DECISION DEL TRIBUNAL DE BOGOTA
Gobernador de La Guajira, en La Picota

Foto El Nuevo Siglo - Juan Sebastián Cuellar

A la cárcel La Picota en Bogotá fue enviado ayer el gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, por presuntamente haber entregado mercados, tejas y hasta chivos a población de escasos recursos en este departamento a cambio de votos en las elecciones que ganó en noviembre pasado. Un hecho más a la crisis social y política en esta región, en donde los últimos cuatro mandatarios han sido destituidos.

El magistrado de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, ordenó que el gobernador González Brito vaya a prisión por considerar que éste podría afectar el desarrollo de la investigación penal en su contra por los delitos que lo acusa la Fiscalía: cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.

De esta forma el funcionario judicial rechazó la solicitud de la defensa del Gobernador para que le diera casa por cárcel.

"La modalidad del comportamiento delictivo es lo que nos permite fundamentar que su permanecía en libertad y al mando de La Guajira constituyen un riesgo", justificó el togado Muñoz Neira.

Agregó el jurista que "es más que claro que quien ahora es Gobernador va a tener una oportunidad de oro. No de forma intermitente sino a todo momento, de influir de forma categórica el desarrollo de este proceso. Es cierto que existe aquí una garantía de presunción de inocencia a favor del imputado pero al lado de esta otros valores de la sociedad como la trasparencia tienen un mayor peso".

 

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel La Picota al gobernador González mientras que se resuelve su situación jurídica motivó protestas de sus seguidores políticos y algunas indígenas provenientes de La Guajira, que se apostaron a las afueras de esta sede judicial.

Las pruebas

En la audiencia el pasado 9 de febrero en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía acusó al Gobernador de La Guajira de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.

Según el ente acusador el entonces candidato del Partido de La U se valió de una serie de acciones prohibidas por la ley electoral para convencer a la población de que votaran por él, en lo que habría sido ayudado por concejales de varios municipios.

Una de las pruebas que presentó la Fiscalía en contra del Mandatario departamental es la grabación de una conversación que sostuvo con la concejala de Maicao, Silbelly Solano, en la cual según el organismo hablan de la entrega de $10 millones a cambio de votos.

“El candidato González Brito tenía pleno conocimiento del cargo de la concejala de Maicao Silbelly Solano Iguarán y en consecuencia los principios de moralidad y parcialidad. Los dineros entregados por el entonces candidato a la concejala se constituyen como una clásica compra de una elección, un comportamiento que lesiona el bien jurídico de la nación”, señaló  el jefe de la unidad de fiscales delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón.

Añadió ante el Tribunal Superior de Bogotá que “a través de estos concejales, González Brito destinó recursos económicos para la adquisición de mercados, materiales de construcción y otros bienes entregados a través de elementos políticos, por ejemplo, a los ciudadanos del municipio de Maicao y sus corregimientos a cambio de votar a su favor les entregaron los mencionados recursos”.

El Mandatario no aceptó cargos y hace algunos días indicó que "tenemos la tranquilidad  que este fue un triunfo limpio e inobjetable porque el pueblo guajiro se manifestó como una refrendación de lo que  sucedió en el 2014 cuando también participé en las elecciones atípicas".

González Brito dijo también que "aquí hubo todas las garantías y la vigilancia por parte de las autoridades y organismos del Estado que estuvieron concentrados en el departamento porque fue una elección atípica".

Crisis política

En noviembre del año pasado fue necesario hacer elecciones atípicas en La Guajira porque a la mandataria ganadora en los comicios de octubre de 2015, Oneida Pinto, el Consejo de Estado le anuló su elección al encontrar que estaba inhabilitada, pues se inscribió para el cargo cuando no había transcurrido el año que exige la norma tras renunciar como alcaldesa del municipio de Albania.

En tanto que el gobernador elegido en los comicios del año 2011, Francisco Gómez, fue destituido y luego condenado a 55 años de prisión por la Corte Suprema al encontrarlo responsable en un triple crimen.

Todo esto llevó a que las autoridades y los organismos  de control pusieran sus ojos en las elecciones de gobernador de La Guajira, para las cuales se inscribieron seis candidatos, sin embargo, al final solo llegaron hasta el día de las votaciones Wilmer González Brito, avalado por el Partido de La U; Norberto ‘Tico’ Gómez, avalado por el Partido Opción Ciudadana; y Luis Gómez Pimienta por el Partido Unión Patriótica.

 

El gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, fue enviado a la cárcel, investigado por corrupción al sufragante.

 

 

 

 

Mandatarios en líos

 

. Oneida Rayeth Pinto Pérez. El Consejo de Estado le anuló en 2016 su elección por estar inhabilitada para ocupar el cargo.

. Manuel Antonio Carebilla. El gobernador está en prisión desde abril del año pasado por presuntamente pedir dinero a sus subalternos en la unidad de trabajo legislativo cuando ofició como representante a la Cámara por este departamento entre los años 2006 y 2010. Su caso entró a etapa de juicio

. Guido Echeverri Piedrahita. En marzo del año anterior el Consejo de Estado suspendió la elección del gobernador de Caldas, al encontrar que fue reelegido siendo que está prohibida la reelección inmediata de gobernadores.  A pesar que se mantuvo en el cargo durante algunos meses, finalmente fue relevado por un mandatario encargado.

. Benjamín Socadagüí Cermeño. El alcalde del municipio de Arauca sigue en el despacho tras recuperar su libertad en un proceso que se le adelanta por su presunta participación en delitos electorales en la campaña que adelantó como candidato para las elecciones de octubre de 2015.

. Fabio David Velásquez Rivadeneira. El alcalde de Riohacha, La Guajira, fue capturado hace algunos días en el marco de una investigación por posibles irregularidades por más de $1.100 millones en el programa de alimentación escolar en esta capital.