En el marco de la alianza entre la universidad Los Libertadores y el periódico EL NUEVO SIGLO, para organizar una serie de foros con el fin de debatir entre los estudiantes los temas más candentes de la actualidad nacional e internacional, tocó la apertura al ex vicepresidente y ex jefe negociador de los acuerdos con las Farc, Humberto De la Calle.

El artífice del proceso de paz, que lideró las negociaciones durante cuatro años en La Habana y las llevó a término en el acuerdo del Colón, fue enfático en asegurar que el convenio ya no es del Gobierno o los partidos políticos, sino que es un compromiso nacional y una responsabilidad del Estado.

Frente a ello, asimismo, el virtual candidato presidencial se mostró contrario a añadirle arandelas al acuerdo del Colón, como puede estar sucediendo actualmente con la propuesta gubernamental de reforma política, en la que se ha venido hablando de todo tipo de posibilidades que no se compadecen, ciertamente, con lo pactado en Cuba. De hecho, sorprendió una cierta distancia del ex jefe negociador con las tesis gubernamentales en la materia y fue claro en afirmar que no podía utilizarse el “fast track” para llevar la supuesta reforma a cabo. De suyo, la gran mayoría del país ha visto la propuesta de reforma política como un distractor de la grave crisis por la que hoy se atraviesa, a raíz de los sobornos a funcionarios públicos y los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014.

Para De la Calle el tema articulador del denominado posconflicto es la educación. Lo que es, desde luego, un aspecto a tener en cuenta, pero igualmente hay que decir que la educación es una responsabilidad permanente del Estado y que, aparte de los acuerdos de paz, tiene que asumirse con toda la atención y la presteza del caso.

Para nosotros, tal cual se dijo por parte de los voceros de este periódico en el foro, uno de los temas articuladores esenciales de la paz está en el medio ambiente. Está claro, constitucionalmente, que toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente sano. Y por lo tanto es deber del Estado proteger la biodiversidad, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación sobre los ecosistemas colombianos para el logro de estos fines. De allí que el Estado deba planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, igual que su conservación, restauración o sustitución. En tal sentido, el Estado está obligado a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones correspondientes y exigir la reparación de los daños causados.

La guerra colombiana, en los últimos 50 años, ha sido la principal depredadora del medio ambiente. Si se hiciera un cálculo aproximado en referencia a la pérdida de los recursos naturales en todo ese trayecto podría decirse, sin temor a error, que el monto puede ser, mínimo, del tenor del hueco que ha dejado la corrupción en el país y muy seguramente podría elevarse geométricamente sobre esos rubros deplorables.

Si a ello se suman, por supuesto, otros factores como el auge de los cultivos ilícitos, en medio de los acuerdos de paz, y el apogeo de la minería criminal, dos elementos que vienen deteriorando irreversiblemente el medio ambiente, podrá entenderse cuán necesario es poner la defensa de los recursos naturales colombianos en la mitad del debate del llamado posconflicto. Porque, ciertamente, puede ser plausible haber desactivado una máquina criminal como las Farc, pero la verdad es lamentable observar cómo ese espacio viene siendo copado por otros factores delincuenciales, cuya depredación ambiental mantiene las mismas o peores proporciones de lo que venía aconteciendo.

Se sabe, en efecto, que una porción mayoritaria de las exportaciones en metales preciosos proviene de la minería criminal, dejando a su paso la intoxicación de los recursos hídricos y envenenando las aguas con mercurio, del mismo modo que es un dato extravagante que los cultivos ilícitos ronden las 160.000 hectáreas de hoja de coca, cuando en el 2013 estaban en 45.000, generando una deforestación maquinal y acabando con los sumideros de carbono, base de la defensa contra el cambio climático.

En efecto, este es otro de los grandes temas que deben abocarse con todo el rigor del caso dentro de lo que llaman el posconflicto. Colombia es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático y por lo tanto se hace necesaria una pedagogía y una política pública dirigida tanto a su adaptación como a su eliminación. El costo de las catástrofes ambientales, a raíz de los cambios en el régimen de lluvias, ha venido pasando cuenta de cobro al país. Pero además de ello hay regiones donde el uso del suelo se ha visto afectado irremediablemente por la inestabilidad del clima y la imposibilidad de la planeación y el control de las cosechas y la ganadería. Hacia el futuro parte importante de la paz se juega en el modo como el país puede enfrentar el cambio climático y garantizar el agua para las generaciones futuras.

Todo lo anterior generando, a su vez, las condiciones para el desarrollo sostenible. El país, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de convertirse en despensa alimentaria ahora cuando las proyecciones aseguran que en menos de 50 años la población mundial pasará de los 7.000 millones de habitantes actuales a 9.000 millones. Eso generará una mayor demanda de agua, energía y alimentos. Es posible enfocar el modelo económico hacia allí.

Cierto, pues, como concluyó de la Calle en el foro EL NUEVO SIGLO-Los Libertadores que la educación debe ser el tema central del posconflicto. Pero también es la oportunidad de poner los recursos naturales en un lugar preponderante y ensanchar un modelo económico de desarrollo sostenible que signifique el encausamiento y la expansión de la paz.