CADENA PERPETUA Y EL NUEVO CÓDIGO ELECTORAL FIGURAN EN EL MENÚ

Todos los fallos de la Corte Constitucional son de gran interés para el país pues vela porque las leyes y los decretos legislativos se ajusten a los designios de la Carta Política, así como decisiones judiciales relacionadas con la tutela de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo hay sentencias que por sus alcances e impacto en la sociedad son las más esperadas.

EL NUEVO SIGLO presenta un compendio de las principales decisiones que tomará la Corte Constitucional en los próximos meses, que de paso también será una oportunidad para que se midan las nuevas mayorías que hay en la corporación, tras la elección que hizo el año pasado el Senado como magistrados de Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses, postulados por el presidente Duque, quienes son de tendencia conservadora en sus posturas.

Código Electoral

El alto Tribunal estudia el proyecto de reforma al Código Electoral que aprobó el Congreso el año pasado, que por tener carácter estatutario tiene control previo antes de la sanción presidencial.

Esta reforma desde hace años era reclamada por lo añejo del actual Código, que data antes de la Constitución del 91.

Tras su aprobación uno de los aspectos que según algunos parlamentarios podría caerse en la Corte es que deja solo en la Registraduría la autenticación de los datos de los ciudadanos, lo que contrariaría la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos de las personas, en donde se permite que esta actividad también la desarrollen los privados.

Aborto

También tiene entre manos la Corte un asunto polémico como son cuatro demandas que piden la legalización del aborto, frente a lo cual el alto Tribunal debe resolver si cabe dar este paso o se atiene a lo que estableció en 2006 en una sentencia, en la que mantuvo la penalización de esta práctica, aunque introdujo tres causales en que se permitiría en casos extremos.

Se ha conocido que la ponencia es favorable a la despenalización, sin embargo las posiciones están divididas, tendiendo en este momento a que se mantenga la prohibición del aborto.

Baldíos

La Corte también debe pronunciarse acerca de una demanda a la normatividad sobre baldíos, es decir tierras del Estado que por ley deben servir para que campesinos pobres accedan a este bien.

El debate es de hondo calado porque incluso la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte que declare un estado de cosas inconstitucional en temas de tierras, pues considera que hay profundos problemas de protección, administración y acceso a baldíos.

Agrega que hay una afectación al patrimonio público, y con ello a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional (los campesinos) que se deben beneficiar con la reforma agraria y la reforma rural integral.

Curules de paz

De igual forma la Corporación se pronunciará sobre una tutela que seleccionó de las 16 curules en la Cámara que estableció el Acuerdo de Paz para las víctimas a partir del actual Congreso, pero que no ha sido posible porque en el anterior Legislativo fue hundido el proyecto que presentó el gobierno Santos, y en el actual la iniciativa no ha tenido cabida.

Esta tutela fue presentada por el senador Roy Barreras buscando revivir ese proyecto que se hundió en la plenaria del Senado en 2017 porque a su juicio fue aprobado con los 50 votos a favor que logró la conciliación de la iniciativa, y no como la mesa directiva de la Corporación dio por hundida con base en lo que señaló el secretario, que dijo que no se alcanzó la mayoría sobre sobre 102 senadores.

Sin embargo Barreras sostiene que la mayoría absoluta no se podía establecer sobre 102 senadores pues había tres suspendidos.

Cadena perpetua

La Corte debe también pronunciarse acerca de 13 demandas contra la reforma constitucional aprobada el año pasado por el Congreso, que introduce la cadena perpetua a los abusadores y violadores de niños.

Los accionantes contra la norma alegan desde supuestos vicios de trámite en los 8 debates que tuvo la iniciativa en el Congreso, hasta que esta disposición es contraria a la Constitución pues sustituye el principio de dignidad humana, anula la finalidad resocializadora de la pena y deriva en un trato cruel e inhumano para el condenado, y por ello piden declararla inexequible.

Región Metropolitana de Bogotá

El alto Tribunal debe manifestarse sobre una demanda a la reforma constitucional que permite la creación de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca como entidad administrativa de asociatividad regional, porque supuestamente se violó el principio de consecutividad en su trámite.

La demanda fue presentada por el senador Feliciano Valencia Medina y los representantes a la Cámara David Racero, María José Pizarro Rodríguez y las concejalas Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal y Susana Muhamad.

Estos argumentan que se incorporaron disposiciones en la segunda vuelta de este Acto Legislativo que no fueron discutidas en su trámite durante los primeros cuatro debates, constituyendo vicios de procedimiento al ir en contravía de lo establecido en la Constitución y la Ley.

Además dicen que se vulneró el derecho a la consulta previa de las comunidades y pueblos indígenas que habitan no solo en la ciudad de Bogotá, sino también en la sabana y en el departamento de Cundinamarca. De igual forma alegan que se creó una región de superior jerarquía a la de los entes territoriales que la componen, sin haber practicado ningún mecanismo de participación ciudadana.

Teletrabajo

El trabajo a través del medio virtual se disparó en Colombia debido a la pandemia, que obligó a que cientos de miles de colombianos laboren desde sus casas para evitarse el riesgo de salir a contagiarse.

En ese escenario fue demandada ante la Corte la Ley 1221 del 2008, que establece normas para promover y regular el teletrabajo, pues según los accionantes vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y el derecho al trabajo pues no garantizaría condiciones dignas y justas para los teletrabajadores.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que “con la ley de teletrabajo y antes de la pandemia, 120.000 personas estaban ahí, pero hoy llegamos tener tres o cuatro millones de personas usando la figura del teletrabajo o trabajo en casa”.

Borrón y cuenta nueva

Miles de colombianos que finalmente pagaron sus deudas con el sistema financiero y que esperan que sus nombres sean sacados de las listas negras de las centrales de riesgo, como lo establece la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva, siguen a la espera de que esto se haga efectivo.

Sin embargo por tratarse de una ley estatutaria antes de que sea sancionada por el Presidente de la República, debe pasar por la revisión de la Corte. No obstante este estudio ha tomado más tiempo del estimado.

«Faltan algunos documentos que fueron solicitados a la Cámara de Representantes, que aspiramos que se puedan allegar rápidamente, porque 8 millones de colombianos esperan la ley”, indicó el parlamentario César Lorduy, ponente de esta iniciativa.