Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que ha decidido, de manera temporal y directa, asumir la función que le asigna la Constitución Política y la Ley de fijar las políticas generales de administración, control y eficiencia de los servicios públicos en el país, varias reacciones se desencadenaron al respecto.
Con exactitud lo que dijo el mandatario fue: “este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario”.
El mandatario expresó que su decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, el cual establece que “corresponde al Presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
Ante esto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, aseguró que “la regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores, es tan solo una forma de intervención estatal para corregir los errores de un mercado imperfecto”.
El objetivo de esta medida, añadió en Twitter, es “preservar la sana y transparente competencia, a fin de lograr una mejor prestación”.
También se conoció la posición del presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, quien en entrevista con Blu Radio, aseguró que el Gobierno no puede pretender tomar decisiones políticas sobre asuntos técnicos, explicando que grandes reducciones tarifarias, sin un sustento económico, podrían terminar con la desfinanciación de las empresas encargadas relacionadas con estos rubros de la economía.
“El presidente llega a tomar la decisión mañana, y dice que las tarifas bajan 20 % en la Costa. Todos aplauden, pero en el mediano plazo tendríamos un Electricaribe 2.0, donde seguramente habrá apagones porque no hay la inversión y no se está haciendo lo que se tiene que hacer”, detalla.
Le puede interesar: Petro asumirá la regulación de servicios públicos
Para Sánchez es importante que se evalúen e implementen otras medidas, como reducir las tarifas a partir de subsidios gubernamentales que beneficien a los hogares más pobres y vulnerables, amén de brindar seguridad jurídica y financiera a las empresas de servicios públicos.
De igual manera, el economista Jorge Restrepo considera que “la regulación no se hace por concertación. El Gobierno, dirigido por la ministra de Minas, cometió un nuevo error de método y contenido al dirigir la regulación de precios de la electricidad el año pasado”.
Restrepo señaló los siguientes puntos:
1. Los precios de la energía y el gas ya están regulados, según lo establecido por la Ley 142.
2. Las facultades de regulación a la CREG son delegadas por el presidente de la República, quien puede, de acuerdo con la Ley, resolver la regulación.
3. La regulación puede cambiarse de forma extraordinaria en caso de situación extraordinaria, error en la fijación de la tarifa o grave lesión a los intereses de los usuarios.
4. Mejor cambiar la regulación a través de la CREG, no reasumir la regulación directa por el presidente.
Ante estas declaraciones, el presidente respondió: “Es cierto, propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”.
Posiciones políticas
Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, aseguró que “es absurda la propuesta de Gustavo Petro, que nuevamente muestra su talante autoritario y su desconocimiento. Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en este sector. En vez de moderar las tarifas esta propuesta del presidente va a incrementar su costo y posiblemente llevarnos a un desabastecimiento”.
“Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estableció que la intervención de Petro en el marco regulatorio puede terminar debilitando el perfil crediticio de todas las empresas de servicios públicos en Colombia”, agregó Uribe.
Para la senadora Paloma Valencia, el anuncio de Petro es “un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sea un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas”.