El cardenal colombiano Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, en respuesta a la carta enviada por la Directora nacional del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), en la que  le exige a la Iglesia cero tolerancia con casos de abuso sexual a menores, reiteró que la Iglesia mantiene la clara y leal consigna de “cero tolerancia”, ante cualquier caso de abuso a menores por parte de algún miembro de la Iglesia Católica.

“Esto nos impulsa, como Iglesia, a asumir clara y lealmente la consigna ‘cero tolerancia’ ante cualquier caso que sea denunciado ante nuestros delegados de protección de menores y a tomar todas las medidas para que los responsables sean castigados tanto canónica como civilmente. Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio”.

El prelado recordó que desde la Arquidiócesis de Bogotá se ha implementado una oficina de protección de menores, que busca a través de programas, talleres y proyectos formativos, trabajar en la prevención y cuidado de los menores.

“Realizamos un serio trabajo formativo para que todos nuestros establecimientos asuman decididamente una ‘cultura del buen trato’ y salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes a los cuales servimos”, señala la misiva.

El Purpurado explicó que para evitar estos casos, la Iglesia asume su compromiso de tener mayor rigor en la selección de candidatos que ingresen al seminario y velará para que se cumplan los protocolos de protección y los debidos procesos canónicos y jurídicos de abusadores de menores.

Este cruce de cartas se da por el caso de presunta  pederastia presentado en Cali ante el cual la Arquidiócesis de esa capital se defendió asegurando que los padres tuvieron responsabilidad en lo sucedido.

Carta de Cristina Plazas

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plazas, envió al cardenal Rubén Salazar una carta en la que le pide que la Iglesia exprese su rechazo ante los casos de abusos de menores por parte de sacerdotes y manifieste “cero tolerancia” por éstos.

La misiva fue enviada en el contexto del abuso al que fueron sometidos 4 menores en 2009 en Cali por parte del cura William Mazo, y ante el cual la familia ha pedido una millonaria indemnización que la Arquidiócesis de Cali se niega a pagar alegando que los padres también fueron responsables del abuso al desproteger a los niños por tener una actitud “omisiva, laxa, permisiva, abandonada y desinteresada”.

Plazas Michelsen aseguró que es necesario que "la Iglesia colombiana rechace y desautorice públicamente esas afirmaciones sobre la base de que no corresponden a los fundamentos de la fe que profesamos”.

"No me cabe duda de que esta es una gran oportunidad para que la Iglesia, que usted representa, siente un precedente y exprese 'cero tolerancia' ante todo lo que rodea el abuso sexual, el delito más atroz de la humanidad", indicó el ICBF en la carta.

Derecho de Petición

Pero además de este cruce de cartas también se conoció que el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Telésforo Pedraza, envió un derecho de petición a la Dirección de Bienestar Familiar,  en que dice que “me permito solicitar que se me informe  en relación con los reiterativos actos de abuso sexual cometidos por docentes bien sean de instituciones del sector público o privado. Qué mecanismos de prevención ha implementado su despacho para evitar los continuos abusos de degradación a la integridad personal de los niños, en los centros de atención a menores que dirige su institución”.

Agregó “qué acciones frente a los centros de atención de menores que dirige su institución, en donde se han presentado hechos y denuncias de abuso sexual contra los niños, ha tomado su despacho. Por favor relacionarlos. Qué proyectos en materia legislativa, para efectos de la separación automática de quienes han cometido abusos sexuales contra los menores, sin tener en cuenta los procedimientos de simples faltas disciplinarias de las personas que tienen el cuidado de los niños o en casos de docencia, ha tomado su despacho”.