Farc, no ha visto problema que estos combatientes tengan este beneficio.

Los reparos del uribismo y los sectores del No en materia penal de esta acuerdo están dirigidos a los beneficios que tendrán los comandantes de las Farc involucrados en delitos de lesa humanidad, quienes no irán a la cárcel sino sufrirán restricción de su libertad por 8 años y tendrán elegibilidad política, claro está si contribuyen con la verdad y reparación de las víctimas.

Primeras amnistías

La Fiscalía anunció ayer que otorgó las primeras cuatro amnistías a miembros de las Farc, en el marco de la aplicación del pacto de paz sellado entre esa guerrilla y el Gobierno.

Según un comunicado del ente investigador, en cumplimiento de las leyes aprobadas "como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación informa que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía".

"Después de verificar los diferentes sistemas de información la Fiscalía General de la Nación tramitó las primeras cuatro solicitudes: 1 (una) en Paz de Ariporo (Casanare, este), y 3 (tres) en Neiva (Huila, oeste)", detalló el organismo.

Los guerrilleros de las Farc que pueden ser objeto de amnistía son aquellos señalados únicamente de rebelión o delitos conexos.

Otros rebeldes, no obstante, han optado por solicitar libertad condicionada porque han pagado más de cinco años de pena por delitos que no son directamente amnistiables.

Así, la Fiscalía dijo este lunes que "tramita 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las Farc".

Las decisiones sobre estas peticiones, deberá emitirlas en los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá.

"Los miembros de las Farc que se hagan acreedores a la libertad condicionada, deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que informar todo cambio de residencia y no podrán salir del país sin previa autorización", añadió el ente.

La JEP es el sistema judicial que se creará para dictaminar sobre los delitos cometidos en medio de la confrontación armada de más de medio siglo y cuya conformación fue acordada por Gobierno y guerrilla en el acuerdo de paz firmado en noviembre.

Ayer se conoció que el sábado pasado recobró la libertad el primer guerrillero de las Farc por cuenta del beneficio de la amnistía. Se trata de Ronald Peña Chacón, quien se encontraba privado de la libertad en la ciudad de Cúcuta pagando una condena por concierto para delinquir y rebelión, pertenecía a la red de terrorismo de la guerrilla en Arauca.